En los días por venir ocurrirán, en nuestro país, tres procesos fundamentales de renovación de autoridades: el próximo 1o. de diciembre Vicente Fox Quesada tomará posesión como titular del Ejecutivo Federal; cinco días más tarde, Andrés Manuel López Obrador se hará cargo del Gobierno del Distrito Federal; por último, el día 8 de ese mes Pablo Salazar Mendiguchía iniciará su mandato como gobernador constitucional de Chiapas. 

Se trata de situaciones políticas muy distintas, pero las tres tienen como denominador común el ser productos de la transformación democrática de México y el situarse, por diversas razones, en el centro de la atención pública. Sin duda, el relevo de mayor trascendencia será el de la Presidencia de la República. En ese sentido, la nación está a unos días de presenciar el inicio del primer gobierno federal no priísta en ocho décadas, y esa circunstancia inédita tiene una vasta carga de expectativas, temores, ambiciones, satisfacción, amargura, esperanza y hasta nostalgia por el final del régimen que persistió la mayor parte del siglo XX. Adicionalmente, el inicio de la administración foxista suscita un gran interés en la comunidad internacional y en el ámbito latinoamericano. 

El también inminente inicio de la gestión de López Obrador como nuevo jefe de Gobierno capitalino representa, por su parte, una renovación fundamental en la administración democrática del Distrito Federal, inaugurada por Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, y continuada por Rosario Robles. Será la primera ocasión en que representantes populares provenientes del PRD entreguen el poder a correligionarios en una gubernatura, y será el primer mandato democrático sexenal que tenga la ciudad de México. 

Para cerrar esa semana política fundamental, el 8 de diciembre Salazar Mendiguchía se hará cargo del Ejecutivo chiapaneco. Con ello, y con la llegada de Fox a la Presidencia, se abrirán nuevas perspectivas para resolver el más peligroso y exasperante de los conflictos sociales que vive el país. La entidad contará, por primera vez en su historia moderna, con autoridades no priístas. 

Una constante de gran interés en los relevos mencionados es que darán paso a mapas políticos caracterizados por la pluralidad y el equilibrio entre fuerzas diversas: Fox y López Obrador habrán de convivir con poderes legislativos mayoritariamente opositores, en tanto que el próximo gobernador de Chiapas tendrá que reflejar, en la composición de su equipo de gobierno, el abanico de partidos que respaldó su postulación. 

En los tres casos, las circunstancias dan pie a cierto nerviosismo, natural por la novedad y las incertidumbres propias de toda transición. Cabe hacer votos porque en los relevos en el Ejecutivo Federal, el Gobierno capitalino y la gubernatura chiapaneca imperen el civismo y el espíritu republicano y que la próxima semana sea recordada en el futuro como principio de la consolidación democrática del país y no como el inicio de una era de desórdenes institucionales. 

El asesinato de Juan Pablo de Tavira, perpetrado anoche en Pachuca, introduce signos ominosos en el escenario nacional y obliga a preguntarse qué movió a los intereses criminales que se expresaron con ese acto abominable: el riesgo o la venganza. 

Es lógico suponer, en efecto, que en su larga trayectoria como funcionario policial y penalista, De Tavira haya tocado núcleos delictivos que se hicieron el designio de asesinarlo. Cabe recordar, a este respecto, que hace algunos años, el que fuera fundador del penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez fue víctima de un presunto atentado en su propio domicilio, cuando un vigilante intentó, al parecer, intoxicarlo con gas doméstico. La investigación respectiva se empantanó, como sucede con otras tantas en las instancias de procuración de justicia, y el supuesto ataque jamás fue esclarecido. 

Por otra parte, es inevitable vincular el homicidio de anoche con la visita que De Tavira realizó, en agosto pasado, al presidente electo, Vicente Fox, a quien presentó un plan de seguridad pública y de combate a la delincuencia. 

La investigación del homicidio perpetrado anoche habrá de enfrentar, además de los intereses delictivos que son de suponerse, la difícil circunstancia del cambio de autoridades. Con todo, resulta obligado discernir si De Tavira fue asesinado por su pasado o para evitar que, en el futuro inmediato, volviera a la actividad policial o penitenciaria, así como esclarecer la identidad del o los responsables y hacer justicia. La impunidad no debe seguir campeando por sus fueros en el país.