Como si los ilegales y vergonzosos fraudes y rescates que tuvieron lugar en los últimos años no fueran suficientes --basta recordar los casos del Fobaproa, del "salvamento" de las carreteras concesionadas y del reciente desfalco en cajas de ahorro--, la presente administración termina sus días con una nueva y grave sospecha de quebranto en una institución de crédito del país, en este caso en el organismo público Nacional Financiera (Nafin). 

Según datos publicados por este diario, las irregularidades y los posibles malos manejos en esa institución --acontecidos durante la gestión de Oscar Espinosa Villarreal, hoy prófugo de la justicia-- ascienden a la escandalosa suma de 40 mil millones de pesos. Por si fuera poco, a esta intolerable situación hay que añadir las sospechosas y posiblemente irregulares compras y recompras de la cartera de Nafin que han tenido lugar recientemente, mismas que podrían beneficiar a funcionarios públicos y a representantes de las compañías intermediarias de estas operaciones. 

Resulta inadmisible que, una vez más, sean los contribuyentes quienes deban cargar con el peso de los actos irregulares o delictivos perpetrados en instituciones financieras que funcionaron al amparo de una supervisión negligente y que gozaron de la complacencia, o incluso la complicidad, de las autoridades. Además, esta situación es mucho más grave por el hecho de que las irregularidades se hayan registrado en una institución pública. 

¿Por qué las autoridades hacendarias y de regulación de la banca no actuaron oportunamente para frenar estos desfalcos y para llevar ante la justicia a sus responsables? ¿Por qué se ha permitido que continúen unas oscuras prácticas de compra y recompra de cartera que se asemejan más a simple especulación oportunista que al saneamiento de una institución financiera y que podrían constituir presuntos actos de corrupción? ¿Conocían las funcionarios de Hacienda todavía en funciones y los integrantes del equipo de transición de Vicente Fox Quesada de estas operaciones y, de ser así, por qué no les pusieron freno? 

En este sentido, cabe señalar que si realmente se pretende iniciar en la administración pública una nueva etapa de transparencia, honestidad y compromiso con la ciudadanía, situaciones como las aconte- cidas en Nafin no pueden ser toleradas y deben ser corregidas de manera pronta y completa, tanto en lo relacionado a las irregularidades financieras registradas en ese organismo, como en la aplicación irrestricta de la ley a quienes resulten responsables de corruptelas o malos manejos. 

Ante este panorama, resulta indispensable que se esclarezcan a cabalidad todas las operaciones crediticias y de compra de cartera realizadas en Nafin, que se identifique y se lleve ante la justicia a quienes hayan cometido actos delictivos y a sus beneficiarios, y que se frene un nuevo acto de despojo --revestido como una nueva operación de rescate financiero-- del patrimonio nacional.