Las acciones emprendidas ayer por el gobierno capitalino contra el robo de recursos fiscales en la Tesorería del Distrito Federal --en el que podrían estar involucrados entre 50 y cien empleados de confianza en distintas oficinas tributarias-- constituyen una expresión clara de la resolución de la nueva administración urbana ante las mafias que permanecen enquistadas en diversas oficinas públicas, y cuya erradicación iniciaron las autoridades anteriores, las cuales promovieron, en los últimos dos años, más de 750 denuncias penales por desvíos de fondos en esa dependencia. 

De acuerdo con la información ofrecida ayer por el propio Andrés Manuel López Obrador, su equipo de colaboradores detectó, desde antes de su toma de posesión, la falsificación de comprobantes de pago de tenencia automotriz, impuesto predial y servicio de agua. Los cobros así realizados, en vez de destinarse a las arcas públicas, fueron a parar a cuentas bancarias particulares. 

Esta práctica de robo burdo de los impuestos ciudadanos es un botón de muestra de la corrupción que impera en todos los niveles de la administración pública --el municipal y el federal incluidos--, corrupción que, a su vez, permite entender el descrédito de las instituciones ante la población y la generalizada noción de que una parte incuantificable de las obligaciones fiscales, en vez de ser utilizada en el funcionamiento del aparato gubernamental, engorda los bolsillos de funcionarios de todos los niveles. 

Para ilustrar esta circunstancia agraviante y vergonzosa, cabe recordar que, también ayer, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, informó que sólo en una de las direcciones de área de la dependencia a su cargo, las nuevas autoridades detectaron a 300 "aviadores"; es decir, individuos que cobran un salario sin realizar función alguna. Esa clase de contratación fraudulenta, por medio de la cual generaciones de funcionarios han pagado favores o han destinado dinero público a amigos o parientes, es otra clara expresión de la corrupción imperante tras siete décadas de gobiernos priístas. 

Por lo que se refiere a las prácticas delictivas descubiertas en la Tesorería del Distrito Federal, es clara la necesidad de su esclarecimiento pleno y de una investigación que llegue a fondo y hasta los más altos responsables de ese robo a las finanzas de la urbe. Más aún, la sociedad capitalina debe mantenerse, como lo pidió el jefe de Gobierno en su mensaje de toma de posesión, atenta y vigilante de los destinos de su propio dinero. Ello implica rechazar documentación comprobatoria que resulte sospechosa, denunciarla, y exigir rigurosamente comprobantes regulares de sus pagos. 

Todo hace pensar que no será, este, el último descubrimiento de desvíos y hurtos de fondos públicos, porque las mafias están enquistadas en muchas otras áreas de la administración urbana y del aparato gubernamental en general. Ciertamente, las investigaciones por venir --y cabe esperar que se emprendan en la Federación con la misma prestancia que en la capital-- no podrían considerarse una "cacería de brujas", sino la obligada procuración de justicia contra malos servidores públicos.