Se congratulan por la tipificación del delito
de desaparición forzada
Señora directora: La aprobación en
la Cámara de Diputados de una adición al Código Penal
Federal para tipificar el delito de desaparición forzada de personas
es sin duda un avance. Implica el reconocimiento de que el régimen
aplica esa inhumana práctica, catalogada internacionalmente como
"crimen de lesa humanidad".
Este acto ilícito no puede ser cometido por individuos
aislados, pues requiere ineludiblemente la protección de organismos
oficiales, sean públicos o militares. Unicamente al amparo de éstos
puede sustraerse a las personas de su ambiente cotidiano, recluirlos en
cárceles clandestinas por tiempo indefinido, negar información
a los familiares y demás interesados que indagan, y someterlas a
tratamientos crueles, inhumanos y/o degradantes.
No estamos ante cualquier violación a la ley, sino
ante una de las más graves que pueden cometerse, siempre con la
protección del poder establecido.
Precisamente por el alto grado de perversión que
conlleva, se le equipara al genocidio.
Eso nos obliga a mantener viva la demanda de castigo a
los culpables de este crimen atroz, cometido en contra de más de
800 mexicanos desde finales de los años 60. Entre ellos, los ordenadores
como Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo,
Pedro Ojeda Paullada, Carlos Ulises Acosta Víquez y los ejecutores
como Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo.
Debido a lo anterior, aunque el paso que se dio en la
Cámara de Diputados es positivo, también resulta insuficiente
porque no prevé cómo se investigará y sancionará
a los responsables de la desaparición forzada de los centenares
de víctimas de la guerra sucia del Estado en contra de la
población.
A nuestro entender, se requiere una ley federal que incorpore
las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Desaparición
Forzada, así como el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU. Ambos organismos incluyen las demandas y las reivindicaciones
de Fedefam acerca de esta materia.
Fraternalmente
Ernesto Ontiveros Godínez, presidente (Chihuahua);
Tita Radilla Martínez, vicepresidente (Guerrero); T.S. Julio Mata
Montiel, secretario ejecutivo (centro); Lic. Enrique González Ruiz,
asesor (nacional)
Aduaneros les decomisaron sin recibo computadoras
donadas
Estimada directora: La siguiente carta fue enviada
al consulado de México en Brownsville, Texas, para protestar por
la "decomisión" de 10 computadoras por agentes de la aduana. Estas
computadoras, bien usadas, estaban donadas a una comunidad indígena
de la Sierra Norte llamada San Pablito. Ahí nos urgen, porque los
jóvenes del bachillerato están compartiendo una computadora
entre 30 estudiantes, y los más jóvenes y los maestros también
necesitan usar las computadoras.
Sin embargo, los aduaneros insistieron en que los hombres
que vinieron a recoger el donativo las iban a vender. Así se las
quedaron todas, no dieron ningún comprobante y amenazaron con encarcelar
a estos señores por "traficar" con las computadoras.
Estamos buscando apoyo para que se nos rescaten estas
computadoras y que se entreguen a los jóvenes de San Pablito. El
cónsul dice que lo está investigando, pero no hemos tenido
muchas buenas noticias hasta ahora. No somos los únicos que tienen
este tipo de problemas, pero la mayoría de la gente simplemente
deja de enviar nada. Qué triste, ¿no?
¿No pueden ustedes hacer un reportaje sobre lo
que pasa en la frontera y lo difícil que es simplemente hacer llegar
un pequeño apoyo a la gente que lo necesita? Si de verdad se va
a mejorar la economía de México, este tipo de corrupción
tiene que ser eliminado lo mas pronto posible. Si así tratan nuestras
pocas cosas, que valen poco dinero, ¿cómo puede un comerciante
hacer negocios?
Cualquier atención que pueda usted prestar a nuestro
caso sería muy agradecido. El contacto que tenemos en Brownsville
es José Viruel, teléfono (956) 543-3051. La persona que organizó
el viaje a recoger los donativos es el Dr. Martiniano Santos, teléfono
7763-4014.
Atentamente
Kerin Gould
Aclaración del INAH a nota publicada
Señora directora: En relación con
la nota publicada el pasado 13 de diciembre en la sección Estado
de México, del diario que tan atinadamente dirige, titulada "Ninguna
decisión aún del INAH sobre vestigios prehispánicos",
del corresponsal René Alvarado, me permito hacer algunas precisiones:
En primer término, los vestigios prehispánicos
no fueron descubiertos durante las obras de construcción
de una unidad habitacional. El INAH tiene conocimientos de ese asentamiento
prehispánico del periodo formativo desde hace varias décadas,
mismo que se encuentra registrado en el banco de datos del instituto. Además,
el Centro INAH Estado de México trabaja en el sitio desde 1997,
llevando a cabo labores de salvamento arqueológico, precisamente
antes de que se realice cualquier tipo de construcción.
En segundo lugar, el sitio ya estaba resguardado por
el INAH cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México detonó la noticia del "hallazgo" y acordonó
la zona, impidiendo cualquier acceso, incluso de los arqueólogos
que realizan los trabajos de investigación.
Por nuestra parte, hemos solicitado al secretario general
de Gobierno del Estado de México su intervención a fin de
que la Procuraduría General de Justicia retire el cerco y podamos
continuar con nuestro trabajo.
Atentamente
M. en F. Graciela Santana Benhumea, directora del Centro
INAH Estado de México |
