El retiro de unos 300 militares del ejido Amador Hernández, ubicado en territorio zapatista, es una nueva señal de aliento para una eventual reanudación del diálogo entre el gobierno y el EZLN, interrumpido desde septiembre de 1996. Por orden directa del presidente Fox, las tropas de la 39 Zona Militar, con sede en Ocosingo, abandonaron un cuartel que mantenían desde agosto de 1999, ante la presencia del comisionado para la paz, Luis H. Alvarez, y funcionarios del gobierno del estado. 

La decisión --ejecutada el día del tercer aniversario de la matanza de Acteal--, a pesar de ser un acto aislado, abre un espacio de reflexión de cara al posible reinicio de las conversaciones por la paz. Si bien el repliegue de estos 300 elementos del Ejército de la zona de conflicto es un claro indicador de que el gobierno de Fox pretende sentarse a negociar con los zapatistas lo antes posible, es necesario esclarecer desde ahora cuáles serán los cauces por los que deberá transcurrir el proceso de pacificación. Es decir, es el momento de sentar las bases de un diálogo fructífero, con reglas y procedimientos claros. Sería frustrante, en el caso de que se logre reanudar el diálogo, que se repitieran sucesos como el incumplimiento de acuerdos firmados por los interlocutores, como ya sucedió en 1996 con el rechazo del gobierno de Zedillo a los acuerdos de San Andrés. 

El gobierno de Fox está mostrando un activismo --ausente en la administración pasada-- basado en la necesidad del diálogo. Pero esta premisa implica, como requisito insustituible, el respeto al otro. Un diálogo justo sólo se dará si se llega a la mesa en condiciones de igualdad, libre en opinión y pensamiento, y con un marco estatutario que lo sostenga. 

La estrategia del gobierno se muestra clara: acceder a las demandas del EZLN para sentarse a negociar. Pero ¿cuál es el fin que se pretende alcanzar con la reanudación del diálogo? ¿La entrega de las armas por parte de los zapatistas, o la solución integral a la problemática indígena, no sólo regional, sino de todo el país? 

De tal suerte, es necesario abrir el debate a nivel nacional; analizar las circunstancias sociales que dieron origen al conflicto; convocar a la participación de la sociedad civil; dar voz y trato igualitario a los principales afectados, los indígenas. 

Desde 1994, año en que apareció el EZLN, las expresiones por la paz han sido un clamor desatendido por el gobierno. Ojalá que la voluntad demostrada por la actual administración represente en verdad un cambio de actitud y de trato hacia los pueblos indios. Ojalá no se caiga en la farsa que hace de la compasión un deber político. 

El 23 de enero de 1989, un grupo de militantes de izquierda argentinos --muchos socialcristianos, entre ellos un sacerdote; varios, exiliados antes en México-- intentaron tomar un cuartel del ejército pues creían en la inminencia de un golpe armado de ultraderecha (o les habían hecho creer tal cosa, para dar más peso a la represión y reducir la credibilidad del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín). En el intento, que resultó suicida porque el cuartel estaba bien defendido, murieron 39 asaltantes, policías, soldados y tres de los guerrilleros fueron declarados desaparecidos (hay testimonios de asesinatos de heridos o de prisioneros). 

Desde entonces los autores del asalto a La Tablada han pasado 11 años en la cárcel, y a pesar de que la reforma constitucional realizada en Argentina en 1994 garantiza un juicio en segunda instancia, no han podido gozar del derecho a la apelación del juicio militar a que fueron sometidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó por su parte en 1997 que pudiesen disfrutar de un juicio en segunda instancia. Para exigir que se cumpla tal pedido, 12 de los presos realizan una huelga de hambre desde hace 110 días --sólo toman agua con azúcar--; actualmente están en situación crítica y corren el riesgo de perecer por inanición de un momento a otro. 

Ante esta situación, el gobierno del presidente Fernando de la Rúa envió el caso a la Corte Suprema. Cuatro jueces de la misma fueron favorables a la realización de un nuevo proceso y otros cuatro dijeron en cambio que la resolución de la CIDH era aplicable en el futuro, pero no tenía efecto retroactivo. Un último juez cargó con la responsabilidad de volver del extranjero para desempatar la votación, inclinándola hacia lo que parece ser una cruel e hipócrita condena a muerte de los debilitados huelguistas de hambre. 

De la Rúa ha descartado reiteradamente el indulto, y en su reunión de ayer con el ex vicepresidente Chacho Alvarez ni siquiera habló del asunto, pero está preocupado por el caso, sobre todo por la presión internacional en pro de una solución humanitaria y por los cortes de calles y las manifestaciones que, en defensa de la vida de los presos de La Tablada, se realizan en Buenos Aires. Le quedaría actualmente sólo la posibilidad de decretar un segundo juicio "por necesidad y urgencia", pero los mismos jueces supremos que han votado una virtual sentencia de muerte para los huelguistas de hambre deberían establecer la constitucionalidad de dicho decreto presidencial. 

A diferencia de Estados Unidos, Argentina no reconoce la pena de muerte, que considera bárbara. Pero la Corte Suprema parece querer aplicarla disfrazándola con sutilezas jurídicas cuando lo que está en juego es la vida de una docena de personas que han purgado ya 11 años de cárcel. También son inaceptables, desde el punto de vista humanitario, la pasividad y la lentitud de la Presidencia, que parece querer cobrarles a los ahora moribundos una aventura que a ellos les costó cara pero que desestabilizó también fuertemente al ex presidente radical Raúl Alfonsín, que autorizó la represión y quedó prisionero del ejército. Cuando quienes antes torturaban, asesinaban y hacían desaparecer a hombres, mujeres y niños no sólo están libres, sino que incluso son propuestos por el Ejecutivo para ascensos de grado en el ejército o la marina, es inmoral dejar morir a civiles que creían combatir una posible nueva dictadura y luchar por la libertad. Unimos pues nuestra voz a la de quienes, en todo el mundo, esperan una solución humanitaria al caso de La Tablada.