La creciente ola de actos violentos en los que un sujeto armado arremete a balazos contra grupos de empleados de una compañía se ha convertido en una suerte de fantasma fuera de control que amenaza todos los días --sin distinción ni aviso alguno-- a la sociedad estadunidense. Armado con un rifle de asalto AK-47, una escopeta y una pistola semiautomática, Michael McDermott, de 42 años, irrumpió ayer en el edificio de oficinas donde trabajaba, en Wakefield, Massachussets, y asesinó a siete de sus compañeros. 

Llama la atención que este tipo de fatalidades sucedan, con mayor frecuencia, en un país donde los ciudadanos tienen el derecho a comprar y portar armas de fuego. En un país donde la influencia de los grupos más conservadores avala y promueve la aplicación discrecional de la violencia --siempre el sistema legal puede girar en su favor--, ya sea en el caso de un indocumentado que penetra a un rancho en Arizona, o en una simple reacción de defensa propia, sobre todo si en el acto están involucrados una persona de color o un latino. 

Precisamente bajo la presión de estos grupos ultraconservadores, relacionados con la derecha más radical del Partido Republicano, fue que el presidente electo George W. Bush concedió el nombramiento de John Ashcroft como fiscal general de Estados Unidos. Ashcroft, cristiano devoto que sataniza el alcohol, el cigarro y el baile, es conocido por su activismo antilaboralista, por su defensa al derecho a portar armas y mantener la pena de muerte, y su posición amarrada en contra del aborto. 

Como era de esperarse, la decisión de Bush causó el repudio de diversas organizaciones de defensa de los derechos civiles de las minorías, mismas que advierten una intensa campaña para evitar la aprobación del nombramiento. En contraste, el anuncio fue bien recibido por la derecha republicana, que había venido exigiendo mayores posiciones, bajo amenazas de división y ruptura en el partido. 

Las concesiones políticas de Bush, específicamente en el caso de Ashcroft, pueden resultarle contraproducentes en términos de influencia ideológica en la impartición de la justicia. Facilitar --aún más-- los medios para que los ciudadanos se armen y dar soporte legal a hechos violentos en contra de las minorías es un escenario previsible con un ultraconservador a cargo de la fiscalía. 

Ante una sociedad como la estadunidense, que se ha distinguido en los años recientes --según lo reveló un estudio de la Universidad de Harvard-- por su apatía cívica y su desinterés ante las decisiones políticas, la derecha radical del Partido Republicano encuentra en la administración que encabezará Bush un campo fértil para imponer sus convicciones. Tentaciones que pueden transgredir la impartición de justicia con decisiones discrecionales. Para Ashcroft bailar es un ofensa a Dios, pero dictar una sentencia capital es... tener mano dura con los descarriados.