El mismo día que el presidente electo de Estados Unidos, George W. Bush, designó al ex senador republicano John Ashcroft como procurador general, diversas organizaciones de defensa de los derechos civiles de las minorías advirtieron una ''intensa campaña'' para evitar, en el Senado, la aprobación del nombramiento del ''ultraconservador Ashcroft''. En este contexto, el activista demócrata y ex precandidato presidencial, Jesse Jackson, hizo un llamado a los senadores del Partido Demócrata para votar en contra de la postulación, y advirtió que los grupos de derechos civiles se sumarán a organizaciones sindicales para promover el rechazo e impugnación del nombramiento. 

La designación de Ashcroft, cristiano devoto conocido por su anclada posición en contra del aborto, su defensa al derecho a portar armas y mantener la pena de muerte, fue una concesión de Bush a las exigencias de mayores posiciones en el gabinete --bajo amenazas de división y ruptura-- de la derecha más radical del Partido Republicano. 

La decisión de Bush de acceder a las demandas del ala más conservadora de su partido, ha generado el repudio y resistencia de importantes sectores de la sociedad estadunidense, que anunciaron una serie de movilizaciones durante las audiencias en el Senado y con motivo de las celebraciones del Día de Martin Luther King. 

Con Ashcroft como fiscal general, Bush encontrará muchos obstáculos para dar cumplimiento a sus promesas de campaña en favor de las minorías. En opinión de diversos líderes sociales estadunidenses, es un total desatino del presidente electo designar a un candidato a procurador con un récord tan negro en materia de derechos y libertades civiles. Señalan que él fue el responsable de detener el intento de nombrar como juez federal al primer magistrado negro de la Suprema Corte de Missouri, Ronnie White, y aceptó un diploma honorario de la Universidad Bob Jones, institución de la derecha cristiana que hasta hace poco prohibía el matrimonio entre diferentes razas. Evidentemente, Bush no midió las consecuencias de ceder a la presión de la derecha radical y ahora empieza a pagar las consecuencias. 

Otro nombramiento que generó el inmediato rechazo de organizaciones de derechos civiles es el de la activista hispana Linda Chávez, como secretaria del Trabajo, quien, a pesar de cargar en el nombre y apellido su origen, no ha destacado precisamente por ser una tenaz defensora de los derechos de los trabajadores y en contra de la discriminación a las minorías. Basta recordar su tímida labor al frente de la comisión de derechos civiles en el gobierno de Ronald Reagan. No obstante, fue designada por Bush por su apego al cumplimiento de las normas gubernamentales en su trabajo como presidenta del Centro para la Igualdad de Oportunidades, de Washington. 

Luego de dar a conocer a 14 de sus más cercanos colaboradores, de los cuales 13 son republicanos y uno demócrata, Bush tendrá que esperar a que los nuevos miembros del 107 Congreso de Estados Unidos --donde el Senado se divide 50 a 50 entre republicanos y demócratas-- confirmen o desaprueben los nombramientos para la composición del gobierno que entrará en funciones a partir del 20 de enero próximo.  

La controversia en la designación de Ashcroft y Chávez, será uno de los primeros retos de un Senado dividido a la mitad. ¿Concederán los demócratas la fiscalía general a la ultraderecha republicana, o harán caso al llamado de resistencia social de sus electores? 

No sería una sorpresa que, en caso de ser desaprobado por el Senado, Ashcroft proponga a Bush mandar a ejecutar a los líderes de la resistencia.