Señora directora: Agradecemos la publicación de esta carta dirigida al: 

Doctor Jorge G. Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores. 

Las organizaciones civiles de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura en Argentina que hemos dado seguimiento al caso Ricardo Miguel Cavallo, ante la inminente resolución por parte del juez sexto de distrito en materia penal, en la que dará a conocer su opinión jurídica sobre la solicitud de extradición de la Audiencia Nacional de España, nos permitimos recordarle que independientemente del sentido de la resolución mencionada compete al Ejecutivo federal asegurar que el Estado mexicano cumpla las diversas obligaciones que ha contraido a nivel internacional, a partir de la firma y ratificación de las convenciones sobre la materia. 

De acuerdo con los muy graves delitos que se le imputan al señor Cavallo, la obligación de extraditarlo se deriva de la necesaria observancia de instrumentos internacionales de los que México y España son parte. Entre ellos, cabe mencionar la Convención contra la Tortura, ratificada por México el 23 de enero de 1986; la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por nuestro país el 22 de julio de 1952: y la Convención para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad que, no obstante no haber sido todavía ratificada por México, al haberse firmado el 3 de julio de 1969, obliga al Estado firmante a abstenerse de frustrar el objeto y fin de un tratado. 

En el desarrollo de las relaciones jurídicas internacionales, conscientes de la importancia de combatir la impunidad en casos de crímenes contra la humanidad, los gobiernos de varias naciones han optado por perseguir sobre la base de la legislación internacional a personas acusadas de cometer esos gravísimos delitos. En el caso Pinochet, el juez británico que decidió sobre la extradición a España consideró como actos de tortura continuados la desaparición forzada de personas. En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso Blake la desaparición forzada de personas como un delito continuado. Entre los crímenes que se le imputan a Cavallo se encuentra el de desaparición forzada, el cual se efectuó en forma sistemática, por lo que debe ser considerado como delito de lesa humanidad. En este orden de ideas, si México es consecuente con sus obligaciones internacionales, no debe permitir que los crímenes que se le imputan al señor Cavallo sean considerados como actos aislados cometidos en un tiempo y lugar determinados, sino como crímenes sistemáticos que, en muchos casos, se han perpetuado hasta la actualidad. 

Por razones de la más estricta justicia, por la enorme importancia de crear un primer precedente histórico que permita abrir cauce al ejercicio de la jurisdicción universal para el respeto a los derechos humanos, así como para marcar un hito en la lucha contra la impunidad y la corrupción desde dentro del sistema mexicano de justicia, tenemos confianza en que el nuevo gobierno cumplirá con los compromisos asumidos de respetar y fomentar los derechos humanos y la democracia no sólo en México sino en cualquier lugar del mundo. El señor Cavallo debe ser extraditado a España o procesado en México, pero de ninguna manera puede ser liberado sin juicio. 

Academia Mexicana de Derechos Humanos AC, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura AC, Amnistía Internacional-Sección México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, Fundación Rigoberta Menchú AC, Salud y Justicia AC, Miguel Concha Malo, Hijos pro la Identidad, contra el Olvido y el Silencio, H.I.J.O.S.-México, Genocidio Nunca Más 

Señora directora: El desacato que mantiene el Congreso de Yucatán, con el aval del gobierno del estado, y que involucra de manera espuria a consejeros electorales, pone en riesgo el derecho de los y las habitantes de Yucatán a participar en elecciones libres, transparentes, auténticas y democráticas. 

No hay que olvidar que el recurso que diputados del PRD y del PAN interpusieron ante el TEPJF denunciaba, precisamente, violaciones a la ley cometidas por la mayoría priísta del Congreso para imponer un Consejo Electoral integrado por personas presuntamente vinculadas al partido oficial, Consejo que quedó ya invalidado por la resolución del TEPJF. 

Al actual Consejo Electoral, surgido de la ejecución de la sentencia del TEPJF, deben garantizársele las condiciones políticas y los recursos económicos que le permitan organizar las próximas elecciones. En esto tienen principal responsabilidad las autoridades de Yucatán. Cualquier acción u omisión de éstas para obstaculizar su labor deberá ser sancionada. 

El argumento de que la mayoría priísta del Congreso estatal y el gobernador Víctor Cervera han expuesto para no acatar la resolución es que vulnera la soberanía de la entidad. Sobre esta falsa afirmación resulta conveniente precisar que: 

1. El mismo Congreso del estado ya había acatado, aunque incorrectamente, una sentencia similar emitida el 12 de octubre de 2000 por el tribunal. 

2. La resolución del TEPJF no es una decisión unilateral, sino que responde a las impugnaciones que la sociedad yucateca, a través de la oposición, realizó en contra de la ilegal designación de los 14 consejeros electorales el 16 de octubre (cfr. los expedientes SUP-JCR-440/2000 y SUP-JCR-445/2000). 

3. No puede soslayarse la existencia de instituciones superiores que velen por el respeto a las garantías individuales. En este caso, el TEPJF es un órgano de máxima jerarquía que proviene de un precepto constitucional (Artículo 99) que no puede ser contravenido por ningún otro mandamiento. 

Las 51 organizaciones que conformamos la Red de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos" demandamos al Congreso local acatar de inmediato la resolución del TEPJF y garantizar a los ciudadanos y las ciudadanas de Yucatán sus derechos políticos. Al gobernador del estado demandamos el respeto a la división de poderes, su no intromisión y la no exacerbación de un conflicto cuyos orígenes carecen de todo sustento legal. 
 
Por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Michael Chamberlin, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (DF), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo (Guanajuato), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Chihuahua), Grupo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán). 

Señora directora: Solicito publicar la siguiente queja, ya que he sido víctima de un mal manejo por parte de Banamex, SA, mediante el cual me sustrajeron los cheques números 0807 y 0818, por montos de 15 mil y 25 mil pesos respectivamente, que corresponden a mi cuenta maestra número 384-4297644 y los cuales jamás fueron firmados por un servidor. 

Indudablemente, antes de recibir mi chequera los documentos fueron arrancados, de lo cual no me di cuenta, pues nadie revisa sus cheques al momento de recibirlos. 

Presenté mi protesta en la sucursal 261 de Banamex, ubicada en avenida Ejército Nacional esquina con Ferrocarril de Cuernavaca, no obstante que mi cuenta corresponde a la sucursal 384, ubicada en Polanco. Su respuesta fue que los cheques ya habían sido cobrados, pues la firma "es similar", cito textualmente, a la registrada en los archivos del banco. 

Voy a presentar mi denuncia ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) para que me devuelvan el dinero apoderado ilícitamente. 

Con esto, además, estoy previniendo a los cuentahabientes para evitar que les ocurra lo mismo (chequera podada). 

Al momento de redactar el presente documento, Banamex, SA, ya tiene conocimiento de un dónde se cobraron los cheques y quienes fueron los beneficiarios de los mismos, si es que existen físicamente. Anexo al presente copia fotostática expedida por la institución bancaria, a fin de corroborar mi dicho anterior. 
 
Arturo Bedoya Cardoso 

Señora directora: En el marco de las actividades para demandar el cumplimiento de las tres señales (cierre de siete posiciones militares, liberación de los presos zapatistas y reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas de acuerdo con la iniciativa de ley de la Cocopa, queremos invitar a todas y todos al primer "jueves en rebeldía del año", donde tendremos una charla titulada "Zapatismo en el mundo: la internacional de la esperanza", contaremos con la presencia de Elisa Benavides, Bárbara Zamora y Luis Hernández Navarro. Así como la exposición fotográfica La Barcelona zapatista. La cita es avenida Cuauhtémoc 91-A, colonia Roma, (Multiforo Alicia). La entrada es libre y comenzamos a las 18:15 horas. 

FZLN-D.F. Noé Romero, Víctor Arizmendi, Ignacio Pineda, Neftalí Miranda