La grave crisis del sistema carcelario en el país es expresión de una problemática vasta, que incluye la corrupción, la violación de derechos humanos como práctica regular, la infiltración de las instituciones por parte de la delincuencia organizada y los vicios que vienen arrastrando las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en el país.

Así ha quedado de manifiesto, a raíz de la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de Puente Grande. A manera de confirmación, ayer se produjo otra evasión, esta vez de dos internos de Almoloyita, acusados de delitos contra la salud, que eran trasladados de los juzgados penales de Toluca a ese centro de reclusión.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, presentó un panorama alarmante de tal situación, al rendir su informe de labores ayer, ante el Senado de la República. En su alocución, el ombudsman destacó no sólo las irregularidades operativas que ocurren en las cárceles --especialmente en Puente Grande, que es un supuesto centro de reclusión de "alta seguridad"-- sino el descuido --por decir lo menos-- de las autoridades federales de Seguridad Pública y Gobernación ante las circunstancias que hicieron posible la fuga del delincuente referido.

La conclusión que puede resultar de la comparecencia de Soberanes, así como de informes sobre la presente situación legal de El Chapo Guzmán --sobre quien hasta el momento no pesa orden alguna de aprehensió--, es que existe una inaceptable y peligrosa falta de coordinación y de eficiencia en las dependencias federales y estatales de seguridad pública, procuración de justicia y prevención y readaptación social, que se remonta a la administración de Ernesto Zedillo y que dista de haber sido corregida por el actual gobierno.

Para colmo, algunos indicios señalan que, en el curso de las diligencias posteriores a la fuga de El Chapo, la Procuraduría General de la República (PGR) quebrantó las garantías individuales de los 71 empleados de Puente Grande hasta ahora detenidos por su presunta vinculación en la evasión. Es inadmisible, a este respecto, que en esa dependencia siga recurriéndose a las prácticas repudiables e ilegales de siempre, como si nada hubiera cambiado en el país desde el 2 de julio del año pasado. 

Esa aparente continuidad de los vicios institucionales tradicionales defrauda el mandato ciudadano que sacó al PRI del poder con la esperanza de un cambio real en las maneras de gobernar.

Por lo demás, es evidente que la presente ofensiva del crimen organizado --y especialmente, del narcotráfico-- contra el Estado y contra la sociedad no puede enfrentarse en las condiciones de descontrol y caos que afectan a las instancias de prevención y readaptación, de seguridad y de procuración de justicia.

Es impostergable, por ello, que los más altos funcionarios de esas áreas, así como sus antecesores zedillistas, sean llamados a rendir cuentas por el Congreso de la Unión o, en su caso, por la propia PGR.