La realización, por parte del gobierno veracruzano, de un festival de primavera en la zona arqueológica de El Tajín, ha dado lugar a expresiones de protesta por parte de diversos sectores académicos e intelectuales, quienes, desde el año pasado, señalaron que tales actividades causaban daños a esa parte fundamental del patrimonio arqueológico nacional. 

En 2000, las muestras de rechazo al festival contribuyeron a que fuera un acto deslucido, además de cuestionado. En el presente, los trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) han anunciado protestas y movilizaciones en caso de que esa dependencia autorice actividades similares. 

El conflicto tiene varios aspectos que deben ser mencionados. Por principio de cuentas, resulta preocupante que las autoridades de Jalapa anuncien ya, con bombo y platillo, un acto que aún no ha sido aprobado por la máxima autoridad nacional en materia de conservación del patrimonio histórico y arqueológico, y la cual tiene a su cargo el control de los sitios prehispánicos. Pareciera como si el gobierno veracruzano pretendiese colocar al INAH ante un hecho consumado; en esa medida, la actitud estatal evoca, aunque en una escala menor, la creciente renuencia de diversas gubernaturas priístas a acatar los lineamientos de la Federación, ahora que ésta ya no se encuentra en manos del Revolucionario Institucional. 

Las medidas unilaterales e inconsultas del gobierno veracruzano para realizar en El Tajín actividades potencialmente dañinas para el sitio podrían convertirse en la semilla de un conflicto innecesario y riesgoso. 

En otro sentido, la reacción de los trabajadores sindicalizados del INAH en defensa del sitio arqueológico deja en evidencia que la dirección del organismo no está actuando con la firmeza ni la resolución que le son demandables en el cumplimiento de su tarea. La directiva sindical ha esgrimido argumentos atendibles para oponerse a la realización de un nuevo festival en ese importante vestigio de la cultura totonaca, como el daño que se causó el año pasado al Juego de Pelota. 

Tales señalamientos no han sido respondidos por el INAH, el cual ha perseverado, por el contrario, en la actitud tibia y ambivalente asumida durante el sexenio pasado ante circunstancias similares. En el momento actual es preciso que la institución asuma sus obligaciones legales y adopte una postura clara e inequívoca en defensa de El Tajín y del conjunto del patrimonio histórico y arqueológico de la nación. Pero también, el hecho vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de revisar y, en su caso, actualizar la reglamentación que rige al patrimonio histórico.