Al incorporar ayer a connotados empresarios del país al Consejo de Administración de Pemex, el presidente Vicente Fox planteó que esa medida tiene como propósito modernizar la paraestatal y hacerla más eficiente, transparente y competitiva, introduciendo en ella una visión empresarial. 

El mandatario reiteró que el afán de reestructurar la empresa no se contrapone con la preservación del petróleo como propiedad de la nación, ni con la conservación de la industria respectiva como entidad pública. En otros términos, debe tomarse nota de la garantía presidencial de que los nombramientos referidos no constituyen, en ningún sentido, un prefacio a la privatización de Pemex; a lo largo del actual sexenio, la sociedad habrá de tener muy presente tal promesa. 

Ciertamente, la paraestatal requiere con urgencia de técnicas gerenciales y de talento financiero para hacerla eficiente, competitiva y rentable, y los nuevos integrantes de su Consejo de Administración ?Carlos Slim, Lorenzo Zambrano, Alfonso Romo y Rogelio Rebolledo? pueden desempeñar un papel positivo en esta perspectiva. 

Sin embargo, y sin prejuzgar negativamente la capacidad de los nuevos consejeros, la incorporación de empresarios a Petróleos Mexicanos no garantiza, por sí misma, una organización sana y eficaz. En sus tiempos, José López Portillo encomendó la dirección de la paraestatal a Jorge Díaz Serrano, y el nombramiento fue justificado con base en la trayectoria y experiencia empresarial del designado en el ramo petrolero; sin embargo, la administración de Díaz Serrano pasó a la historia con fama pública de corrupta, derrochadora e incapaz. 

Más allá de estas consideraciones, es claro que la paraestatal no debe seguir sometida al saqueo fiscal de que ha venido siendo objeto, toda vez que ello pone en severo peligro su existencia. Hasta ahora, y desde principios de los años ochenta, el gobierno ha echado mano sin límite ni medida de los recursos provenientes de las exportaciones petroleras sin invertir lo necesario en la prospección ni en la renovación de la planta instalada, mucha de la cual se encuentra, hoy en día, en calidad de chatarra. En los inicios del sexenio de Ernesto Zedillo, y en el contexto de la crisis provocada por el error de diciembre, se llegó al colmo de hipotecar las ventas futuras de crudo, como garantía de pago de los préstamos de emergencia otorgados en esa coyuntura por Estados Unidos. En este sentido, Pemex no sólo ha sido vista como la caja grande de los últimos gobiernos priístas, sino también como la caja negra, habida cuenta de la incontrolada corrupción que se ha desarrollado en la paraestatal. Hasta la fecha, en suma, la empresa petrolera ha padecido una actitud depredadora similar a la que llevó al colapso al sistema ferroviario de la nación, el cual fue sobreexplotado por décadas sin recibir, a cambio, las inversiones que requería para su mantenimiento, renovación y expansión. 

Se ha señalado, en el espíritu de contrarrestar tal situación, la necesidad de dotar a Pemex de autonomía para fijar sus márgenes de reinversión, así como de darle un trato fiscal similar al de una empresa privada, y los señalamientos presidenciales de ayer apuntan en esa dirección ciertamente saludable. 

Sin embargo, cabe preguntarse si tal reconversión es posible en el marco de los compromisos legados por el régimen de Zedillo y con el poco margen del erario en el momento presente. Para despejar esa duda, las autoridades debieran explicar con claridad de qué manera y con qué recursos va a sanearse Petróleos Mexicanos sin causar, con ello, un considerable hueco ?la tercera parte de los ingresos fiscales, para ser precisos? en el presupuesto.