Justo en el momento en que Argentina atraviesa una severa crisis política y que sus ciudadanos reciben sólo malas noticias, surge una que abre una vertiente esperanzadora en el intrincado camino de la justicia. 

La posible --casi segura-- derogación de la leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, emitidas por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y que frenaron los juicios contra integrantes de la dictadura militar (1973-1983), es una noticia que, sin duda, sacude los más recónditos rincones de la memoria histórica del pueblo argentino: después de años de impunidad, de pasear por las calles como si nada ocurriera, los militares acusados de violaciones a los derechos humanos en ese periodo, finalmente podrían ser sometidos a juicio. 

De concretizarse, la derogación de estas leyes de amnistía representaría también una victoria más para la pujante lucha de varios países, entre los que destaca España, por juzgar los crímenes de lesa humanidad. 

Con el caso Pinochet como antecedente, la concepción de una justicia universal es un tema de mayor importancia en el debate entre el concierto de naciones. Precisamente ayer, en el I Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos y el Principio de Justicia Universal, celebrado en Madrid, los especialistas recibieron con enorme agrado la posibilidad de anulación de la amnistía en Argentina. Si bien es un acierto que los criminales de esta índole sean juzgados por tribunales de sus respectivos países --comentaron--, es conveniente que se haga lugar a los principios de justicia internacional, ya que no todos los países tienen la facultad legal para hacerlo. 

La noticia causó tal conmoción entre los militares argentinos, que a la fecha más de 700 oficiales del Ejército se han presentado para conocer, con base en la ley hábeas data, ante la Subsecretaría de Derechos Humanos y dos organismos humanitarios, si existen acusaciones o causas abiertas en su contra. La reacción de los oficiales, que hasta la fecha se sentían impunes, es una parábola de la dimensión de la noticia. 

El actual proceso en contra del dictador Augusto Pinochet en Chile, la extradición de Ricardo Cavallo a España, el anuncio del ministro yugoslavo de asuntos exteriores, Goran Svilanovic, para cooperar con el Tribunal Penal Internacional (TPI) y juzgar los crímenes de guerra cometidos en ese país, son tan sólo algunos de los casos más sonados del esfuerzo internacional en la aplicación de la justicia. 

Desafortunadamente, todavía hay miles de casos pendientes en todo el mundo, y mientras Argentina da un paso mayor en materia de justicia, el ombudsman mexicano, José Luis Soberanes, solicitó se reabra al caso sobre la matanza de Acteal. 

Evidentemente, México forma parte de esos países que tienen una larga lista de pendientes en esta materia. No cabe duda de que un gobierno que no procura la justicia y resuelve las violaciones de derechos humanos consumados en tiempos de gobiernos anteriores, está cometiendo, por esa simple omisión, una nueva violación a tales derechos. Hacemos votos porque en México se abra también una posibilidad de justicia plena.