El ministro de Economía de Argentina, Ricardo López Murphy, anunció un recorte al gasto público por unos 2 mil millones de dólares para este año, y de 2 mil 485 millones para el 2002, con lo que pretende reducir el déficit fiscal y sacar al país de un largo --casi tres años-- estancamiento económico combinado con una elevada tasa de desempleo. 

Como era de esperarse, el conjunto de medidas restrictivas anunciado por López Murphy contó con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), éste último, organismo financiero que otorgó hace poco más de dos meses al gobierno argentino un paquete de ayuda económica de 40 mil millones de dólares. 

El mismo día del anuncio, el jefe de misión en Argentina del FMI, Thomas Raichman, reiteró su apoyo al recién nombrado ministro de Economía: "El mundo está esperando que Argentina tome las riendas y dé un golpe de timón". 

Efectivamente, Argentina dio un "golpe de timón", pero no cambió la ruta en beneficio de los argentinos, sino que se decidió por el rumbo que exige --impone-- el FMI, el mismo que marca los intereses de los grandes inversores y que responde a la ideología y pragmatismo de los países más desarrollados. Es decir, Argentina decidió ceder parte su soberanía, por lo menos en materia de política económica, ante las presiones de estos organismos supranacionales. 

La barbarie capitalista parece acorralar a los países que no pertenecen al selecto club de la riqueza mundial. Pero, al margen del debate sobre la dependencia económica y la consecuente pérdida de soberanía nacional de los Estados, resulta por demás alarmante que los países obligados a recortar su gasto lo hagan, en su gran mayoría, en los rubros sociales. 

A partir de la próxima semana el gobierno argentino suspenderá temporalmente 300 mil pensiones, pedirá el retiro voluntario de 10 mil empleados públicos, eliminará secretarías y liquidará empresas que pertenecen al Estado. También fomentará una reforma para aumentar los ingresos del Estado con el incremento en 22% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a los sectores que no pagaban el gravamen, y completará el llamado "ajuste sobre el ajuste" iniciado el año pasado con una rebaja de 12% a los salarios. 

Mientras el gobierno de Fernando de la Rúa se alinea con las grandes organizaciones financieras del mundo, en el interior del país se ha desatado una crisis política que ya costó la renuncia del ministro del Interior, Federico Storani. Dirigentes de las centrales sindicales y de los gremios que representan a los maestros, informaron que tomaran "medidas de fuerza" en contra del programa económico. La resistencia social ante la ley Murphy en el país sudamericano converge en la amenaza de una huelga general. 

Los "ajustes" al estilo del FMI los conocemos muy bien en México. Sus beneficios son para pagar deuda y conservar capitales extranjeros; la sociedad, en cambio, paga los platos rotos de estas medidas que han demostrado su ineficacia. 

En diversos foros, estos organismos financieros han reconocido el dramático incremento de la pobreza en el mundo como consecuencia de las políticas económicas que ellos mismos fomentan, pero no ha virado un ápice el rumbo de sus medidas. Por el contrario, como se acaba de constatar en Argentina, siguen imponiendo el camino del neoliberalismo, no obstante que los costos sociales --humanos-- sean irreparables. Y para que no quede duda, el BID inicia mañana su 42 asamblea general con la mirada puesta en los altibajos de la economía latinoamericana y la situación de Argentina tras el recorte. A estas alturas, quién les cree.