Ante el menosprecio, la arrogancia y la cerrazón de los dirigentes legislativos, la delegación de líderes zapatistas que se encuentra en la capital de la República desde hace una semana anunció ayer su regreso a Chiapas, así como la disposición del EZLN a proseguir en la búsqueda de "espacios incluyentes para la participación de todos los que desean un México verdaderamente nuevo" y de "alternativas para alcanzar la ley indígena". La reacción de los alzados es sorpresiva pero comprensible, habida cuenta que, desde mediados de enero de 1994, su organización ha tratado, por diversas vías, de encontrar caminos de participación cívica pacífica y legal y, al mismo tiempo, de construir términos dignos de integración de los pueblos indígenas en la institucionalidad nacional y que, desde entonces, el poder público les ha cerrado toda posibilidad en esos sentidos. 

La llegada de Vicente Fox a la Presidencia y el envío de la iniciativa de la Cocopa al Legislativo por parte del nuevo mandatario abrieron una valiosa oportunidad para sentar las bases de solución al conflicto; así lo entendieron los zapatistas y actuaron en consecuencia, al anunciar que su directiva viajaría a la ciudad de México para pugnar, ante el Congreso, por la aprobación de esa iniciativa, rechazada por Ernesto Zedillo y congelada por las dos pasadas legislaturas. En su marcha a la capital, a su paso por algunas de las zonas indígenas más marginadas del país, y durante su presencia en el Congreso Nacional Indígena, realizado en Nurio, Michoacán, los comandantes rebeldes se convirtieron en depositarios de una indudable representatividad indígena, y con ella llegaron a la ciudad de México. 

Pero en el Distrito Federal no sólo los esperaba un amplio y clamoroso reconocimiento por parte de grandes sectores sociales, sino también la hostilidad, la intolerancia y la soberbia de intereses políticos y económicos contrarios al establecimiento de un nuevo estatuto de dignidad y justicia para los indígenas del país y que ocupan, por desgracia, la mayor parte de las posiciones clave en el Congreso de la Unión y no pocas en el Ejecutivo. Pronto se hizo evidente la determinación de esos intereses, y de quienes los representan, de reventar la presente oportunidad de pacificación y reconciliación nacional abierta por el cambio de gobierno y por la voluntad de paz de los zapatistas. 

Es inocultable que, en el estrechamiento de esas perspectivas, ha desempeñado un papel importante el incumplimiento parcial del presidente Fox a las tres condiciones planteadas por los indígenas rebeldes para reactivar el diálogo con el Ejecutivo federal, el cual pretendió guardar como improcedentes cartas de negociación tres de las siete posiciones militares en la zona de conflicto y cuyo desmantelamiento reclaman los zapatistas. 

Resulta alarmante constatar con cuánta precisión responde este Legislativo, uncido a las visiones oligárquicas, caciquiles y racistas de los jefes de las bancadas mayoritarias, a la frase que el propio Fox formuló el pasado 5 de febrero: "Tenemos --dijo entonces-- una sociedad democrática y muchas instituciones autoritarias". 

Los dirigentes rebeldes fijaron su regreso a Chiapas para el viernes próximo. Las horas que siguen serán determinantes para que la sociedad se movilice en demanda de una mínima flexibilidad por parte de los legisladores, impedir, de esa manera, que se pierda la presente oportunidad de paz --la más sólida y esperanzadora desde 1996-- y convencer a los sectores dominantes de la clase política nacional de la necesidad de escuchar sin regateos ni humillaciones a los representantes indígenas. Está en juego, en estos momentos, la viabilidad de la convivencia pacífica entre mexicanos y la perspectiva de un país sin excluidos.