Los lamentables sucesos ocurridos el sábado pasado en Tepito, en los que un menor perdió la vida y otras 23 personas resultaron lesionadas o intoxicadas, pone de manifiesto, una vez más, el complejo tejido delictivo que por momentos parece cercar a la sociedad y a las instituciones de la capital de la República. 

Por principio de cuentas, para nadie es un secreto que ese barrio del centro de la ciudad es, desde hace mucho tiempo, bastión y fortaleza de organizaciones criminales dedicadas al contrabando, la prostitución y el tráfico de drogas y armas. Tepito es un paréntesis visible en el estado de derecho y la punta de un iceberg de ilegalidad que se extiende mucho más allá de ese rumbo capitalino y más allá del Distrito Federal. 

Tampoco puede ignorarse que, en las corporaciones policiales preventivas y judiciales, tanto de la capital como del país, están presentes hábitos de impunidad, prepotencia y abuso --además de una escandalosa corrupción-- que constituyen otros tantos fenómenos delictivos. 

Ambos factores confluyeron en los trágicos hechos del sábado pasado, suscitados cuando un grupo de agentes judiciales se presentó inopinadamente en el barrio referido para cumplir una orden de aprehensión por una acusación menor contra la dirigente de comerciantes tepiteños María Rosete, y fueron agredidos por vecinos del lugar con piedras, tubos y botellas. 

El jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, y el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, han expresado su determinación de esclarecer la muerte del joven. El primero destacó que hubo abuso de autoridad durante el operativo, el cual debe ser investigado y castigado, y el segundo manifestó que la torpeza con que se planeó y ejecutó la orden de aprehensión puede llevar a sancionar a los responsables. Ello, independientemente de que se investiga por el homicidio del menor a los agentes policiales que estuvieron presentes en la operación. 

Sin embargo, no debe eliminarse la posibilidad de que todo el incidente haya sido algo más que la infortunada confrontación entre las mafias que controlan el barrio bravo y unos servidores públicos abusivos, irresponsables y poco juiciosos, y que se haya tratado de una provocación y de una emboscada política, acaso diseñada por las dos expresiones de la delincuencia: la tepiteña y la policial. Y es que no debe olvidarse que las organizaciones criminales que operan en el país parecen empeñadas en enviar a las autoridades de todos los niveles e instancias pruebas y mensajes de su determinación a resistir, enfrentar y derrotar los intentos de depuración, saneamiento y lucha contra la impunidad.