La reforma fiscal es un tema de la mayor relevancia para el país que ocupará a los legisladores a partir de la próxima semana, cuando el Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda, haga llegar su propuesta de reforma a la hacienda pública al Congreso de la Unión. 

Si bien es una necesidad impulsar por consenso la reforma fiscal integral que permita ampliar la base de contribuyentes, simplifique los procesos tributarios y favorezca el crecimiento económico, también es primordial analizar el contenido e impacto social de la propuesta del Ejecutivo, en tanto que los más afectados por las cargas tributarias han sido, por tradición, los que menos tienen. 

Las autoridades hacendarias se empeñan en defender la propuesta que presentarán al Congreso en la lógica de los beneficios macroeconómicos, atracción de capitales, estabilidad y finanzas sanas -discurso que no es nuevo- y alertan sobre los escenarios oscuros que pesarían sobre la economía de no aprobarse la reforma en los términos en que la presentan. 

En contraparte, algunos especialistas advierten sobre el impacto económico que produciría, por ejemplo, la aplicación del IVA a los alimentos y medicinas, medida que, aseguran, afectaría sensiblemente el ya de por si escaso y paupérrimo presupuesto del 80 por ciento de las familias mexicanas, en tanto que las familias de mayores ingresos no resentirían el impuesto proyectado. 

También se han escuchado voces de la iniciativa privada como la de Raymundo Winkler, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), quien considera prudente la aplicación de una tasa generalizada para el IVA y estima que el impuesto sobre la renta (ISR) debería ser menor al 32 por ciento. 

La reforma fiscal, no cabe duda, es indispensable, pero es necesario ampliar el debate, desarrollarlo, antes de aprobar un proyecto que mantenga la antigua política de gravar más a los que menos tienen. Si en verdad se pretende crear una reforma integral que genere beneficios en común, la discusión en el Congreso, sobre todo por parte de quienes defienden la propuesta del Ejecutivo, debe superar las advertencias de crisis, los tecnicismos fiscales y las elocuencias económicas. En el centro del debate deben estar las personas, las familias, la sociedad, que no son cifras y mucho menos simples y llanos objetos de recaudación. 

Los discursos, las formas y las posiciones partidistas son parte inherente al debate político; siempre lo enriquecen, pero hay asuntos de fondo que exigen un mayor compromiso con la justicia social. La reforma fiscal es uno de estos temas que merece aterrizar los acuerdos y las decisiones legislativas en beneficio de todos los mexicanos, empezando por los más desfavorecidos, a los que se les pretende cobrar un impuesto por medicinas para curar enfermedades recurrentes como diarreas, fiebres o pulmonías. 

Está en el Congreso de la Unión la posibilidad de decidir entre un modelo de recaudación tributaria acorde con la realidad social y económica del país, o uno que se mantenga en la abstracta lógica del discurso macroeconómico, que ha generado más de 50 millones de pobres en el país.