La propuesta del Poder Ejecutivo y de su equipo financiero relativa, sobre todo, al aumento de la recaudación impositiva, ha dado origen a gran cantidad de críticas, que van desde la Iglesia católica, las escuelas privadas (muchísimas de ellas religiosas), los partidos, amplios sectores empresariales, varios gobernadores, hasta académicos de prestigio, en su momento favorables a la candidatura del actual Presidente y, por supuesto, hasta muchos de los electores de éste. 

Sin embargo, el gobierno no ha tomado en consideración esas críticas --de diferente tenor y contenido-- y, por el contrario, declarándose incomprendido, ha persistido en su plan, sin aceptar modificaciones al mismo u otras opciones e intenta ahora resolver urgentemente la cuestión combinando la sordera ante los argumentos ajenos con una campaña publicitaria basada en un llamado a la emoción --y no a la razón--, cuyo contenido reside principalmente en la afirmación "porque es justo" repetida machaconamente a falta de otro argumento más convincente.

Es posible que el gobierno termine "concediendo" la cancelación de IVA a los libros, como ya se rumora, aunque eso no resuelve el grave problema que la propuesta fiscal significa tal como está.

Se podría --y se puede aún-- aprovechar la discusión de un problema que afecta a todos los hogares y que atañe a la distribución --extremadamente inicua-- de la riqueza y del esfuerzo para el desarrollo que inicie la construcción de la conciencia ciudadana, la participación democrática y el consenso. Se sabe que los impuestos indirectos son los más injustos porque gravan más a quienes menos tienen y a quienes no los pueden eludir, e inciden mucho menos sobre los más habientes que son, por otra parte, los grandes evasores. 

Se sabe que los pobres --que en México son la abrumadora mayoría de la población-- gastan en alimentos, medicinas y educación la mayor parte de sus ingresos, fenómeno que no sucede en el caso de los más ricos, y que la tasación en esos rubros reducirá considerablemente el poder adquisitivo ya mermado de los sectores más golpeados por la crisis, lo cual redundará en la reducción del consumo y en el paro consiguiente de los microcomercios y la pequeña y mediana industria (principal fuente de trabajo en nuestro país). 

¿Por qué entonces no discutir otras opciones que permitan lograr los famosos 140 mil millones de pesos que pretende obtener el gobierno federal con esta medida, sea reduciendo la evasión fiscal, sea obteniendo un alivio en las condiciones de pago de la deuda externa, sea quitándole al sector financiero una parte de la subvención que le está dando el Estado a costa de generaciones futuras de mexicanos, para fomentar con esos fondos la actividad productiva en el campo y en los sectores industriales y artesanales creadores de empleo, es decir, de bienes y de futuras contribuciones impositivas?

¿Por qué no hacer un foro donde participen académicos, partidos, especialistas nacionales o extranjeros? ¿Por qué no discutir la experiencia ajena ya que el mismo problema y la misma intransigencia se han presentado últimamente en Argentina, donde el gobierno intentó llevar contra viento y marea la orientación del Fondo Monetario Internacional, provocando una gran ola popular en su contra, además de la desestabilización del país y de la economía?

El consenso obtenido por el reconocimiento de la justicia de las demandas de "las hermanas y hermanos indios" está siendo anulado por el aumento de la terrible carga de injusticia que éstos ya soportan, mientras la no tasación del capital financiero y especulativo no basta --lejos de ello-- para obtener el consenso incondicionado de ese sector ni tampoco bastará para atraer nuevos inversionistas si el frágil equilibrio políticosocial obtenido el 2 de julio se deteriorase bruscamente. 

¿Por qué entonces no se busca ampliar la base de la democracia discutiendo cuáles impuestos, para qué, a quiénes, de cuál cuantía, para qué fines y resultados serán utilizados en vez de trabajar sobre la base de úkases y de trucos de mercadotecnia?