Señora directora: La nueva ley de amparo, cuyo dictamen se aprobó hace unos días al vapor y por unanimidad en la Cámara de Senadores, deja en estado de indefensión a los más pobres y desprotegidos de nuestro país: los indígenas y campesinos, pues anula las normas de carácter tutelar que existen en la actual Ley de Amparo.

Estas normas protegen actualmente los derechos colectivos de ejidos y comunidades, y de indígenas y campesinos en lo individual, sobre sus tierras, bosques y aguas en lo que hace a su propiedad, posesión, uso y disfrute. La nueva ley de amparo suprime totalmente el libro segundo relativo al amparo agrario. Todos los artículos en materia agraria, que van del 212 al 234, quedan derogados en esta nueva ley.

Los ejidos y comunidades deberán ahora acudir al amparo llamado de estricto derecho, concebido para la vida civil y mercantil, donde se debaten intereses particulares sin considerar ninguna protección especial dado su nulo acceso a este tipo de instrumentos jurídicos por sus condiciones económicas y sociales. Son múltiples los asuntos que se siguen ventilando en juzgados y tribunales colegiados y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay un gran rezago pendiente de atender en el Tribunal Superior Agrario con relación a los expedientes que estaban en trámite antes de la reforma al art. 27, relativos a dotación, ampliación, nuevos centros de población, reconocimiento y titulación de bienes comunales y restitución.

El juicio de amparo se debe mantener como un invaluable medio de defensa de nuestro sistema constitucional y, en particular, el amparo agrario como institución social para protección de comunidades y ejidos mientras subsista el sistema de propiedad social consagrado en la Carta Magna en su art. 27, y la clase indígena y campesina continúen sumidas en las condiciones de atraso, ignorancia y pobreza que prevalecen en todo el país, tomando en cuenta la desventaja en la que se encuentran los ejidos y comunidades frente a los especuladores inmobiliarios y tantos otros que acuden a todo tipo de artimañas de apoderarse de sus tierras.

Hacemos un llamado a todos los diputados para que hagan un análisis serio y cuidadoso de los alcances jurídicos y las consecuencias negativas de esta ley en perjuicio de comunidades y ejidos, y que la regresen al Senado.

Licenciados Bárbara Zamora, Pilar Noriega, Carmen Merino, María Luisa Campos, Santos García, Lauro Sol, Manuel Fuentes, Samuel Porras, José Luis Contreras, Víctor León y Jorge Vela

Exige Ruiz Anchondo precisión a la columna Dinero

Estimada Carmen: El 9 de abril apareció en la columna de Enrique Galván Ochoa denominada Dinero (página 20), un párrafo titulado "Ganó el Rolex", donde se comenta lo siguiente:

"... para llegar a tiempo, Andrés Manuel López Obrador tendrá que pedirle prestado su Cartier a Patricia Ruiz Anchondo. Dicen que hay mucho dinero en la Procuraduría Social con los líos de los vecindarios".

Al comentarista de su periódico, deseo aclararle lo siguiente:

1. En la Procuraduría Social estamos trabajando muy en serio para acreditarnos ante la ciudadanía como una institución con credibilidad, apegándonos en todo momento a los principios de honestidad, agilidad y eficiencia, tanto en la atención de las quejas ciudadanas sobre los servicios públicos que otorga el gobierno de la ciudad, como en la atención a los conflictos que se derivan de la convivencia en los condominios.

2. Somos una institución que al igual que todas las que integran el gobierno de la ciudad, estamos sujetas al escrutinio público y nuestra actuación como funcionarios se rige escrupulosamente con lo que marca la normatividad administrativa. Si existe alguna sospecha de corrupción, tal y como podría desprenderse de tan artero comentario, exijo al editorialista que precise su acusación para que la Contraloría actúe de inmediato.

3. No poseo un Cartier, mi reloj es Citizen. "Son de llamar la atención", dice el slogan de esta marca, y... ¿qué creen? ...el comentarista se confundió. A lo mejor si ahorro todo el año podría comprarme algo distinto, pero lo lamento, nunca he tenido pasión por las joyas.

Estimada Carmen, tú sabes que como políticos y servidores públicos el patrimonio más preciado que poseemos es nuestro nombre, por lo que te pido amablemente sea publicada esta carta. Como siempre, a ti y a tu honorable periódico, les reitero mi reconocimiento y amistad.

Lic. Patricia Ruiz Anchondo

Respuesta del columnista

Querida Martha Patricia: Lo peor que nos podría suceder a los sufridos capitalinos es que la discusión del horario de verano se translade a las marcas de reloj y deba ser resuelta por la SCJN. Respecto a lo demás que refiere tu carta, sale sobrando decir que mi crónica futbolera de los lunes trata de ser humorística y agradezco que sea leída con más humor que el mío. 

Pero, en plan serio, no es superfluo hacer un comentario: con el foxismo volvió el glamour a Los Pinos. Hoy lo políticamente correcto es la ropita de trabajo que incluye modelitos de Versace e Ives St. Laurent, zapatos Nine West, aromas de Dior y Armani, y relojes-joya Rolex y Cartier. Asimismo, los coches Mercedes Benz y vivir en una suite del Nikko, como el secretario de Educación, Reyes Tamez. Los relojes baratos pasaron de moda con el doctor Zedillo, quien de vez en cuando también usaba un Citizen para despistar.

Enrique Galván Ochoa

Aclaración del Tribunal de Justicia de Chiapas

Señora directora: Con mucha preocupación, por el profesionalismo que caracteriza a La Jornada, y para preservar la confianza que en este medio tenemos sus lectores, me dirijo a usted para precisar la información publicada el 8 de abril con relación a la elección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chiapas.

Es lamentable que se continúe con la intención de presentar un asunto con una magnitud de la que carece. El Poder Judicial de Chiapas ha alcanzado su plena normalidad en razón de que, en su actuación, se ha procedido con sustento en la legalidad hasta desarrollar el proceso electivo que se comenta.

Es explicable que se proporcione a los lectores de La Jornada datos falsos y apreciaciones personales en lugar de información, cuando la corresponsal de este diario, Angeles Mariscal, no asistió al desarrollo de la sesión informativa que se ofreció posteriormente al pleno de este Tribunal de Justicia.

Es falso que "un sector de jueces" haya hecho señalamientos en relación con la elección del doctor Juan Roque Flores como magistrado presidente. Hasta el momento, ningún juez de la entidad ha emitido opinión en torno a la persona o a la investidura que ocupa.

Llama la atención que el adjetivo utilizado para referirse al doctor Roque Flores sea el de "ex priísta" y que en las líneas de referencia curricular sólo se hable de su militancia en el PRI y, en cambio, se omitan otros aspectos significativos como el hecho de que el doctor Roque Flores fue integrante de la primera Cocopa, así como que en su calidad de diputado de la 59 Legislatura local participó en el proceso legislativo de reformas a la Constitución local y a los códigos penal, civil y sus respectivos procesales del estado.

Es evidente el sentido del tratamiento periodístico cuando se dice que el doctor Roque fue designado en una sesión "a la cual asistieron sólo 21 de los 26 magistrados". Se miente: al pleno asistieron 22 magistrados y quienes no asistieron fueron cuatro. La nota en todo momento habla de "cinco ausentes". Es inexplicable que para la corresponsal ahora resulte que la fortaleza numérica está en el cuatro y que la abrumadora cifra de 22 se maneje con un dejo de "sólo...", cuando se trata de la mayoría en el pleno de los magistrados del Supremo Tribunal.

Tan ausente está el sentido de informar que no se dice que el doctor Roque Flores fue electo por unanimidad de los 22 magistrados presentes.

Atentamente:

Luis F. Burguete, comunicación social del Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas

Respuesta de la reportera

Señora directora: Con el respeto que el señor Burguete y todos los magistrados del STJE me merecen, me permito señalar que el trabajo profesional de un periodista implica plasmar todas las partes de un conflicto, que implicó en este caso el que la SCJN admitiera una solicitud de juicio político en contra de Pablo Salazar por la presunta violación al Poder Judicial local, como sucedió.

Si a juicio de una de las partes la importancia de tal problema es poca o mucha, corresponderá al lector determinarlo y no al periodista. En el asunto que nos ocupa, mi ética profesional me exige dar voz aún a la "minoría" ?como en algún tiempo fueron los que ahora son "mayoría"?, que actualmente son magistrados y se oponen a la designación de Roque Flores como su presidente, quien no es cuestionado por su experiencia como jurista, sino por la forma en que llegó al cargo. Admito , sin embargo, que en la sesión del Supremo Tribunal, a la que sí asistí, estuvieron 22 y no 21 de los togados.

Atentamente:

Angeles Mariscal