La imprescriptibilidad de los delitos de desaparición forzada y de los secuestros de bebés, y el principio de la jurisdicción internacional para juzgar las asociaciones ilícitas internacionales para cometer crímenes de lesa humanidad acaban de ser ulteriormente reforzados por un fallo del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, que asesta un nuevo golpe a los dictadores que asolaron el Cono Sur con su acción criminal coordinada por el Plan Cóndor. 

El juez pide la detención preventiva con fines de extradición del ex dictador paraguayo, general Alfredo Stroessner, asilado desde 1989 en Brasil y acusado en su país de 900 asesinatos y desapariciones. Solicita también a la justicia chilena que detenga y extradite al ex jefe de la policía política secreta (DINA) de ese país, Manuel Contreras Sepúlveda, implicado en el asesinato en Estados Unidos, mediante una bomba, del ex canciller chileno Orlando Letelier, además del intento de asesinato en Roma del ex líder democristiano Bernardo Leighton. 

Los militares nombrados son acusados de la desaparición de ciudadanos uruguayos, paraguayos y chilenos refugiados en otros países, entre los cuales sobresale el bebé de dos meses, Simón Riquelo, que fue arrancado a su madre uruguaya, también desaparecida poco después de dar a luz. 

El magistrado ha citado a declarar al ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, actualmente preso en su domicilio por el secuestro de recién nacidos. Acusa también al general argentino Carlos Guillermo Suárez Mason, "el verdugo de Rosario", a los generales chilenos Augusto Pinochet y Pedro Espinosa Coronel y a los militares uruguayos José Nino Gavazzo -implicado en la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman y en la entrega de la nieta de éste en adopción a un policía, Julio Vapora, Guillermo Ramírez-, Manuel Cordero, Jorge Silvera y Hugo Campos Hermida, así como a los oficiales paraguayos Federico Brites y Néstor Milcíades. 

En su fallo, Canicoba Corral establece que "siendo la desaparición forzada de personas un delito continuado o permanente, mientras no sea determinado el destino o paradero de las víctimas, ninguna prescripción ha comenzado a correr", principio jurídico que permitiría juzgar a todos los implicados en una política decidida friamente por los gobiernos dictatoriales asociados en el Plan Cóndor y aplicada en forma masiva en todos los países del Cono Sur. 

Después de la detención de Augusto Pinochet en el Reino Unido, a petición de la justicia española y de los procesos que se siguen en Argentina contra los asesinos que se sentían a salvo por las inconstitucionales leyes de amnistía que les habían favorecido, este fallo del juez Canicoba pone un ladrillo más en la construcción de una justicia penal internacional en el campo de los derechos humanos y debilita aún más la teoría según la cual los dictadores deben ser juzgados por los jueces de su propio país (que aquellos, en muchos casos, nombraron) para supuestamente respetar así la "soberanía" (que, según los gobiernos argentino y chileno, residiría en el aparato estatal y no en los pueblos). 

El gobierno de Fernando De la Rúa, se recordará, intentó con ese argumento llevar a su país natal a Ricardo Cavallo, detenido en México en espera de su envío a España para ser juzgado por torturas, violaciones, robo de bienes de sus víctimas y desapariciones forzadas. Por su parte, el gobierno chileno intentó impedir el proceso instituido contra Pinochet en Europa. Si un juez argentino encara hoy una acción internacional, en oposición a la doctrina oficial de su gobierno, eso demuestra que en la sociedades argentina e internacional está creciendo una fuerte presión en defensa de la democracia y de los derechos humanos, cosa que, en todos los países, sólo puede regocijar a los demócratas.