Estimada Carmen: Con todo el respeto que merece Raquel Tibol, destacada expositora del arte y la cultura en nuestro país, queremos hacer algunas aclaraciones a su carta publicada en El Correo Ilustrado sobre el Programa de Ayuda Alimentaria y Medicamentos Gratuitos del Gobierno del DF. 

Este programa es concebido como el primer paso en el establecimiento de una pensión ciudadana universal como un derecho social de todos los adultos mayores que han aportado su esfuerzo a la sociedad durante una larga vida. 

No es, por ello, un programa más de asistencia social para los grupos más pobres de la ciudad, sino un derecho fundamental en una sociedad de bienestar. El gobierno del DF aspira, de esta manera, a entregar esta pensión a todos los adultos mayores de 70 años antes de terminar su gestión y cuando los recursos presupuestales así lo permitan. En el 2001 cerca del 60 por ciento de este grupo poblacional será beneficiado. 

A fin de romper con las prácticas corporativas y discrecionales, así como reducir el costo administrativo del programa, se incluyeron a todos los adultos mayores de 70 años que habitan en las unidades territoriales clasificadas como de muy alta, alta y mediana marginación. Varias personas, al igual que Raquel Tibol, han declinado recibir la tarjeta de apoyo alimentario por considerar que no la necesitan. 

Los recursos que se liberen con esta actitud serán destinados a otros programas sociales del gobierno capitalino. Nuestro agradecimiento a Raquel Tibol. 

Assa Cristina Laurell, secretaria de Salud del GDF 

Tutelar la imagen de Jesucristo contradice discurso papal, señala 

Señora directora: Junto con los pastores Benjamín Rivera Leos y Gerardo Seres tuve el privilegio de formar parte del comité organizador del denominado Homenaje a Jesús, realizado en el Estadio Azteca el 14 de octubre de 1999. 

El viernes anterior a dicha celebración, nos enteramos que la Arquidiócesis de México, por mediación de su apoderado legal, Horacio Aguilar Alvarez de Alva, solicitó a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos su cancelación por considerar que atentaba contra el pueblo creyente, propiedad de la iglesia católica. 

En estricto apego a la ley y a los derechos humanos de los millones de mexicanos no católicos, la autoridad no accedió a los caprichos de la Arquidiócesis. En consecuencia, ésta inició una serie de acciones legales en contra de las autoridades de la Dirección General de Asuntos Religiosos, mismas que, aparentemente, culminan con el incidente de revisión a que hace referencia la nota de Jesús Aranda aparecida el 7 de mayo en este periódico. 

No cabe duda que vivimos tiempos de intolerancia. Esta se vuelve más grotesca cuando quienes la promueven, en este caso el Arzobispado de México, se especializan en el manejo del doble lenguaje y en el menosprecio de sus semejantes, incluyendo a sus propios feligreses. 

La pretensión del Arzobispado por tutelar el uso de la imagen de Cristo tiene como razón evitar "cualquier medio donde se induzca a la confusión de las personas físicas o morales"; asume que los feligreses católicos son cortos de luces y fácilmente manipulables. También asume que éstos son propiedad de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, por lo que sólo pueden actuar en obediencia a la misma. 

Por otro lado, resulta interesante que posiciones como ésta se expresen en el contexto de la visita papal a Grecia. El Arzobispado de México falta al respeto y exhibe la fragilidad de la actitud conciliatoria de Juan Pablo II cuando éste pide perdón por la intolerancia y los excesos de la Iglesia católica. 

También es digno de tomar en cuenta que Horacio Aguilar Alvarez de Alva, promotor de ésta y otras intolerancias, haya sido el abanderado del fallido proyecto de la formación del Consejo Nacional para la Libertad Religiosa, mismo que, paradójicamente ?¿o kafkianamente?? pretendía garantizar el establecimiento de la "verdadera libertad religiosa en México". 

Mucho me temo que tenemos ante nosotros un México de los "muchos Chiapas" y de los "muchos Ixmiquilpan". Y ello gracias a que los verdaderos promotores de la intolerancia religiosa no son los Heribertos Lugo González, sino los jerarcas católicos que tienen como personeros a sus muchos Horacios Aguilar Alvarez de Alva. 

Reverendo Adoniram Gaxiola 

Se pronuncian universitarios contra la aprobada ley indígena 

Señora directora: Le suplicamos publique la presente, dirigida al Congreso de la Unión. 

Los abajo firmantes, estudiantes del nivel profesional del ITESM y de otras universidades del país, queremos manifestar nuestro total rechazo al dictamen de ley en materia de derechos y cultura indígenas, recientemente aprobado por el Senado. Rechazamos este dictamen por considerar que no recoge a cabalidad lo plasmado en los acuerdos de San Andrés ni respeta el texto de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación. 

Consideramos que no satisface las demandas indígenas ni facilita el reconocimiento y ejercicio de los derechos que como pueblos tienen. Como estudiantes y ciudadanos consideramos de vital importancia el reconocimiento de los derechos indígenas para la construcción de un país más justo, libre e incluyente en el que quepamos todos a pesar de nuestras diferencias culturales. Agradecemos su atención: 

Juan y Eugenio Fernández Vázquez, Rodrigo Pacheco, Armando Neria, Covadonga Bron Prendes, Paula Amor, Juan Pablo Pardo, Brenda y Juan Hidalgo García, Gabriela Guzmán, Alvaro Serna, Jaime García, Adriana Raymundo, Daniel Vargas, Alexis Juárez, Pedro Disraeli Hernández y 63 firmas más 

Piden a legisladores tasa cero para medicamentos siquiátricos 

Señora directora: Por ser de interés nacional, ahora que se discute la eliminación de la tasa cero en alimentos, medicinas y libros, suplicamos publicar la carta anexa dirigida a diputaciones federales de PAN, PRI, PRD, PT y PVEM: 

Convencidos de que la eliminación de la tasa cero en medicinas y alimentos no es el mejor camino para que el gobierno se allegue de nuevos ingresos, los suscritos queremos llamar la atención de legisladores de todos los partidos sobre el caso de los enfermos siquiátricos, cuyos medicamentos no se incluyen en las promesas de exención del IVA. 

Las enfermedades siquiátricas (depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, etcétera) son un flagelo que apenas empieza a combatirse seriamente en las sociedades occidentales. Vale decir que, en el mundo civilizado, la siquiatría es una ciencia todavía en pañales. Las enfermedades siquiátricas no se curan; en el mejor de los casos, se controlan. Se calcula que uno por ciento de los mexicanos padece esquizofrenia. 

Este tipo de enfermedades destruyen al paciente y a su familia. El enfermo es aislado de manera paulatina: lo abandonan sus amigos, deja de asistir a la escuela, se retira de los entretenimientos y se encierra en su mundo, aunque dentro de su gravedad aún tiene destellos de lucidez. 

El paciente necesita cuidado familiar y medicamentos de por vida. Al cabo de los años, padres y hermanos dejan de estudiar o trabajar para ocuparse de él. Los ingresos familiares merman cuando más se necesitan para consultas, medicamentos y hospitalización. Las familias se arruinan. 

Los medicamentos siquiátricos se cuentan entre los más caros: el Zypreca (14 tabletas) cuesta 759 pesos para dos semanas y el Risperdal (20 tabletas) 455 pesos. Pero, además, el medicamento se toma con uno o más coadyuvantes. Ninguna institución de seguridad social ni centro hospitalario los proporciona a sus pacientes y cualquier falla en su suministro produce una dolorosa recaída. 

El destino de quien no puede pagar su tratamiento es: 1) la demencia abierta si permanece en casa; 2) acabar sirviendo de conejillo de indias en algún centro hospitalario. Este le brinda cierta atención médica a cambio de experimentar en él nuevo productos para laboratorios extranjeros. En ambos casos el enfermo sufre tormentos inenarrables. 

Las enfermedades siquiátricas no afectan sólo a los mexicanos ricos. En la actualidad hay cientos de miles de familias de clase media y baja con pacientes de este tipo que no tienen dinero para su tratamiento. Su simple transporte a hospitales, donde pudieran internarse en las condiciones mencionadas, representa un sacrifico económico que no puede hacerse. 

Toda sociedad funciona gracias a la aceptación tácita de un pacto social. El ciudadano trabaja para sí y para la sociedad, pero ésta a su vez debe brindarle garantía de protección en todo momento y en todos los órdenes de la vida. Más que gravar las medicinas, el gobierno federal debería explorar otras vías: bebidas alcohólicas, tabaco, refrescos, inversiones bursátiles especulativas, comercio informal, etcétera. 

Los suscritos pedimos atentamente a este órgano legislativo la tasa cero para los medicamentos siquiátricos. Si los legisladores aprueban la eliminación de la tasa a este tipo de medicamentos, más valdría que empezaran a legislar sobre eutanasia: ésta sería la única salida digna que dejarían a cientos de miles de enfermos. 

Ing. Jorge Ferreiro, Lic. Beatriz Murillo, doctores Guillermo Selvas y Rosalba Gómez y 271 firmas más