En una audiencia realizada en el Senado de Estados Unidos, el recién nombrado titular de la agencia antidrogas de ese país (DEA), Donnie R. Marshall, reconoció que las mafias que operan el narcotráfico en el continente tienen la capacidad de superar los sistemas de vigilancia y las defensas de países individuales, por lo que urgió a incrementar la cooperación contra el contrabando de estupefacientes. 

En la sesión, Marshall fue incapaz de desmentir o de confirmar el señalamiento expresado por la demócrata por California, Dianne Feinstein, la cual, citando a un supervisor de la DEA basado en Puerto Rico, planteó la posibilidad de que en los últimos años esa dependencia haya estado entregando a los medios información falsa sobre decomisos y detenciones. 

En esa misma sesión, el jefe de la Guardia Costera, James Loy, admitió que las cantidades de droga introducidas de manera ilícita a Estados Unidos aumentaron más que las capturas realizadas por las autoridades, y se quejó de que los narcotraficantes poseen recursos y tecnología superiores a los del propio servicio de guardacostas del país vecino. 

Lo anterior se inscribe en un lento pero inexorable proceso de reconocimiento de realidades dolorosas, pero evidentes, por parte de las autoridades estadunidenses. En esa misma tónica, el secretario de Estado, Colin Powell, admitió recientemente que la génesis del problema del narcotráfico es la enorme demanda de drogas ilegales en la población de Estados Unidos. 

Sin embargo, las instituciones públicas del país vecino no parecen dispuestas a renunciar a una política antidrogas que, según sus propios funcionarios, ha fracasado. La prohibición legal de toda clase de estupefacientes y el combate policiaco-militar a los productores y contrabandistas de tales sustancias, especialmente fuera del territorio estadunidense, no sólo no han resuelto el indudable problema de salud pública que representan las adicciones, sino que han generado otros, acaso más graves, en América Latina: la infiltración de las mafias del narcotráfico en las instancias gubernamentales, la violencia en espiral y la distorsión de las economías y de las sociedades. 

A contrapelo de estos hechos, Washington se empeña en extender y profundizar, en las naciones de producción y tránsito de los estupefacientes, acciones policiales e incluso bélicas injerencistas, además de potencialmente desestabilizadoras, como el Plan Colombia, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de ese país rechaza cualquier forma de suavizar la prohibición de la mariguana con el argumento de que permitir el uso terapéutico de la cannabis a enfermos de sida y cáncer "pondría seriamente en duda la capacidad del gobierno de aplicar leyes contra el uso de drogas". Tal argumento es una simulación: en Estados Unidos la incapacidad gubernamental para combatir el uso y el trasiego de estupefacientes está plenamente demostrada.