Señora directora: Le comento que hace 14 años contraté una caja de seguridad en la casa matriz de banco Bital (Paseo de la Reforma número 156) pues tenía la certeza de que era la mejor forma de resguardar mis valores; no obstante, el pasado 13 de diciembre, cuando acudí al banco para ingresar a mi caja, grande y desagradable fue mi sorpresa al no encontrar el dinero en efectivo y las joyas de mi familia que ahí estaban guardadas. Cabe hacer mención que había pasado un año sin que me presentara a revisar mi caja, y es así como hacen constar los registros de ese banco. 

Al informar de esta irregularidad, el licenciado Jorge González, gerente de la casa matriz de Bital, me indicó que presentara mi queja por escrito. En una carta fechada el día 14 del mismo mes expuse mi problema al licenciado Antonio del Valle, presidente y director general del banco; en respuesta, su secretaria comentó que el señor Del Valle "no atiende esta clase de asuntos", pero que me dirigiera al señor Eduardo Berrondo, gerente general de esa institución, quien jamás respondió a mis múltiples llamadas telefónicas. Recurrí entonces a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y gracias a la intervención y agilidad de los funcionarios de esa comisión fui atendido por el señor Jaime Ruiz Sacristán, vicepresidente del multimencionado banco, quien se comprometió a darme una respuesta en 15 días, ya que el Departamento de Auditorías haría la investigación correspondiente. 

A pesar de insistir en la solución de mi problema, no recibí ningún tipo de atención por parte de algún funcionario de banco Bital, y es ahora, después de cuatro meses, que recibo una comunicación ?de la cual le anexo copia?, en donde simplemente me dicen que "lamentan mucho lo ocurrido y se deslindan de toda responsabilidad con fundamento en la cláusula cuarta, inciso A, del contrato de arrendamiento de dicha caja". 

¿Quién puede poner un alto a estas arbitrariedades, y ante quién debo recurrir para recuperar mis valores? ¿Quiere decir que voy a perder mi patrimonio sólo porque lo dicen estos señores banqueros de Bital? ¿Qué tan generalizadas están estas irregularidades en las operaciones de las cajas de seguridad? 

Después de esta lamentable experiencia, me permito sugerir a los usuarios de este servicio que no sólo hagan suyos los cuestionamientos, sino que se preocupen por realizar visitas frecuentes a sus cajas y preguntar qué tipo de protección tienen sus bienes, además de revisar minuciosamente las cláusulas de sus contratos; a los banqueros y funcionarios de banco Bital les exigiría una completa atención hacia sus formas de operación y la debida consideración a los problemas de sus cuentahabientes, que son quienes realmente hacemos que estas instituciones prevalezcan. 

Ricardo A. Castillo Reyes 

Señora directora: Solicitamos tenga a bien dar cabida a estas líneas que recogen el sentir y la preocupación de todos y cada uno de los miembros que conformamos la Unión de la Clase Trabajadora, agrupación política nacional, con respecto a los últimos acontecimientos registrados entre el gobierno federal, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), los senadores y diputados federales, así como el EZLN, una vez ratificada en el Congreso de la Unión la iniciativa de ley de derechos y cultura indígenas. 

La discusión y aprobación de esta nueva iniciativa de ley promovida por PRI, PAN y PRD no representa la esencia de los acuerdos de San Andrés y la propuesta de la coadyuvante Cocopa, lo cual se traduce en una acción sin precedente, no por sus bondades, sino más bien por su aberración y burda forma de interpretar y plasmar, tendenciosa y manipuladoramente, cada uno de los artículos que conforman esta ley perversa, los cuales no coinciden, tanto en el fondo, la forma y el todo. 

Es decir, se quedaron en el aire, intencionalmente, muchos aspectos relevantes: la autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras, territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derechos a la asociación regional, así como la creación de sus propios medios de comunicación. Ejemplo adicional: remitir la interpretación de la autonomía a cartas municipales. 

De tal suerte, solicitamos al presidente Vicente Fox Quesada se apegue a lo dispuesto en el artículo 72, apartados a y b, que a la letra dicen lo siguiente: 

"a. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente". 

"b. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles, a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido". 

Por lo antes expuesto, retomamos las declaraciones del presidente Fox, en el sentido de que "pocos, los menos que hayan quedado insatisfechos, que hagan sus propuestas y sigan trabajando por la vía institucional para que el asunto quede totalmente resuelto". 

Por otro lado, alzamos nuestra voz, ya que se pone en riesgo la paz y armonía social del país, al no vincularse y beneficiarse directamente a los 10 millones de indígenas, agrupados en las 56 etnias del país. Pues bien, la susodicha ley no refleja el espíritu del indigenismo en México, ya que la manipulación que han hecho los representantes populares acerca de la misma, adolece de los principios básicos, por lo cual el EZLN se levantó en armas. 

En fin, llámese como se llame, falta de comunicación o de conocimiento e interpretación de esta iniciativa constitucional, es de alta responsabilidad y prioridad hacer las observaciones y cambios necesarios, para que no quede la menor duda de que, en ningún momento, se abusó de la confianza y buena fe del pueblo, zapatistas y miembros del Congreso Nacional Indígena, porque quiérase o no, somos los terceros perjudicados, y los dos últimos y más importantes forman parte del conflicto en su contexto histórico. 

José Ramos Cruz, Unión de la Clase Trabajadora, Comité Ejecutivo Nacional 

Señora directora: El 8 de septiembre de 2000, el señor Adrián Sánchez, jefe de Recursos Humanos de la empresa en la cual laboraba, me mandó llamar para indicarme que desde ese momento estaba despedido, situación sorprendente para mí pues nunca antes había recibido ninguna llamada de atención por algún superior. Exigí una explicación y posteriormente una notificación por escrito de la causa de rescisión del contrato. Ambas me fueron negadas diciendo que no tenía por qué hacerlo, que regresara en 15 días por mi cheque y que me retirara, pues ya no era empleado de ellos. 

Regresé en el tiempo indicado, pero pretendían pagarme únicamente las partes proporcionales de mis prestaciones ?incluida la última quincena y mi caja de ahorro, que hasta ahora no he visto?, mas no la indemnización correspondiente, como estipula la Ley Federal del Trabajo cuando existe un despido injustificado, como sucedió conmigo. 

Después de consultarlo con mis padres, decidí entablar una demanda contra Apoyo Empresarial de Servicios, con el nombre comercial de Teletech, empresa trasnacional ubicada en paseo de la Reforma 76 y dedicada a las ventas y servicios por teléfono o telemarketing. La querella se levantó el 3 de octubre de 2000 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con el número de expediente 1385/2000 y folio 17987. Cabe destacar que la mía es una más de la serie de acusaciones existentes contra esa compañía, información que podrá corroborar ante dicha instancia. 

Tras ocho meses de intentar llegar a un acuerdo de los términos de mi indemnización, el 3 de mayo del año en curso los abogados de la empresa presentaron a la Junta un documento con mi firma, el cual indica que yo renuncio voluntariamente y donde supuestamente acepto que mi patrón no me debe nada. 

Con esta misiva hago un atento y enérgico llamado a las autoridades de la Secretaría del Trabajo para que realmente vean por los intereses de los asalariados, pues no es posible que muchas empresas pongan como requisito para dar empleo la firma de documentos en blanco que, dicen, serán utilizados para "cuestiones administrativas y ultimar detalles del contrato", como el que yo firmé el 21 de octubre de 1998, fecha de mi contratación, y que después ilegalmente presentan como renuncia de derechos para justificar un despido que no lo es. No se debe jugar así con la necesidad de empleo de las personas. 

Aún espero que el fallo de la Junta de Conciliación me sea favorable, con un estudio profundo y lógico de mi caso, así como de la aplicación de la ley, que se supone protege al trabajador, ya que injustamente me desprendieron de la fuente de recursos que solventaban mis estudios, y no tengo los medios suficientes para pagar los honorarios de mi defensor. 

No pido se me regale nada, únicamente exijo la indemnización correspondiente por el tiempo que presté mis servicios. 
 
Ricardo E. Flores Márquez