Las conclusiones de la visita a nuestro país del relator de la ONU Dato 'Param Cumaraswamy constituyen un juicio demoledor sobre la herencia desastrosa que dejaron en el país, en materia de procuración e impartición de justicia, los regímenes priístas, pero representa también una advertencia sobre la magnitud de los problemas que tiene ante sí la administración de Vicente Fox para llevar adelante su compromiso de campaña y su propósito de gobierno de sanear las instituciones encargadas de tales tareas. 

En aparente referencia a la "reforma judicial" emprendida por el ex presidente Zedillo con más despliegue publicitario que resultados, Cumaraswamy destacó que "los cambios emprendidos en años recientes no se perciben como una realidad en la sociedad", y señaló que el sistema judicial mexicano sigue "plagado de impunidad y corrupción a gran escala". 

Las consecuencias de los fenómenos de descomposición institucional mencionados por Cumaraswamy están a la vista: una delincuencia a la ofensiva que sobrepasa a las corporaciones policiales en organización, en poder de fuego y hasta en planeación e inteligencia. Dos expresiones alarmantes, pero no únicas, de tal circunstancia, fueron referidas ayer mismo por la Coparmex y la Canaco de Monterrey. 

La primera, por voz del presidente de su Comisión de Seguridad Pública, Arturo Germán, presentó un informe en el cual se señala el involucramiento de servidores públicos --especialmente policías-- en uno de cada diez secuestros perpetrados entre enero y mayo del presente año, donde se contrasta la relativa disminución de este delito con el incremento de la violencia contra las víctimas y se enfatiza la falta de investigaciones oficiales en torno a los llamados "secuestros express". 

La Canaco regiomontana, por su parte, afirmó que la delincuencia organizada se roba al día, en el territorio nacional, un promedio de 20 camiones cargados de mercancía, lo que representa anualmente pérdidas cercanas al medio billón de pesos, y afirmó que muchos de esos asaltos "son por pedidos específicos de mercancías y el asaltante ya tiene por lo regular vendido el producto". 

A la luz de esas cifras, es claro que el saneamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia --uno de los propósitos en los que más ha insistido el gobierno foxista-- es un imperativo moral y legal, y hasta de viabilidad económica. Cabe esperar que, ante este desafío, el gobierno que inició el primero de diciembre del año pasado aproveche su legitimidad democrática y el respaldo ciudadano con el que arrancó para aplicarse a fondo en la limpieza requerida.