El próximo fin de semana habrá de iniciar, en San Antonio, Texas, un encuentro de alto nivel entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para analizar medidas orientadas a crear condiciones mínimas de seguridad en la frontera común y a combatir el tráfico de personas, así como a iniciar la regularización de trabajadores mexicanos que viven en el país vecino privados de derechos y de protección legal. En la reunión participarán, por la parte mexicana, el canciller Jorge G. Castañeda y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, mientras que por la estadunidense acudirán el secretario de Estado, Colin Powell, y el secretario de Justicia, John Ashcroft.

La pertinencia y la urgencia de avanzar en la negociación bilateral en materia de migración ha sido dramáticamente recalcada por la muerte, esta semana, de 14 indocumentados mexicanos en el desierto de Yuma, Arizona, cuando se internaban en territorio estadunidense y fueron abandonados a su suerte por un pollero que aún se encuentra prófugo. Por si hiciera falta, esa tragedia ha dejado en claro que el principal empeño diplomático mexicano ante Washington ha de orientarse a lograr el reconocimiento de la importancia económica y cultural del flujo migratorio de mexicanos y convertir tal reconocimiento en instrumentos bilaterales que regulen el tránsito de trabajadores de un país a otro y eliminen los peligros naturales, la persecución policial y el criminal tráfico de personas que hoy enfrentan los connacionales que acuden al país vecino en busca de mejores perspectivas y condiciones de vida.

Ciertamente, como lo señaló el canciller Castañeda, lo anterior no puede lograrse de la noche a la mañana, especialmente si se consideran las décadas de inacción y pasividad al respecto por parte de los regímenes priístas.

En este sentido, la prioridad absoluta consiste en evitar nuevas muertes en las zonas de colindancia --tanto si se trata de decesos provocados por las inclemencias de los entornos naturales como si se habla de migrantes asesinados a balazos por efectivos de la Patrulla Fronteriza o de civiles voluntarios--, y para ello resulta obligada la cooperación binacional. Pero no deben descuidarse la búsqueda de mecanismos para dignificar la estancia de los trabajadores mexicanos en tierras de la Unión Americana ni el establecimiento de acuerdos migratorios que empezarán, seguramente, por un incremento de las cuotas de visas para mexicanos y que deberán culminar con una política de fronteras abiertas congruente con el Tratado de Libre Comercio ya vigente entre ambos países.

Cabe esperar, pues, que en el próximo encuentro de San Antonio se logren avances significativos en esos temas y no sea una mera reunión más llena de buenas intenciones sin compromiso.