Señora directora: Con el objeto de precisar información publicada en días recientes en este diario, me permito solicitar se publique la siguiente aclaración:

1. Respecto de los recursos de becas escolares, obra en esta Secretaría una relación de 34 niñas y niños indígenas que habitan en Santa Veracruz 43 Col. Guerrero, y Mesones 38 Col. Centro, a los cuales se les ha hecho efectivo este apoyo a partir de marzo de este año. Los recursos fueron depositados en la cuenta Banamex correspondiente, el 5 de julio pasado. Así quedó regularizado el apoyo que les otorga este programa.

2. Con relación al Centro de Atención al Indígena Migrante (Catim), éste fue constituido en 1998, en el marco del programa de coinversión entre el GDF y la Organización Holandesa para la Cooperación Internacional al Desarrollo (Novib), con el propósito de conformar en la capital un centro de atención para la población indígena migrante en materia de asesoría jurídica, atención de necesidades urgentes, promoción cultural, alfabetización, sensibilización de maestros, apoyo en la liberación de presos indígenas, promoción de acceso a vivienda digna y apoyo a traductores indígenas, entre otros. La figura jurídica del centro es Promoción y Enlace Social AC (Pesac).

En 1998 el Catim recibió del GDF, mediante convenio de colaboración, 174 mil 319 pesos; en 1999 630 mil, y en 2000 un millón 379 mil 9 pesos. Por su parte, Novib contribuyó con 630 mil pesos en 1998 y con 693 mil 750 en 1999. Adicionalmente, durante 1998 y 1999 el DIF-DF proporcionó apoyos para operación y mantenimiento. Por su parte, el anterior local del Catim --en el mercado Abelardo Rodríguez-- como el que actualmente ocupa en Ecuador 99, Col. Centro, son propiedad del GDF.

Para el año en curso, al Catim le fue aprobado por parte del GDF un proyecto de 250 mil pesos para el "registro civil y proyecto de alfabetización y capacitación para mujeres indígenas de la ciudad de México". Adicionalmente, en el programa de coinversión social 2001, en el que participan la Secretaría de Desarrollo Social y Novib, le fue aprobado el "programa de cooperación civil" por un monto de 500 mil pesos, que serán aportados de manera conjunta por ambas instituciones, en partes iguales. 

Cabe señalar que la selección de proyectos del programa de coinversión 2001 se hizo a través de una comisión dictaminadora con participación de destacados miembros de la sociedad civil, y cuya presentación se hizo mediante una convocatoria pública.

Durante estos años, el GDF ha mantenido una relación de apoyo y colaboración con las acciones e iniciativas del Catim, como parte de nuestro compromiso con la promoción de los derechos y la satisfacción de las necesidades de las comunidades indígenas residentes en el DF. 

Asimismo, es necesario destacar que el procedimiento utilizado durante el presente año en el programa de coinversión nos ha permitido duplicar el número de proyectos aprobados, con lo cual podremos apoyar otros 95 proyectos de organizaciones civiles diversas, 15 de ellos de organizaciones indígenas y organismos civiles que trabajan con indígenas (el Catim entre ellos).

Dra. Raquel Sosa Elízaga, secretaria de Desarrollo Social del GDF 

Aclaración del Catim

Señora directora: Me refiero a la nota publicada ayer en la página 40 del diario a su cargodigno, bajo el encabezado "infructuosos, los programas indígenas en el DF", suscrito por la periodista María Esther Ibarra, y en la cual se involucra al Centro de Atención al Indígena Migrante (Catim) como fuente de la información. 

Al respecto, consideramos importate, en salvaguarda de nuestra seriedad, manifestar que el Catim no hace eco de la información documentada en la nota referida y no comparte el punto de vista que lo encabeza, de modo que, apelando a la seriedad y credibilidad que ha caracterizado siempre a La Jornada, le solicito publicar en la sección El Correo Ilustrado la siguiente aclaración:

En las últimas dos semanas han aparecido publicadas dos notas que relacionan con el Catim con una aparente tendencia a dar calificativos y consideraciones poco atinadas de la política pública en materia indígena en el Distrito Federal. 

El pasado 5 de julio apareció una nota, según la cual la suscrita califica a esta política de clientelar y el día de ayer apareció ésta a la que me refiero. Al respecto, debemos manifestar que sobre la nota de ayer, el sociólogo Leobardo Sánchez Piña, quien es citado como la fuente de la información publicada, no forma parte del equipo de este centro desde enero de 2001, pues desde esa fecha se desempeña en el Instituto Nacional Indígenista. Respetamos sus puntos de vista, si acaso son los documentados en la nota referida, pero de ningún modo los compartimos.

Sin embargo, como amigo de este centro, tenemos conocimiento de que Leobardo nunca dio una entrevista a la reportera, situación que nos invita a suspicacias, al no entender la fuente real de información que nos compromete. 

El Catim es una asociación civil cuya principal tarea es la de promover convergencias que permitan acercar la política pública, local y federal, con los pueblos indígenas originarios y residentes en el DF.

De modo que para lograr ese objetivo hemos construido una colaboración muy estrecha con diversas instancias del gobierno de esta ciudad, y debemos reconocer que son muchas las instituciones y dependencias capitalinas que nos permiten ser optimistas y pronosticar el éxito de los programas específicos que la administración capitalina ha implementado desde sus más altas esferas para atender directamente a la pluriculturalidad de la ciudad.

Es importante recordar que el Catim es un proyecto que viene trabajando y compartiendo metas con el Gobierno del Distrito Federal desde la administración del ingeniero Cárdenas, a través del Programa de Coinversión Social GDF-Novib-organizaciones civiles y Sociales que, atendiendo al éxito de la experiencia desarrollada en la administración 1997-2000, continúa retroalimentando la colaboración de la sociedad civil con el gobierno a través del nuevo programa en el que también participamos con el apoyo de la actual administración, situación que afortunadamente nos ha permitido ganarnos la confianza de muchas organizaciones indígenas y servir de enlace y voz para sus demandas.

 Invitamos a la periodista María Esther Ibarra --o a quien usted considere oportuno-- para que platique con nosotros y con gusto podamos informarle del cúmulo de programas y proyectos que para atender a la población indígena del Distrito Federal estamos desarrollando en colaboración estrecha con el gobierno de esta ciudad en materias tan diversas como vivienda, educación, salud, registro civil y desarrollo social, entre otras.

Luz Margarita Malo G., directora del Centro de Atención al Indígena Migrante

Preocupa a organismos humanitarios violencia contra activistas

Señora directora: La madrugada del 3 de julio, Marcos Torres Campos, activista de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fue hallado sin vida, ejecutado de cinco balazos en la colonia E.T.I, a un costado de la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, donde más de un centenar de miembros de la OCSS realizaban un plantón indefinido en demanda de insumos y dos millones de pesos en efectivo.

Este hecho fue denunciado por Benigno Guzmán Martínez, a quien, junto con otros dos miembros de la OCSS, Virginia Galeana y Luis Olivares Enríquez, presuntamente les fueron giradas órdenes de aprehensión cuatro días después de ocurrido el homicidio.

El asesinato de Marcos Torres se suma a los más de 49 miembros de la OCSS que sistemáticamente han sido ejecutados desde 1995, incluyendo a los 17 masacrados de Aguas Blancas.

Resulta sumamente preocupante que a pesar del informe, con recomendaciones para nuestro país, que ya se tiene por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto del caso Aguas Blancas, continúe la campaña de hostigamiento y asesinatos sistemáticos en contra de activistas campesinos que luchan por causas sociales, y que estos hechos se mantengan sin esclarecimiento.

Por lo anterior, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) expresan su consternación por esta ola de asesinatos y hostigamiento en contra de los campesinos activistas, e insta una vez más a los gobiernos federal y estatal a que investiguen estos crímenes de lesa humanidad, se esclarezcan los hechos, se castigue a los responsables que continúan en la impunidad, se repare debidamente a los familiares de las víctimas y se acabe con la campaña de persecución y hostigamiento en contra de los miembros de la OCSS.

Integrantes de AFADEM y CMDPDH. Laura Salas, coordinadora de prensa