La resolución emitida anteayer por la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, que sobreseyó el juicio interpuesto contra Augusto Pinochet en virtud de la presunta demencia del acusado, pone de manifiesto las limitaciones de la institucionalidad democrática chilena para procurar e impartir justicia y esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar. 

Aunque la suspensión del proceso es "temporal", parece poco probable que el compás de espera judicial termine antes de que Pinochet alcance la impunidad del sepulcro, toda vez que, para reactivar el proceso, la parte acusadora tendría que demostrar que el ex dictador ha superado la incapacidad mental alegada.

Este desenlace de la larga batalla judicial iniciada hace tres años para juzgar los crímenes de Pinochet es descorazonador para las víctimas sobrevivientes de la dictadura, los familiares de los asesinados y todas las personas de buena voluntad que, dentro y fuera de Chile, esperaban un acto de justicia después de tantas décadas de impunidad absoluta. 

Pero si en términos estrictamente penales ha sido imposible juzgar y sancionar los atropellos y la barbarie del régimen militar instaurado el 11 de septiembre de 1973, no debe perderse de vista que, en el terreno político, las prolongadas y complejas batallas legales que han tenido lugar desde 1998 --año en que el ex tirano fue arrestado en Londres, en respuesta a una petición de extradición del juez español Baltasar Garzón-- arrojan como resultado la destrucción total del pinochetismo y de su máximo jefe.

No debe olvidarse que en ese año Pinochet era el arrogante líder de una corriente totalitaria, articulada y beligerante, que proyectaba una permanente amenaza sobre la precaria democracia chilena. 

Hoy en cambio, después de todas esas gestiones legales, el pinochetismo en Chile es tan impresentable como lo sería el franquismo en la España contemporánea.

El general golpista fue privado de la inmunidad parlamentaria y de su carácter de senador vitalicio, amén de que él mismo se despojó de todo rastro de dignidad: incapaz de argumentar su inocencia ante un tribunal, prefirió alegar demencia ante los médicos, y con ese acto de cobardía terminó por anularse como ser humano.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que mientras en Londres y posteriormente en Santiago se desarrollaba el forcejeo legal para procesar a Pinochet, se reactivaban las querellas legales contra otros altos funcionarios del régimen militar, y en Argentina se incoaban nuevas demandas contra los ex dictadores. 

Como consecuencia de una de ellas, Jorge Rafael Videla fue colocado en prisión preventiva por su participación en la Operación Cóndor, siniestro aparato de coordinación represiva entre los regímenes castrenses sudamericanos en los años setenta y ochenta.

Las gestiones legales contra Pinochet han servido para contrastar la doble moral con la que operan Estados Unidos y sus aliados europeos en materia de delitos de Estado y crímenes de guerra: justicia expedita ante genocidas como Slobodan Milosevic e indiferencia ante genocidas como Pinochet y Videla.