El descubrimiento de cómo se fraguó la conversión de más de 44 mil millones de pesos del quebranto de Nacional Financiera (Nafin) en pérdidas del erario federal --hecho que revela el alcance de presuntas irregularidades cometidas en el rescate a la banca de desarrollo durante la pasada administración-- ilustra una vez más la magnitud de la desorganización y manejos inadecuados en el sistema financiero mexicano.

Poco antes de que concluyera la gestión de Ernesto Zedillo, el ex secretario de Hacienda José Ángel Gurría ordenó a Jonathan Davis, entonces tesorero de la Federación, que el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq) absorbiera 44 mil 595 millones de pesos, cantidad que, según consta en un documento oficial firmado por el mismo Gurría, debía quedar registrada como "pérdida del erario federal". 

Este descubrimiento pone de relieve lo cuestionable de las formas utilizadas por el gobierno federal para justificar y tapar huecos millonarios en el erario. Además, resulta en verdad inexplicable que el actual director general de Nafin, Mario Laborín, haya avalado los quebrantos en la institución, limitándose a reconocer sistemáticas pérdidas de capital en los últimos años. 

Es necesario que los involucrados en el rescate de la banca de fomento --que tuvo un costo superior a los 100 mil millones de pesos--, algunos de ellos en funciones en la actual administración, como Jonathan Davis, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), den una explicación detallada de estas oscuras operaciones financieras. Deben exponer con toda claridad las razones por las que se autorizó la conversión de dichos activos en pérdidas y aclarar si las operaciones contaron con el debido respaldo normativo y legal. 

Tras la revelación que publica hoy La Jornada, es indispensable que las autoridades competentes profundicen en la investigación, si es que se desea recuperar algo de confianza en las instituciones gubernamentales. Sobre todo cuando se trata de los bancos responsables de fomentar el desarrollo. ¿Cómo se pretende el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con Nafin en quiebra, y peor aún, cuando aparentemente su capital tiende a desaparecer tras el tronar de dedos de un secretario de Hacienda? 

Es de todos sabido que las instituciones de la banca pública nacional han realizado actividades que se ubican fuera de su ámbito de competencia; incluso instituciones como el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) se ganaron en algún momento el sobrenombre de cajas chicas del gobierno. 

Las irregularidades están al descubierto en el Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; los costos reales, en una deuda pública insostenible.

Antes de pensar en reactivar la banca de desarrollo, es necesario que el gobierno federal se comprometa a limpiar las tinieblas del rescate al sistema financiero, y aclare qué fue lo que sucedió con esos miles de millones de pesos.