De acuerdo con informaciones recabadas por este diario, entre 1990 y 1992 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó un pormenorizado estudio sobre las desapariciones de personas, ocurridas en el marco de la guerra sucia que tuvo lugar en Guerrero en los años setenta contra los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. En ese documento se de cuenta de 206 casos de desapariciones denunciadas, particularmente de 29 personas que fueron detenidas por cuerpos policiales y militares, 14 de las cuales tenían, en 1992, "una alta posibilidad" de estar vivas, a decir del texto elaborado en ese año.

A la postre, a las desapariciones referidas se sumó la del propio documento, el cual no fue dado jamás a conocer a la opinión pública. Por alguna razón desconocida, la CNDH, entonces presidida por Jorge Carpizo, optó por esconder el informe y escamotearlo incluso de los archivos de la institución. Por ello, la CNDH "tuvo que partir de cero" en el caso de las desapariciones de los años setenta en Guerrero, como lo declaró recientemente el actual titular de la comisión, José Luis Soberanes.

El hecho pone al descubierto un ocultamiento de Estado injustificable y una utilización patrimonialista y facciosa de información que debe ser pública, y pone bajo sospecha --en tanto no se aclare-- todo el desempeño de la CNDH en tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Carpizo, por su parte, está moralmente obligado a explicar las razones por las cuales se decidió ocultar a la sociedad la investigación mencionada, a pesar de los insistentes y atendibles reclamos de los familiares de los desaparecidos y de organismos humanitarios que durante décadas han venido pidiendo el esclarecimiento del paradero de centenares de mexicanos que desaparecieron o fueron desaparecidos en el curso de la confrontación armada entre los cuerpos militares y policiales y los grupos armados de Guerrero.

Ahora no sólo es imperativo conocer toda la verdad sobre el destino de esas personas sino, también, hurgar en las miserias institucionales que, como la referida, han hecho posible el encubrimiento del terrorismo de Estado que se aplicó en Guerrero hace tres décadas.