Si algo quedó claro después de la reunión en Washington de los titulares de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, y Gobernación, Santiago Creel, con el secretario de Estado, Colin Powel, y el procurador de Justicia, John Ashcroft, es que los gobiernos de ambos países no tienen la menor prisa por encontrar soluciones a la migración mexicana indocumentada al vecino país del norte. 

Pese a que haya quienes consideran la reunión como un hito en la historia de la relación bilateral, este tipo de encuentros no representa ninguna novedad. Hace 11 años, por ejemplo, el llamado Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares inició, en el contexto de la Comisión Binacional México-EU, una serie de reuniones periódicas para avanzar en las negociaciones sobre este fenómeno. Sin embargo, durante este periodo no hubo ningún cambio considerable en la política migratoria y se registró una intensificación del flujo de indocumentados. 

Si bien es cierto que el tema ocupa actualmente un lugar prioritario en la agenda bilateral y que EU le está dando mayor importancia, las declaraciones de los políticos de ambos países apuntan a un intenso y prolongado debate en EU, antes de que el Congreso de ese país apruebe cualquier cambio fundamental de política migratoria. 

El agudizamiento de las disparidades económicas entre ambos países, la demanda de fuerza de trabajo migrante, las medidas represivas de control en la frontera, las violaciones a los derechos humanos, los ingresos que representan para México y la secular tradición migratoria son algunos de los factores que han complicado las negociaciones diplomáticas. 

El tema es espinoso y el gobierno estadunidense --como en todos los temas de la agenda bilateral-- es el que ha llevado la sartén por el mango y marcado el ritmo en las negociaciones. Y a la luz de lo ocurrido ayer, lo seguirá haciendo.

Desde su nombramiento, el canciller Castañeda dijo que México asumiría una postura firme para promover un cambio en la política migratoria en favor de los derechos de los connacionales que radican en EU. Pero ayer nadie habló de programas de regularización o legalización ni de propuestas concretas en materia de derechos humanos. El titular de la SRE se limitó a indicar que se están realizando "avances importantes". 

Nuevamente la tibia iniciativa mexicana dependerá de los resultados del debate en EU entre las fuerzas políticas, sindicatos, cámaras comerciales, el sector religioso y los representantes del gobierno de Bush. Así, pueden pasar otros 10 u 11 años antes de que el Congreso estadunidense reciba un proyecto consensado. 

El fenómeno migratorio es un problema estructural y el principal factor que lo ocasiona es la expulsión de fuerza de trabajo debido a carencias económicas. Dado que a corto plazo no se vislumbra ninguna mejora en la economía mexicana que ofrezca un mínimo de oportunidades a migrantes potenciales, el tiempo y flexibilidad que demanda Powell para alcanzar consensos será proporcional al flujo migratorio. Por lo pronto, de cara a la reunión Fox-Bush programada para septiembre, el único avance en la materia es el inicio de un debate que lleva por lo menos diez años en la mesa de negociación.