Es cosa sabida que entre las declaraciones y las realidades media generalmente un abismo. El equipo gubernamental encargado de los 15 programas especiales dedicados a la población marginada parece empeñarse en confirmar el refrán de que "del dicho al hecho, hay mucho trecho", o quizá espera ganar el Guinness del ahorro. 

Por ejemplo, mientras el Presidente de la República sostiene en el país y en el extranjero que desea resolver rápidamente el problema de Chiapas y la injusticia y desigualdad que vive la población indígena, la cual reside en su mayoría en el sureste; el programa de desarrollo para esa región, en el primer semestre de este año, sólo ha avanzado 2.2 por ciento. 

Lo mismo sucede con el problema acuciante del desempleo y del subempleo, en momentos en que la disminución de la actividad económica en Estados Unidos y en nuestro país lanza a la desocupación a decenas de miles de trabajadores y reduce la válvula de escape de la emigración: el Programa de Empleo Temporal sólo ha aplicado 14.1 por ciento de su presupuesto y, el de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados, 17.8 por ciento. 

Al mismo tiempo, en diversas partes del país los campesinos ocupan casetas, carreteras, sedes de instituciones oficiales o hacen manifestaciones. Sin embargo, el programa de Alianza para el Campo sólo ha ejercido un quinto de su presupuesto, es decir, 22.8 por ciento.

De estas cifras, proporcionadas por la Secretaría de Hacienda, resulta que sólo se han ejercido 37 mil 455.400 millones de pesos sobre un total asignado de 100 mil 822.700 millones, o sea, 37.1 por ciento.

De entrada es posible pensar en la impericia de los funcionarios para manejar adecuada y oportunamente los recursos asignados, pero también en la posibilidad, tan real como la anterior, de que Hacienda esté reteniendo los recursos en aras de la sacrosanta economía.

A ello se agrega el temor de los novatos a la Contraloría y a incurrir en fallas que pueden ser denunciadas y, para evitarse problemas, por consiguiente, se elige el inmovilismo y la postergación, lo cual lleva a la paradoja de que programas de por sí insuficientes y destinados a paliar gravísimas y añosas carencias sociales no son ejercidos en su plenitud.

A esta anomalía contribuye, sin duda, el fundamentalismo teórico de algunos economistas: la idea falsa según la cual los gastos del Estado fomentan el déficit público, que es la Bestia Negra, mientras los pobres siguen esperando a un gobierno que dice tener rumbo.