De acuerdo con cifras publicadas en esta edición, a nueve meses de iniciado el nuevo gobierno, la banca privada, por medio del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab), sigue consumiendo los recursos públicos a un ritmo semejante, o peor, que en el sexenio pasado, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo promovió la escandalosa e inmoral conversión de más de 50 mil millones de dólares de deudas particulares en déficit público. Durante el primer trimestre del año en curso, a los bancos "salvados" en el marco del Fobaproa el erario público les transfirió 12 mil 584 millones de pesos por concepto de intereses del pagaré Fobaproa, suma que representa más del doble de las utilidades del sistema bancario.

En la lógica perversa generada por el rescate bancario y, posteriormente, por el Ipab, concebido por los panistas de la Legislatura pasada para legalizar, encubrir y "blanquear" las turbias operaciones del Fobaproa, el interés de los capitales financieros internacionales por adquirir bancos mexicanos -que fueron llevados a la quiebra por la ineptitud y la corrupción de sus propietarios- no está en proveer de servicios bancarios al mercado mexicano, sino en beneficiarse de los cuantiosas sumas públicas que reciben las instituciones de crédito como premio a su inutilidad. Un caso revelador es el de la reciente compra de Bancomer por parte del consorcio español BBVA: los adquirientes ofrecieron aportar recursos frescos al sistema bancario por unos mil 400 millones de dólares; lo que no se dijo es que Bancomer recibe, al año, una suma equivalente por intereses de los 83 mil 653 millones de pesos que le adeuda el Ipab, es decir, el erario público, por su cartera incobrable.

Como se ha señalado en forma reiterada, es inconcebible que semejante atraco a la nación no se traduzca en responsabilidades administrativas, penales y políticas específicas por parte de funcionarios que debieron supervisar el funcionamiento honesto de los bancos privados, así como de quienes, en su momento, debieron sanear el traspaso de cartera al Ipab. Así lo reconoció ayer el procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, quien señaló que los vocales del Ipab tienen intereses incompatibles con su cargo que los vinculan a los banqueros; asimismo, el funcionario dio a conocer un desfalco por 140 millones de pesos en Inverlat que no parece ser sino un botón de muestra del desaseado manejo de los bancos desde que éstos fueron privatizados.

En suma, ni el Fobaproa ni el Ipab han cumplido sus objetivos de asegurar la subsistencia de un sistema financiero nacional, toda vez que las instituciones de crédito del país ya pertenecen mayoritariamente a grupos extranjeros; el rescate zedillista se ha traducido en una ruinosa sangría de recursos públicos que ni siquiera es garantía de una banca eficiente y útil para la sociedad; salta a la vista, finalmente, que de mantenerse vigentes los actuales términos de subsidio de la nación a los banqueros privados, no será posible reactivar la economía ni empezar a resolver los más candentes problemas en materias de salud, educación, vivienda y combate a la pobreza. Si el gobierno del presidente Vicente Fox pretende mantener y ensanchar sus márgenes políticos y su legitimidad, debe restituir los recursos públicos a la sociedad y enviar a la cárcel a los responsables del quebranto.