Ayer compareció ante diputados de la Comisión de Defensa Nacional el secretario del ramo, general Ricardo Vega García, en lo que constituye un hecho sin precedente que rompe una más de las perniciosas "reglas no escritas" del extinto sistema político mexicano. Durante siete décadas los responsables de las fuerzas armadas fueron mantenidos al margen de la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo al Legislativo. Cabe saludar el final de esa excepción a la normalidad legal y republicana, pues colocaba el quehacer de las instituciones castrenses en un terreno oscuro, propicio a la sospecha y el rumor, y auspiciaba una indeseable distancia entre el ámbito civil y el militar. Además de ser un signo auspicioso de transición, el contacto entre el titular de la Sedena y los legisladores contribuyó a situar en su justo sitio el papel del Ejército ante el accionar de organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), toda vez que el propio secretario de la Defensa señaló que no es su dependencia, sino la Procuraduría General de la República (PGR), la entidad responsable de investigar a tales grupos.

Precisamente a este respecto ayer mismo tres destacadas personalidades políticas expresaron posturas similares y plausibles sobre la manera de afrontar la presencia y el desarrollo en el país de grupos políticos armados: el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Espinosa Reyes, y la esposa del presidente Vicente Fox, Martha Sahagún. Hicieron eco de la actitud externada la víspera por el titular del Ejecutivo en el sentido de propiciar, mediante el diálogo, la desactivación de tales grupos.

Asimismo, en términos distintos y con variados énfasis, el dirigente patronal, el jerarca católico y la ex vocera presidencial coincidieron en la necesidad de avanzar en la superación de las exasperantes condiciones de pobreza y marginación que, en diversos entornos geográficos y sociales del país, han hecho posible --si no es que inevitable-- el surgimiento de movimientos armados.

Debe recordarse que el señalamiento referido es correcto, pero no suficiente, si se considera que una parte importante de tales movimientos está directa o indirectamente vinculada a comunidades indígenas y que éstas, en el caso de Chiapas, no sólo se alzaron en armas en demanda de justicia social, sino también de reconocimiento y de dignidad. La administración de Ernesto Zedillo pretendió solventar el conflicto mediante la aplicación, en las áreas de conflicto, de cuantiosos recursos presupuestales --que, de todos modos, no llegaron a sus supuestos destinatarios-- pero sin ceder en el reconocimiento de la identidad y los derechos de los indígenas; recurrió, por el contrario, a una estrategia de hostigamiento y represión y a la negación, en los hechos, de los acuerdos de San Andrés.

Hoy el país ha avanzado en materia de democratización, pero ello no ha significado atenuación alguna en las condiciones de miseria y opresión política y social que enfrentan las comunidades indígenas. La expresión legislativa de la clase política optó por dar la espalda a los acuerdos de San Andrés y aprobó unas reformas constitucionales que los desvirtúan y distorsionan; en tal circunstancia, resulta improcedente reducir a la pobreza los motivos del descontento. El México oficial debe involucrarse en el desarrollo de la justicia social, pero también de la dignidad y el reconocimiento, para extensos ámbitos del México real; en tanto no se avance por esa doble vía y no se subsane de raíz una fractura nacional que ya nadie puede negar, no habrá condiciones para la desactivación profunda y definitiva de las diversas expresiones políticas armadas.