Señora directora: Agradeceremos la publicación de la presente dirigida al presidente Vicente Fox para que demandarle justicia agraria, que haga efectiva la resolución de 1964 y se nos restituyan las tierras que nos fueron despojadas por la corrupción:

Quienes acudimos ante el presidente Adolfo López Mateos con una solicitud de dotación de tierras de riego para 160 solicitantes fuimos beneficiados con el predio Capetamaya, ubicado en el municipio de Navojoa, Sonora, lotes 7-17-18. Lo anterior está publicado en el Diario Oficial de la Federación, según proyecto de resolución presidencial signada por el entonces presidente en 1960 y ejecutada en 1992, según consta en el plano definitivo registrado en los archivos de los tribunales agrarios. Ambas resoluciones existen y están plenamente documentadas. El plano definitivo a ejecutarse está firmado por Armando López Nogales, entonces subsecretario de la Reforma Agraria y actual gobernador de Sonora.

Señor Presidente: de 1938 a la fecha hemos tocado infinidad de puertas en busca de la restitución de nuestras tierras y de que se haga efectiva la resolución presidencial de 1964. Fuimos despojados de nuestro patrimonio con artimañas y por fuertes intereses económicos que predominan. 

Nuestras diligencias se han enfocado ante la autoridad agraria de manera institucional y hemos solicitado el apoyo de la autoridad estatal, quienes se han declarado incompetentes para dar una solución al asunto. aunque esperábamos al menos su apoyo como mediadora entre las partes .

La dotación de tierras fue modificada, ya que la Resolución de 1964 especifica claramente que nos corresponde el predio Capetamaya y no el de Las Animas, con lo que pretendieron compensarnos para beneficiar a los yoris, ahora supuestos dueños. Un grupo reducido de compañeros sí tomaron posesión en Las Animas pese a que eran terrenos de agostaderos, sin embargo, pronto se retiraron pues no era factible desarrollar actividades agrícolas.

Nuestro peregrinar y lucha no ha cesado. Hemos viajado a la ciudad de México para entrevistarnos con las autoridades agrarias, quienes nos dan la razón y se sorprenden al saber que no existe el ejido Antonio Rosales, sino que está en manos de terratenientes de manera ilegal, quienes han buscado el amparo de la justicia para resguardar las tierras que actualmente poseen (mil 600 hectáreras) en reiteradas ocasiones, aunque la resolución de la autoridad competente se los ha negado.

Hemos buscado el apoyo de representantes populares; algunos nos han atendido hasta cierto punto positivamente, otros han utilizado nuestra situación para llevar agua a su molino. Con UNORCA nos sumamos a un plantón frente al Palacio del Gobierno del estado para tratar diferentes problemas agrarios como el nuestro. Se abrieron mesas de trabajo, pero no nos dejaron participar, ya que quienes sí estuvieron presentes eran los líderes de esta organización, pero no se nos resolvió nada. 

En todo este tiempo hemos padecido la represión, incluso fuimos privados de nuestra libertad por elementos de la Policía Judicial del Estado. Cuando intentamos posesionarnos de nuestros terrenos en varias ocasiones fuimos señalados como invasores y, en consecuencia, nos hicieron salir. Nuestra lucha continúa; vamos a agotar todas las alternativas institucionales. Ahora nos queda sólo una: una entrevista con usted para entregarle personalmente los documentos que avalan lo aquí expuesto. No vamos a cesar, vamos con todo y esperemos no tener el mismo resultado de nuestros compañeros de San Ignacio Río Muerto. Estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida a cambio de que se nos haga justicia.

Los cauces institucionales se están agotando, por lo que nuestra lucha, en caso de ser necesario, se haría radical. Esperamos no vernos en la necesidad de tomar casetas con el respaldo de núcleos ejidales hasta que se haga efectiva la resolución presidencial de 1964.

Atentamente:

Antonio Rosales, representante del grupo 

Agredida por filmar policías en Carrefour

Señora directora: Hace algunos días tuve un altercado con guardias privados de Carrefour (calle Miguel Laurent) por querer filmar una pipa de Gas LP y un camión repartidor de refrescos estaban subidos en la banqueta. La rampa estaba llena de camiones al que se sumó un tráiler que llegó tocando el claxon al máximo para que todos se quitaran y poder subir, aunado a otros coches que hacían lo mismo.

Era imposible que los automóviles pasaran; todo un caos vial y una escandalera, por lo que pedí a mi vecino que filmara la situación, sin embargo, al accionar su cámara, un grupo de policías de Seguridad Pública le indicaron que no podía hacerlo, que estaba en un centro comercial donde estaba prohibido filmar. Mi vecino argumentó que estaba en la calle y tenía toda la libertad de hacerlo.

Se armó todo un lío. Mi vecino y yo nos vimos en una situación violenta, con golpes y empujones y se nos amenazó con remitirnos a la cárcel. Desde que los guardias llegaron mi vecino los filmó. por lo que querían quitarle la cámara, lo cual por supuesto no permití. Uno de ellos me dijo que me llevaría a la cárcel por faltarle a la autoridad y casi me lleva, aunque no me dejé.

Otro quiso meterse a mi casa y atoró la puerta con un pie para evitar que cerráramos. Fue hasta las 12:45 horas que se retiraron en una camioneta por Av. Universidad. Ya estamos cansados de tantos atropellos, abusos y prepotencia de Carrefour, que es quien paga a policías, patrullas y grúas para que se lleven los carros de los vecinos al corralón, pero no a los camiones de este centro comercial. Hago responsable a Carrefour de lo que a mi persona, familia y pertenencias pudiera pasarles.

Atentamente:

Lic. Judith Pérez Monagas

Reactivar la economía de guerra, pretensión de EU, señala

Señora directora: Recuerdo que fue en la década de los cincuenta cuando tuve conciencia, por primera vez, que los movimientos de inconformidad -laborales, escolares y sociales- se le atribuían al comunismo, opiniones arregladas que fueron difundidas en gran medida por los medios de comunicación y calificadas por sociólogos como muestras de anticomunismo irracional, que causaron muerte o encarcelamiento a millares de personas en el mundo.

Me permito utilizar una expresión similar, antiterrorismo irracional, que ha comenzado a usarse a raíz de los actos terroristas en Estados Unidos, que ha originado que jefes de Estado expresen al presidente Bush su solidaridad incondicional en esta "guerra santa" en contra del terrorismo, conducido, según su gobierno, por Osama Bin Laden con la protección de países como Afganistán, por lo que ya puso en estado de alerta a su ejército y fuerzas armadas para emplearlas en caso de que el susodicho no se entregue a la "justicia" estadunidense.

A esa santísima guerra le han proporcionado, también, apoyo y solidaridad, organismos como la OEA y la OTAN, actitudes todas ellas que pueden desatar un grave conflicto.

Señora directora: ante la recesión de EU, se vislumbra que este país desea reactivar su "economía de guerra", creando conflictos graves e innecesarios como lo hicieron en Corea y Vietnam, y aumentar la venta de armas y de elementos bélicos a una buena parte de naciones del mundo, entre ellas a las del Medio Oriente, por lo que no es difícil intuir que, en el futuro, los movimientos guerrilleros de inconformidad social y los de rechazo a la economía capitalista globalizadora y neoliberal sean catalogados como terroristas, lo que acentuará en la gente un temor visceral, es decir, un antiterrorismo irracional.

Dr. Julio Molina Esquivel

Niega que Philip True fuera alcohólico

Señora directora: El 7 de septiembre leí un artículo sobre mi esposo. Me pareció bastante equilibrado y fundamentado. Sólo quiero agregar que mi esposo nunca fue alcohólico, ni jamás se sometió a algún tipo de tratamiento para conbatir esa enfermedad.

Martha P. True

Ignoran en Miguel Hidalgo riesgos por edificio dañado

Señora directora: Le pido publicar la siguiente carta dirigida al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador:

Soy propietaria de un edificio de departamentos que ha sufrido daños estructurales debido a una construcción que se realiza justo detrás. Por ello, hace más de un año, notifiqué la situación a Arne A. Ruten Ang y César R. Margáin, delegado y subdirector de licencias de construcción y uso de suelo, en Miguel Hidalgo, respectivamente, motivo por el cual nos pidieron a las partes involucradas presentarnos a una "comparecencia" (expediente SODU/SLCUSA/5651/2000) el 3 de noviembre de 2000. 

Como apoderado de Promotora Cuitzeo SA de CV se presentó Daniel David Kafka Yaari, quien se comprometió a reparar los daños actuales y los que aparezcan en el futuro, pero hasta la fecha no ha respetado el compromiso. Las faltas son que nunca se llevó la clausura correspondiente como sanción por las fallas técnicas de construcción y motivo de los daños estructurales, grietas y muros vencidos que afectan a cuatro departamentos.

Hemos pedido la intervención de Protección Civil en tres ocasiones y aunque acudieron no tomaron ninguna medida preventiva, ni sancionaron a la constructura, ni corroboraron técnicamente los daños. A casi un año, las autoridades no han llamado a los involucrados para conocer la resolución. Después de dirigirme a la Contraloría General del Distrito Federal nuevamente acudí a la primera instancia, pero tampoco ahí me han dado respuestas. ¿Alguien nos puede contestar? ¿Alguien puede tomar alguna medida de protección?

Atentamente:

Ma. Concepción Méndez A.