Informes enviados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a Contraloría federal indican que hasta la fecha sigue sin comprobarse el gasto de 13 mil 300 millones de pesos de los ramos presupuestales destinados a combatir la pobreza durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

La Sedeso turnó el caso a la Secodam después de que la Dirección General de Planeación de la primera no ha logrado justificar a la fecha el destino de esta escandalosa suma, que representa 44.8 por ciento del total de los recursos canalizados por el gobierno federal al combate a la pobreza entre 1994 y 2000.

Corresponde ahora a la Contraloría proceder con las investigaciones necesarias y, en caso de comprobar irregularidades en el uso de estos recursos, actuar penalmente en contra de quienes resulten responsables, ya que este monto no se pudo esfumar sin el conocimiento y complicidad de funcionarios de la esa administración. 

Si bien la Secodam ha obstaculizado el ejercicio administrativo del sector público, al demandar requisitos burocráticos que rayan en lo absurdo y en no pocas ocasiones ha demostrado falta de claridad, lo escandaloso del gasto no comprobado merece que se investigue con el mayor cuidado y presteza. 

Es por ello necesario que la indagación comience en las delegaciones de Sedeso que, por algún motivo, han diferido la entrega de informes de justificación del gasto, como las de Oaxaca, las cuales mantienen sin comprobar 90 por ciento de la obra ejecutada, además de otras como las de Puebla, Durango y estado de México. 

Resulta por demás reprobable que este presumible acto de corrupción implique dinero recaudado por la vía impositiva y destinado a los más necesitados, hecho que pone en entredicho la cautela en el ejercicio del gasto público de la que se ufanó Ernesto Zedillo durante su administración.

Es precisamente ahora, cuando la economía se encuentra estancada y los pronósticos distan de ser alentadores, que la transparencia en el uso de los recursos públicos y el combate frontal de la corrupción -aun si corresponden a administraciones anteriores- debe ser una prioridad para el actual gobierno, si es que se pretende recuperar algo de la confianza social.