Los resultados de la evaluación en materia educativa realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y Económicos (OCDE), que ubican a México en un vergonzoso penúltimo lugar, han puesto en relieve las enormes carencias del sistema educativo nacional, cuyo nivel de calidad ha sido mermado por las constantes reducciones a los presupuestos oficiales destinados a la educación pública.

Según la OCDE, el bajo rendimiento de los estudiantes mexicanos se debe a la "inequitativa distribución de la riqueza familiar" y a que México invierte un monto de recursos por estudiante equivalente a 25 por ciento de lo que destinan las otras naciones que integran el organismo. 

Para hacerse una idea más precisa de la dimensión del problema, resulta necesario mencionar que el gasto nacional en educación como porcentaje del PIB ha oscilado entre 4 y 5.5 por ciento durante la última década, y hasta la fecha no hay señales de incremento en este rubro, por lo menos no en el proyecto de presupuesto 2002. 

Por lo pronto, la promesa de Vicente Fox de destinar 8 por ciento del PIB a la educación al término de su administración parece tan lejana como el lugar que obtuvieron los estudiantes mexicanos en dicha evaluación.

El gobierno federal parece no discernir que la falta de recursos es el principal factor que ha provocado la caída en la calidad de la educación. Por ello, llama la atención que el secretario de Educación Pública, Reyes Tamez, señale, por una parte, que es indispensable contar con mayores recursos para mejorar la calidad, pero matice argumentando --sin más precisiones-- que aun sin ellos "nosotros tenemos la convicción de que el sistema educativo se puede mejorar buscando estrategias diferentes".

¿Cuáles son estas "estrategias" para elevar el nivel educativo sin antes incrementar el presupuesto?

Proporcionar la educación laica y gratuita en los niveles preescolar, primaria y secundaria es una obligación del Estado, de acuerdo con el artículo 3º de la Constitución. Sin embargo, la calidad de la educación en el país poco tiene que ver con el número de alumnos matriculados. 

De nada sirve presentar avances numéricos si no existe un proyecto definido sobre el papel del Estado como garante de la educación pública gratuita y si no se considera este rubro como prioritario en el presupuesto federal.

Los deficientes resultados en la evaluación de la OCDE llaman a reflexionar sobre la tendencia a formar profesionales en función de las constricciones inmediatas de la demanda laboral, ya que eso equivaldría, como lo han expresado diversos analistas, a confundir el conjunto de las necesidades sociales con los intereses del mercado y a renunciar, por tanto, al papel educativo de los gobiernos en sus diferentes niveles.

Si bien es necesaria la formación de técnicos, no se puede lograr una enseñanza de calidad si no se apoyan los estudios de las ciencias sociales y las humanidades en general. 

Desarrollar planes de estudio, en cualquier nivel, ad hoc a las demandas del mercado puede ser una salida inmediata, pero no resolverá el problema de fondo. Urge un proyecto educativo a mediano y largo plazos que sea congruente con la realidad. El primer paso debe ser el incremento al presupuesto para la educación pública, tal como lo demandan maestros normalistas afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o los miles de estudiantes y académicos de la universidad que no dejan de advertir sobre las consecuencias de la escasez de recursos. 

Sólo así, dando a la educación pública el lugar que merece en el proyecto nacional y, por consecuencia, en el presupuesto federal, podremos hablar de resultados.