SABADO Ť 8 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Esterilizaciones forzadas, entre los casos

Documenta la FIDH violaciones a derechos de indígenas en estados

VICTOR BALLINAS

Camilo Castellanos, miembro de la misión de trabajo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que visita el país para constatar la situación de las comunidades indígenas, destacó que "visitamos en Oaxaca pueblos donde no hay hombres adultos, sólo mujeres que se hacen cargo de los hijos y del trabajo del campo, pues éstos han emigrado hacia las maquilas de la zona fronteriza".

Además, en Oaxaca y Veracruz "vimos la desolación de las comunidades por la caída de los precios del café. No lo compran, lo pagan muy bajo y los campesinos prefieren que se pierda el cultivo. Lo mismo pasa con la piña. No hay apoyos para el campo y hay crisis del maíz".

Castellanos es director del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos en Colombia, su país de origen. Fue coordinador de la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en 1998, y ha escrito numerosas publicaciones sobre la situación de los derechos en ese país y en América Latina. Forma parte de la misión de trabajo de la FIDH que durante diez días recorrió pueblos de Oaxaca, Veracruz, Guerrero y el Distrito Federal.

Alain Brigy, vicepresidente del tribunal de gran instancia de Toulouse, quien ha realizado estudios de derecho en la Escuela Nacional de la Magistratura y también forma parte de la misión de la FIDH, expresó que durante su visita al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Genaro David Góngora Pimentel, éste les dijo que sólo se tiene un caso de controversia constitucional al que esa instancia le dio entrada en relación con la reforma indígena, y en esa ocasión la votación fue muy cerrada. Dijo que votó en favor del proyecto; esto es, por la inconstitucionalidad, pero afirmó que estaba arrepentido.

"Nos dijo -abundaron los miembros de la FIDH- que hay como 300 recursos interpuestos contra esa reforma, y nosotros comentamos que hay mucha desinformación en las comunidades porque ellos hablan de una ley indígena y lo que se aprobó es una reforma constitucional. Hay que dejar eso bien claro. No es una ley sino una reforma, así hay que explicárselo a los pueblos beneficiarios."

Birgy y Castellanos dijeron que "constatamos que los servicios de salud en las zonas rurales e indígenas de México hay problemas, incluso de esterilización forzada hacia mujeres, aunque también nos dijeron que se registraron casos de contracepción masculina en Guerrero".

"Nos expusieron varios casos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En este último está el caso de una mujer indígena a la que le colocaron un dispositivo sin su consentimiento para recibir beneficios del programa Progresa. Como no dejan registro de esa práctica, que es obligatoria, en la segunda revisión otro médico le colocó un segundo dispositivo intrauterino, y hasta que la mujer se puso muy enferma y fue llevada al hospital se dieron cuenta que tenía dos aparatos para evitar que tuviera hijos", relataron los de la FIDH.

"Nos llevamos documentos, testimonios de casos y un estudio sobre esterilizaciones forzadas a indígenas. Tenemos documentados casos de negligencia médica en Oaxaca contra indígenas en hospitales de IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, sobre todo con las mujeres."