SABADO Ť 8 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť José Luis Manzo

Presupuesto federal y salarios en Pemex

Por segundo año consecutivo, lo que pagará el gobierno en 2002 por concepto de intereses del IPAB (28 mil 500 millones de pesos) casi duplica el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. Los renglones que integran el gasto social (educación, salud, seguridad social, laboral, abasto, asistencia social, desarrollo regional y urbano) recibirán en 2002 un presupuesto menor al de 2001, en 4.5 por ciento en términos reales, y como porcentaje del PIB será 9.6 por ciento, contra 10.6 por ciento en 2001. Lo peor es que esta primera propuesta de presupuesto de gasto social será recortada todavía más en estos días, porque Hacienda considera que los ingresos del gobierno en 2002 serán menores a los estimados inicialmente debido a que el precio del petróleo de exportación será menor al previsto. En cambio, los intereses del IPAB son intocables, y deberán pagarse en cualquier situación.

En el caso de Pemex, frente a ingresos que disminuyen por la exportación de petróleo, los gastos de inversión también se recortan, pero el gasto corriente se incrementa, particularmente los salarios de los altos funcionarios.

Con la llegada del gobierno foxista, marcada por la fuerte presencia de ejecutivos que trabajaban para importantes corporaciones privadas internacionales, los salarios de los altos funcionarios de Pemex (de gerente a director general del corporativo) se incrementaron significativamente. No conocemos los datos precisos, pero el aumento debió ser importante, pues se llegó a la conclusión de que, para evitar que esos salarios quedasen muy por arriba del resto, era necesario incrementar los de los funcionarios del rango inferior siguiente, subgerentes (niveles 41, 42 y 43) y superintendentes generales (niveles 39 y 40); salarios que fueron compactados a uno solo dentro de cada categoría.

Documentos oficiales muestran que el salario del subgerente aumentó 73 por ciento, al pasar de 45 mil 167.77 a 79 mil 137.38, mientras que el del superintendente general se incrementó en 58 por ciento (pasó de 40 mil 167.77 a 63 mil 464.06). Por lo demás, estos incrementos, que fueron aprobados el 31 de julio de 2001, se hicieron válidos no a partir del día siguiente, primero de agosto, sino desde el primero de enero, razón por lo que Pemex debió pagar las diferencias de salario acumuladas entre enero y julio, cuyo importe para el subgerente fue de 228 mil 638.20 y para el superintendente de 152 mil 449.60; pagos que fueron cubiertos en tres exhibiciones, el 24 y 31 de agosto y el 7 de septiembre.

Mientras tanto, la inmensa mayoría del personal de confianza (niveles 30 al 38) sólo recibió 8.5 por ciento de incremento al salario ordinario que se otorgó al personal sindicalizado, y un aumento promedio de 10 por ciento a sus compensaciones y estímulos. Además del bajo incremento en sus ingresos, para ellos no hubo pagos retroactivos, pues los incrementos fueron aplicables a partir del primero de agosto.

Esto ha generado protestas por parte de ese personal de confianza, que no han sido atendidas a la fecha. Los técnicos que trabajan en los complejos procesadores de gas de Cactus, Nuevo Pemex, La Venta y Ciudad Pemex, el 31 de agosto pasado enviaron un extenso documento al director general, Raúl Muñoz Leos, en el que exponen las razones de su inconformidad y exigen un trato equitativo, conforme a la ley. Poco después, el 20 de septiembre la Coordinación Nacional por el Desarrollo de la Industria Petrolera de México, AC (Conadipme), que agrupa a siete organizaciones de técnicos y profesionistas de Pemex en activo y jubilados y a diversos analistas y académicos, envió al mismo funcionario una carta en la que se argumenta en el mismo sentido. El Congreso de la Unión ya ha sido enterado del asunto, pues copia de este último documento fue turnada a los ocho coordinadores de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y los cuatro de la de Senadores.

La Cámara de Diputados debe tomar medidas para hacer transparentes y regular los salarios de los altos funcionarios públicos, y sujetar su incremento a criterios aplicables al resto de los trabajadores. Tales medidas pueden quedar incorporadas al Presupuesto de Egresos para 2002, estableciendo reglas de operación precisas que impidan a la alta burocracia operar como juez y parte al autoasignarse salarios y prestaciones.

Los nuevos directivos de Pemex no muestran solidaridad con el grueso de la población que sufre creciente desempleo y hambre, ni con la empresa que les da cobijo y que está descapitalizada. Tan sólo en el caso de Pemex Exploración y Producción, el incremento salarial otorgado a mil 430 superintendentes y subgerentes representa un gasto adicional por 450 millones de pesos durante 2001. La mitad de esa suma sería muy útil para resolver graves carencias de mantenimiento en las instalaciones, que en no pocas ocasiones se han traducido en accidentes que cobran vidas y dejan mutilados a técnicos y trabajadores de campo.

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