SABADO Ť 8 Ť DICIEMBRE Ť 2001

Ť Podría ser sujeto a juicio político, advierte el PAN

Alcalde priísta yucateco pretende crear código penal municipal

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 7 de diciembre. El ayuntamiento rural de Tixkokob elaboró una iniciativa que presentó ante el cabildo para crear su propio código penal, que entre otros ordenamientos establece una "ejemplar" sanción para los violadores en grado de tentativa: 72 horas de cárcel o multa equivalente a 40 salarios mínimos.

El autor de la iniciativa de ley municipal es el edil Miguel Lara Sosa -quien como diputado priísta enfrentó el desacato contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-, uno de los operadores de la entonces presidenta de la Gran Comisión, Myrna Hoyos Schlamme.

Esta propuesta generó controversia entre los regidores panistas y perredistas de Tixkokob -40 kilómetros al centro de Mérida-, así como en la Comisión de Justicia del Poder Legislativo, que a través de su secretario general Roberto Gutiérrez Crespo, de extracción panista, consideró que el alcalde podría ser sujeto a juicio político si persiste en su actitud.

De acuerdo con los artículos 30 y 87 de la Constitución yucateca y 124 de la Constitución federal, la expedición de leyes penales o de defensa social corresponde únicamente a los congresos locales. Los ayuntamientos sólo pueden aprobar reglamentos de policía y gobierno, pero de ninguna manera crear un código penal propio.

Según la iniciativa de Lara Sosa, el ayuntamiento sancionará los robos "confesados", de bicicletas -el principal vehículo en la población-, daño en propiedad ajena, allanamiento de morada y faltas a la moral y buenas costumbres, en este caso faltarle el respeto a las mujeres.

Lo que más llama la atención es el rubro que tipifica la violación en grado de tentativa. En caso de presentarse este delito el agresor podría ser arrestado 72 horas o, en su defecto, pagar una multa equivalente a 40 salarios mínimos y salir libre. En términos económicos, la tentativa de violación se arreglaría con unos mil 400 pesos o tres días de reclusión en la cárcel municipal.

Entrevistado telefónicamente, Lara Sosa dijo que no comete ninguna violación constitucional y que su intención de reprender a las personas que infrinjan la ley y la seguridad pública e, "además, agenciarnos de recursos extras" para la comuna.