domingo Ť 9 Ť diciembre Ť 2001

Rolando Cordera Campos

Baile de máscaras

Se puede seguir por donde vamos, pero el destino será un presente interminable. Se puede, por ejemplo, desgastar hasta el infinito la iniciativa presidencial de revisar el pasado y llevar la revisión a sus últimas consecuencias penales en materia de derechos humanos, pero hay que saber que todo esto puede volverse un bumerang contra el lanzador y el público. Todos tenemos derecho a sospechar y ejercer nuestra particular forma de paranoia, pero no a usufructuar sin medida el espacio abierto por el Presidente con su convocatoria a hacer historia del Estado con sus propios archivos, aunque sin historiadores dispuestos a arremangarse la camisa.

La operación en busca de la verdad sobre la guerra sucia puede ensuciarlo todo de nuevo si el gobierno sigue dando palos de ciego y los reclamantes más conspicuos mantienen su práctica de pegarle al más visible, que es el propio gobierno. A los ojos del lector o el auditorio no especializados en el tema, que nada más va de la política en tiempos de guerra a la guerra sin cuartel ni ley desatada para acabar con los justos que se fueron a pelear, todo ha empezado a volverse confusión sin fin, temor, desconcierto, el ambiente ideal para que los interesados en ocultar y enterrar muertos y verdades vuelvan a hacer su agosto.

Sin preparación alguna para la parte decisiva que tiene que ver con el proceso penal, el gobierno tomó una decisión relevante no sólo para él sino para el porvenir de la política democrática. Esclarecer hechos criminales del pasado cercano, en los que estuvo involucrado el Estado a través de sus fuerzas del orden, aparecía desde mucho antes como una asignatura que no podía posponerse más so pretexto del pragmatismo de la transición. Del mismo modo en que parecía razonable y legítimo que la izquierda pusiese como condición la amnistía para entrarle a la reforma reyesheroliana de los setenta, la exigencia de abrir los vericuetos sangrientos de la guerra sucia es una condición importante para darle al clima político un oxígeno que las durezas de la economía y de la inexperiencia del nuevo gobierno le están quitando con celeridad.

La extensión de la violencia paralegal o de plano ilegal en el campo, la viscosidad del combate al narcotráfico, que ha involucrado al Ejército y conseguido contaminar a algunos de sus mandos, para culminar, por ahora, con el asesinato de Digna Ochoa y su inmediata secuela de manipulación, filtración y ocultamiento emanada de los propios territorios de la procuración de justicia, hacen ver que el subsuelo del ejercicio autoritario de la razón de Estado, siempre en los linderos de la ilegalidad y el abuso de autoridad, sigue intacto, listo para atacar y soltar sus zarpazos.

La iniciativa presidencial, sin embargo, era una entre otras. Estas no fueron ventiladas y la deliberación dentro del gobierno parece haberse dado con premura y sin cuidado. La evidencia inmediata de que así ocurrió es la falta del fiscal especial prometido, sin que hasta el momento se pueda saber las razones de ello. Si lo que se quería era un prohombre no debía haberse hablado de fiscal especial, sino de una investigación que podría tener o no consecuencia penales, debido a las complejidades procesales y punitivas planteadas por la represión y las modalidades que adoptó al paso del tiempo. Y de eso debía haberse hablado claramente.

De estas dificultades tendría que haberse hecho cargo el gobierno, pero también quienes quieren ir más allá, a un régimen pleno de derechos humanos. Sólo así se pueden evitar nuevos atolladeros, que sobre todo dañan la causa mayor de los derechos humanos y civiles.

Hoy todo es oscuridad, de noche y a mediodía. Las inercias burocráticas y judiciales levantan todo tipo de ventarrones, los senadores ponen en el banquillo al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los más destacados abanderados del movimiento cívico hablan de inconsistencias en el informe de la CNDH, y algunos familiares de Lucio Cabañas ponen en duda que los restos del panteón de Atoyac sean los del guerrillero.

Por su parte, algunos miembros de las fuerzas armadas inician sus propias deliberaciones en público. El general Salgado Cordero advierte que el "Ejército no se manda solo", mientras que el general retirado Alberto Quintanar ofrece su propia interpretación semántica: la guerra no fue sucia, limpió al país de delincuentes (La Jornada, 7 de diciembre, pp. 8 y 9). Estamos ya rumbo a otra mascarada, pero esta vez los del baile son los que usan y guardan los fierros de la República.

El más reciente alcance es la iniciativa presidencial para dar jurisdicción plena en México a la Corte Penal Internacional. Bienvenida la entrada clara de México a la globalización de la justicia. Ojalá y no acabemos ilusionados en que la Corte nos hará el trabajo que no hemos hecho. De esa manera pensaron algunos que pasaría con el FMI y el TLC, y así nos ha ido.