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Ť Crearán un comité intersecretarial, anuncia la SG
Se dará seguimiento a medidas de protección para activistas
Ť Exigen ONG que se involucre a los gobiernos estatales
ALONSO URRUTIA
La Secretaría de Gobernación anunció la creación de un comité intersecretarial que se encargará de dar seguimiento a todas las medidas de protección que se han acordado con los miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Sin embargo, en la última reunión de las organizaciones de derechos humanos con funcionarios de Gobernación, éstas exigieron que también se involucre a los gobiernos de los estados donde han persistido las amenazas tras del asesinato de Digna Ochoa, como en el caso de Guerrero, manifestó Eréndira Cruz, del Centro Nacional de Comunicación Social.
Después de una reunión de dos horas con Ricardo Sepúlveda, jefe de la Unidad de Estudios Legislativos de Gobernación y responsable de la mesa de derechos humanos, Christian Rojas, representante de Amnistía Internacional en México, dijo que aun cuando se ha avanzado en el impulso de una campaña reivindicadora del papel de los defensores de derechos humanos hace falta concretar los esfuerzos en la modificación del marco jurídico.
Censuró, por "temerarias", las consideraciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los "notables" avances en la materia, y citó el caso del general Francisco Gallardo y el informe del relator especial para la Tortura de la ONU, que darían pie para dudar si ya se cumplieron, por ejemplo, las recomendaciones internacionales.
Por su parte, Cruz cuestionó los escasos avances en la investigación del asesinato de la abogada Digna Ochoa. Dijo que existe una serie de detalles que es necesario revisar. Agregó que es positivo el cambio en la responsabilidad de la investigación, pero existen aspectos negativos, como la nula apertura de los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Consideró necesario que haya una real apertura de este organismo para apoyar las investigaciones, y que se requiere conocer el contenido de las fichas que tiene de las personas que han sido amenazadas después del homicidio.
Sepúlveda dio a conocer la creación del comité intersecretarial -como se ofreció al representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Claudio Grossman, hace seis meses- que involucrará a dependencias como la Procuraduría General de la República, la cancillería y las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional.
Destacó que al cierre del año se han logrado importantes avances en las demandas de las organizaciones de derechos humanos, que coinciden en que el Estado mexicano tiene el reto de construir una política de derechos humanos.
Dijo que mediante este espacio de interlcocución se logró impulsar una campaña reivindicadora del papel de los defensores de los derechos humanos y se ha iniciado la revisión del marco jurídico en la materia.
Hasta el momento se ha dado respuesta a la demanda de 30 solicitudes de medidas de protección en los más diversos órdenes: custodia, acompañamiento y comunicación, entre otras.
Fernando Valadez, director de Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura, destacó que al parecer existe una apertura respecto del tratamiento de los derechos humanos, pero no se han esclarecido los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez; la militarización de Chiapas continúa y la presencia de la Policía Federal Preventiva se ha extendido a la ciudad de México.
La demanda central de esta reunión fue involucrar a los gobiernos estatales. Rojas manifestó que existe un patrón de hostigamiento contra defensores de derechos humanos que debe ser investigado más a fondo, de lo contrario se seguirán presentando casos en la mesa con Gobernación.
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