Ť Gobernación no muestra interés en protegerlo, afirma

Abel Barrera pedirá a la CIDH medidas cautelares a su favor

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, quien fue amenazado de muerte en octubre pasado en Tlapa, Guerrero, anunció que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares a su favor, porque la Secretaría de Gobernación ha demostrado "falta de interés y voluntad" para brindarle protección.

Barrera manifestó que tiene temor de que las amenazas en su contra se cumplan, en razón de que en la región de la Montaña el "ajusticiamiento" se ha convertido en práctica común y los avisos que ha recibido señalan que hay personas contratadas para quitarle la vida.

El sábado anterior Amnistía Internacional (AI) denunció a este diario que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) intimidaron a este activista en lugar de ofrecerle la protección que prometió la Secretaría de Gobernación.

En entrevista telefónica, Barrera explicó que hace dos semanas cuatro agentes lo interceptaron en las calles de Tlapa, Guerrero, lo intimidaron y le hicieron un interrogatorio como si él fuera el agresor.

Explicó que un día después del pronunciamiento de AI, el lunes pasado, recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación en el que le informan que su caso ya había sido turnado a la PGR para que se le brindara la protección necesaria.

"Pero no existe un compromiso serio. Falta interés y voluntad para buscar mecanismos que ayuden a dar protección inmediata a los defensores de derechos humanos", insistió.

Sin embargo, Barrera ya tomó sus propias medidas de seguridad. Redujo sus movimientos en las comunidades de la Montaña y desde octubre sale "a buena hora" de las oficinas del centro Tlachinollan.

Consideró que él y sus colaboradores están en riesgo porque esa organización civil ha investigado casos de violación de derechos humanos en los que están involucrados como presuntos responsables militares, policías y un juez.

Actualmente, el centro de derechos humanos de Tlachinollan investiga varios casos, como el del secuestro y tortura del dirigente del PRD en Olinalá, Javier Navarrete, a manos de dos comandantes de la policía; la violación de una secretaria del juzgado de Tlapa de Comonfort por parte del juez José Luis Encarnación y del secretario de acuerdos Humberto Gutiérrez; así como el secuestro de habitantes de la comunidad de Mexcaltepec, en el municipio de Atlixtac.

Esta no es la primera vez que Barrera es hostigado. En noviembre de 1998 recibió amenazas telefónicas cuando el centro defendía a un profesor torturado por militares. Por ese motivo presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Tlapa, pero las quejas no fueron investigadas.

Indicó que en octubre de 2001 de nuevo fue amenazado. Pidió los resultados de las anteriores pesquisas y resultó que el expediente se había extraviado y el juez le dijo que el delito de amenazas ya había prescrito.

Ante esa situación, Barrera acudió a las mesas de diálogo que instaló la Secretaría de Gobernación después del asesinato de la abogada Digna Ochoa. Ahí explicó al secretario de Gobernación, Santiago Creel, que requería de protección. Después lo enviaron con el director de Asuntos Legislativos de la dependencia, Ricardo Sepúlveda, quien le ofreció ayuda.

A un mes de estos ofrecimientos, dijo que está "desilusionado" porque la Secretaría de Gobernación no ha cumplido su promesa, y anunció que la próxima semana presentará una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.