Ť Afirma Gobernación que fue "en cumplimiento de la resolución de la CIDH"

Trasladan al general Gallardo al penal de Chalco

Ť No estaba de acuerdo con el cambio; es para garantizarle seguridad, aduce el gobierno

GUSTAVO CASTILLO

La Secretaría de Gobernación informó que "en cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", que recomendó al gobierno mexicano asumir medidas para proteger al general José Francisco Gallardo, se determinó y ejecutó su traslado del penal Neza-Bordo al de Chalco.

El próximo 23 de enero, un juez federal determinará si el gobierno federal debe o no cumplir la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió la liberación de Gallardo.

La defensa del militar argumentó que la decisión emitida por un organismo internacional con el que México se comprometió lo obliga a acatar recomendaciones y, consecuentemente, a darle cabal cumplimiento.

Adicionalmente, el 18 de febrero, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno deberá explicar qué ha ocurrido en el caso del general condenado a 28 años de prisión, recluido desde hace ocho.

Gallardo ingresó finalmente anoche a las 22:30 horas al penal de Chalco. A las 17 horas su familia sostuvo una reunión con la directora de Reclusorios del estado de México, Evangelina Lara Alcántara; con Juan José Gómez Camacho, director de Derechos Humanos de la cancillería; con Ricardo Sepúlveda, de Gobernación, y con representantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

Ahí se les anunció el traslado del general al penal de Chalco. Inicialmente no les dijeron adónde iría.

El general Gallardo mostró su negativa al cambio de penal y dijo que no quería ser removido. Las autoridades gubernamentales le expusieron que no le podían garantizar medidas de seguridad en el penal de Neza-Bordo y que por ello tenía que ser reubicado. Le aseguraron que en Chalco tendría mejores condiciones de seguridad y una celda más grande, en la que estaría solo.

Sin embargo, Vinicio Gallardo Enríquez, hijo del general, expuso que ni la familia ni su padre solicitaron el traslado y que incluso ellos consideraban que Neza se encontraba en buenas condiciones.

El argumento del gobierno fue que frente a la resolución de la corte tenían que asumirse medidas cautelares y que por ello se tomó la determinación de reubicarlo. Esta condición, externó Gallardo Enríquez, le representará un mayor riesgo global a la familia, porque ahora tendrán que tomar parte de la carretera a Puebla.

Mejor, que lo hubiesen liberado

Lo más recomendable, adujo, hubiese sido que el gobierno cumpliera la resolución de dejarlo en libertad.

La esposa del general, Leticia Enríquez, dijo que si el traslado es para mayor seguridad está bien, pero ponderó que el cambio implica incertidumbre por el estado que guarda la familia.

"Mi esposo ya se había acostumbrado a la gente del penal, a los custodios y a los compañeros. Había adquirido profundo respeto e incluso en algunas ocasiones varios internos le solicitaron asesoría legal", explicó.

"Hasta el momento -detalló- no podemos señalar cómo están las condiciones en las que vivirá mi esposo. Será hasta mañana (hoy) cuando veamos cómo quedó instalado."

El operativo de traslado se hizo en compañía de sus hijos Vinicio y Alejandro, además de Lara Alcántara, Gómez Camacho y Sepúlveda.

La resolución de la comisión requirió al gobierno mexicano la aplicación de medidas adicionales para proteger al general, por considerar que su vida e integridad personal "están en grave peligro".

La determinación de la CIDH, presidida por Juan Antonio Cansado, incluyó también la consideración del peligro para la vida del general, por sus antecedentes.

Gallardo fue aprehendido después de que se pronunciara hace casi una década a favor de la creación de un ombudsman militar. La resolución del organismo interamericano sienta un precedente en el país porque por primera vez la estructura militar será puesta bajo escrutinio internacional.

En un comunicado, Gobernación informó que la resolución se concretó en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con autoridades del gobierno estatal.

El gobierno, añadió, reitera su compromiso con la promoción y la defensa de los derechos humanos en el territorio nacional y "seguirá cumpliendo puntualmente en este, y en cualquier otro caso, sus obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales que ha suscrito y de las resoluciones que dicten los organismos internacionales competentes".