En nombre de la obediencia, muchos militares cumplen órdenes inmorales

Ť Mientras el liderazgo civil dependa más de las fuerzas castrenses en tareas de policía interna, éstas esperan tener voz en la toma de decisiones políticas, señala Roderic Ai Camp

CARLOS FAZIO

Hasta hace pocos años, junto con la Virgen de Guadalupe y la institución presidencial, las fuerzas armadas fueron consideradas un tema tabú en México. Nadie podía opinar de manera adversa sobre esos tres tópicos a riesgo de ser acusado poco menos que de traición a la patria. No obstante, al influjo de las luchas sociales --y al costo de muchas vidas--, sectores de la población le fueron arrancando espacios de soberanía popular al autoritarismo de Estado, y en ese lento y abrupto proceso de cambio algunos mitos sufrieron cierta erosión y fueron quedando sepultados.

En la actualidad, la situación en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos ya no está signada por el hermético secretismo de antaño, y la actuación de sus miembros está siendo sometida al escrutinio público; la mayor parte de las veces, producto de hechos de corrupción que involucran a militares con el crimen organizado, en particular con el narcotráfico, y por flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por la oficialidad, incluidas torturas, desapariciones forzadas y la ejecución clandestina de prisioneros.

Un ejército del pueblo

Durante los años de la guerra fría, en una América Latina dominada por dictaduras castrenses --bajo la impronta de una doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense que también permeó el alto mando local en su lucha contra el "enemigo interno"--, la no intervención de las fuerzas armadas mexicanas en la política fue un signo distintivo para México. No obstante, el patrón mexicano --y la singularidad del caso-- fue muy poco estudiado. El "aislamiento" de los militares fue fomentado por los gobiernos civiles. Lo que permitió construir --debido en gran parte a la propaganda del régimen autoritario de un solo partido--, la autoimagen oficial de una milicia profesional, de orígenes populares ("Somos pueblo-pueblo", señaló en el ya lejano 1982 el general Félix Galván, secretario de la Defensa Nacional, quien se asumía como "un producto de los campesinos") y respetuosa de la Constitución y las leyes.

No obstante esa imagen de institución de las masas humildes de México, las fuerzas armadas no han podido borrar del imaginario colectivo (ni de los medios, en particular los impresos) su participación directa en varios hechos violentos, como la ejecución del líder agrarista Rubén Jaramillo, la matanza de estudiantes en Tlatelolco, la represión a las guerrillas campesina y urbana de los setenta (los años de la guerra sucia) y, más recientemente, el accionar castrense como ejército de ocupación en Chiapas ante la irrupción zapatista; con el posterior proceso de paramilitarización del conflicto, que concluyó con las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, los hechos de la colonia Buenos Aires y, ya en el gobierno foxista, la ejecución de la abogada Digna Ochoa.

Sin ser asuntos nuevos, esos y otros crímenes --algunos han sido tipificados por organizaciones humanitarias como genocidio y terrorismo de Estado-- han adquirido hoy mayor visibilidad, y así sea por razones tácticas diversionistas o mero oportunismo convenenciero, el régimen foxista accedió a crear una "fiscalía especial" para investigarlos. Por lo general, como respuesta, desde filas militares se recurre a los manuales de Perogrullo con fines propagandísticos exculpatorios o al simple expediente de descalificar como "mentiras y calumnias" las denuncias de quienes movidos "por el odio o el dolor" intentan desprestigiar y/o desestabilizar a la institución armada.

Eso es lo que afirmó, por ejemplo, el general Alvaro Vallarta Ceceña, a la sazón legislador del Partido Revolucionario Institucional, en recientes artículos periodísticos y comentarios en la televisión. Ante acusaciones como las que dieron lugar al proyecto presidencial para la creación de una fiscalía especial, el militar político priísta remite al artículo 14 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, según el cual "queda estrictamente prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya un delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla, serán responsables conforme al Código de Justicia Militar". Ese artículo es el argumento que esgrime para aclarar las "confusiones" que generan en la opinión pública quienes, al "comparar" al Ejército Mexicano con "los ejércitos golpistas que hicieron una guerra sucia" en el Cono Sur, intentan asimilar, de paso, como una de las fuentes de los crímenes de guerra y actos de genocidio, la obediencia debida.

Hace un par de semanas, entrevistado por La Jornada, el general retirado Alberto Quintanar dijo que en los setenta los militares cumplieron "órdenes presidenciales" para limpiar al país de "delincuentes maoístas, trotskistas y estudiantes" que querían "desestabilizarlo". En las "órdenes superiores" también se escudaron el general de división Enrique Salgado Cordero y el mayor retirado Elías Alcaraz. Los militares mexicanos ?arguye a su vez el general Vallarta Ceceña?, cumplieron órdenes apegadas a derecho y a la normatividad castrense. "La legislación militar (...) no permite los abusos ni la impunidad". Según él, el Ejército Mexicano no hizo ninguna guerra sucia, y si algún militar violó derechos humanos, abusó de su autoridad o cometió delitos del fuero común, federal o militar, debe ser investigado y castigado conforme a derecho.

Pero no explica por qué es casi un misterio conocer el caso de algún militar que haya sido "investigado y castigado" por delitos de lesa humanidad como los cometidos en Tlatelolco y/o por violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas como las cometidas por el ejército en los años de la guerra sucia. En gran medida, esa parte nebulosa de la represión castrense (del asesinato de Jaramillo a la matanza de El Charco) se deriva de que la muy férrea protección de la autonomía militar contra los inquisitivos ojos civiles ha sido llevada al extremo en México.

Secretismo castrense

En su obra Los generales en el Palacio. Los militares en el México moderno^Ť (investigación concluida en 1991), el historiador estadunidense Roderic Ai Camp señala que "debido a que los militares mexicanos han puesto obstáculos a los análisis exteriores, el estudioso tiene que recurrir a diferentes medios metodológicos para adquirir información fresca". Camp enfatiza "el secreto con que los militares mexicanos se encubren" y afirma que "eso no alienta el libre flujo de ideas ni un intercambio social natural o de otra manera entre el cuerpo de oficiales y el liderazgo civil"; lo que ha dado lugar a que los políticos "conozcan muy poco del pensamiento del ejército" o del "funcionamiento interno de las fuerzas armadas".

Casi dos decenios antes (en 1973), en un informe para la Rand Corporation, el investigador estadunidense David Ronfeldt había señalado que "el Ejército Mexicano contemporáneo puede ser la institución de ese tipo más difícil de investigar en América Latina. Los pocos estudios que se han terminado, los datos estadísticos que pueden compilarse y el material de prensa y biográfico disponible permite al analista histórico adquirir sólo un conocimiento superficial sobre los procesos posteriores a 1940".

Ese "conocimiento superficial" (Ronfeldt), producto de los "obstáculos" y el "ferviente deseo" de los militares mexicanos de no ser analizados (Camp), hace que hasta nuestros días la institución castrense resulte poco menos que enigmática para la opinión pública. Refuerza Camp: "El militar mexicano desalienta abiertamente a los analistas domésticos y extranjeros para que no examinen su conducta institucional (...) La restricción al acceso a los archivos históricos ha desanimado, e incluso intimidado, a los estudiosos."

Pero si en algo coinciden los estudiosos en relación con la situación interna militar en México, es en que existe una filosofía castrense emanada de la Revolución que está dominada por una "obediencia exagerada". El general Vallarta confirma el aserto: "Las órdenes se cumplen y no se discuten", cita a O. Tirayan en el epígrafe de un reciente artículo periodístico. William Ackroyd cree que México posee uno de los más altos niveles de disciplina militar de América Latina y el Tercer Mundo. Y Camp intenta demostrar que esa disciplina facilitó la formación de un cuerpo de oficiales homogéneo y obediente, "entre cuyos valores está un extremado sentido de lealtad a la autoridad superior, incluyendo la del Presidente". Sólo que se trata de una disciplina y subordinación a la autoridad jerárquica impuesta a los jóvenes oficiales, que asegura una lealtad incuestionable a los comandantes y "elimina" a quienes carecen de la "actitud adecuada".

Además, como sostiene Michael Dziedzic para los casos de los ejércitos de Estados Unidos y México, la profesionalización no necesariamente infunde un sentido de solidaridad de corporación (castrense) ni elimina el que se violen los códigos de conducta. En rigor, dice, lo que domina es la "trampa". Dziedzic, oficial militar de Estados Unidos y uno de los analistas de los militares mexicanos mejor informados, en particular de la Fuerza Aérea, pone el ejemplo de muchos tenientes coroneles y coroneles en puestos de mando del Pentágono "que fueron obligados a abandonar sus escrúpulos e ignorar los preceptos del deber y el honor; y si era necesario, a mentir y hacer trampa para seguir siendo eficientes y competitivos".

Escuela para lavar el cerebro

Según un oficial que asistió al Heroico Colegio Militar y que fue entrevistado por Roderic Ai Camp, esa es, "esencialmente, una escuela para lavar el cerebro. Su objetivo más importante es producir oficiales que no piensen y que obedezcan a la autoridad; yo diría realmente robots". El propio Camp sostiene, con base en informes de primera mano de oficiales estadunidenses que participaron en el programa mexicano de adiestramiento, que el cuerpo de oficiales, aun comparado con las normas de Estados Unidos, está sujeto a una forma extremada de disciplina y autoridad militar. "En el contexto mexicano, la disciplina militar significa deferencia incuestionable y absoluta obediencia a los superiores. No se cuestiona ninguna orden y no se toma ninguna medida independientemente de un superior."

Según Camp, otra característica que se deriva de esa "disciplina exagerada" es la centralización de la autoridad en las manos de unos cuantos oficiales superiores. Cita el testimonio de un oficial de la época en que el general Félix Galván era el titular de la Sedena (1976-1982): "Recuerdo que el subsecretario de Defensa me dijo que yo tenía un problema. Le pregunté al general qué problema era. Contestó que yo 'pensaba demasiado', y que en ese ejército nosotros no pensamos. Realmente, en este país, el secretario de la Defensa es como un pequeño dios". Según Stephen Wesbrook, citado por Camp, el sentido de corporación profesional depende de un ethos profesional discernible, y sin embargo, en Estados Unidos las ideologías social y política están en conflicto con la ideología del militar profesional. "La ideología militar demanda autoridad, honor y obediencia; el consenso de la ideología política, aptitud y compromiso... La ideología liberal desafía directamente a la profesión militar considerando a los soldados profesionales como una amenaza a la libertad, la democracia y la prosperidad económica." Camp asimila la situación a México.

Según el experto estadunidense, una forma de participación política de los militares en México es en la definición de la seguridad nacional, sobre todo a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El hombre clave, dice, fue el entonces coronel y subsecretario de Gobernación (en el área de seguridad) Jorge Carrillo Olea, ex comandante de la Tercera Compañía de Cadetes del Heroico Colegio Militar, graduado en la Escuela Superior de Guerra, adiestrado en Fort Knox, Estados Unidos, quien ocupó un cargo fundamental de la inteligencia militar como jefe de la Sección Segunda (inteligencia) en el cuartel general de la Sedena. Con posterioridad, de acuerdo con Camp, como director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), Carrillo Olea ?quien definió que los "enemigos" de México no son externos, sino "internos"? acentuó el papel de los uniformados en las áreas de la seguridad interior, y por esa vía dio acceso a los militares a la información de inteligencia política.

Camp sostiene que mientras más dependa el liderazgo civil de los militares para llevar a cabo funciones de policía interna, politizada, más esperan los militares tener voz en la toma de decisiones políticas. Esa parece ser la tendencia actual. A su vez, Irving Louis Horowitz cree que la función policiaca de los militares es una forma de militarización. Desde 1977, el papel policiaco de los militares, con implicaciones de seguridad interna, se ha enfocado sobre todo al combate del narcotráfico. Camp cita el caso del general Roberto Heine Rangel, militar mexicano destacado al programa de erradicación de drogas. Según su currículum, tomó cursos en Fort Leavenworht, Kansas, y Fort Benning, Georgia, y escribió un libro sobre guerra de guerrillas. Su carrera sugiere a Camp que "se usan técnicas de combate antiguerrillas aprendidas en Estados Unidos contra traficantes de drogas". Sostiene que muchas de las "técnicas" que usan las fuerzas armadas, y que podría esperarse que se utilizaran en tiempos de guerra, especialmente en suelo extranjero, violan el artículo 129 de la Constitución, que confina al ejército a ciertas localidades, limitando así su capacidad para subvertir el control civil. Por ejemplo, el bloqueo permanente de carreteras es anticonstitucional". Vinculado con lo anterior, ya el Informe sobre México de 1990 del organismo Americas Rigth Watch sostenía que "la tortura y los asesinatos políticos están aún institucionalizados por los militares".

Dice el general Alvaro Vallarta Ceceña que la obediencia debida no forma parte de la legislación mexicana. Tiene razón. Donde no la tiene es cuando afirma que en 1994 (en Chiapas) y en los años sesenta y setenta los militares mexicanos "cumplieron órdenes apegadas a derecho". Tampoco la tiene cuando sugiere que "tarde o temprano, al militar que delinque se le castiga conforme a derecho". Nadie sostiene que la normatividad militar sirva para "cubrir" delitos cometidos por los soldados mexicanos. La "trampa", como dice Michael Dziedzic, está en la no aplicación de la ley y en la complicidad de los mandos con quienes aplicaron órdenes ilegales e inmorales, incluidos los que tienen la obligación de investigar e impartir justicia.

La obediencia debida tampoco formaba parte de la legislación argentina. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín para exonerar de toda responsabilidad a los militares argentinos que cometieron actos aberrantes durante el terrorismo de Estado (1976-1983). En marzo pasado, cuando el juez Gabriel Cavallo anuló esas dos leyes, el general retirado Martín Balza, ex comandante en jefe del ejército argentino y autor del histórico pedido de disculpas por la actuación de los militares durante los "años de plomo", dijo que aunque el ejército "no es una institución deliberativa", sí es necesario "profundizar la autocrítica de la fuerza".

Sobre el significado del concepto obediencia debida, Balza señaló que "es la obediencia que se debe a quien manda, en cumplimiento y observando las leyes de la nación". Pero agregó que "quien se margina de observar las leyes no puede invocar obediencia debida. A lo que me opongo totalmente, y ningún país serio lo acepta, es a la obediencia ciega. Una orden no es una invitación, ni una sugerencia, ni un pedido: es algo imperativo. Pero el hecho de que sea imperativa no quiere decir nunca que se deba aceptar algo inmoral o algo ilegal. Por otra parte, no es necesario un gran análisis de una orden para darse cuenta si es inmoral; en contadas centésimas de segundo, quien la recibe puede determinarlo. Si yo digo 'mate, robe, secuestre, viole' se sobrentiende que estoy impartiendo una orden inmoral. Ante eso, la obediencia ciega es inaceptable".

Nadie está obligado a cumplir una orden inmoral: Martín Balza

No está de más recordar que el propio general Martín Balza, en su documento del 25 de abril de 1995, ordenó al ejército argentino, en presencia de toda la sociedad, que "nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes y reglamentos militares (...) Sin eufemismos digo claramente: Delinque quien vulnera la Constitución nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. Delinque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos, inmorales".

Ese documento pretendió ser el reconocimiento de las responsabilidades del ejército argentino en la por ellos denominada guerra sucia. El general Balza olvidaba que una declaración de culpabilidad no remplaza ni puede remplazar el derecho a la justicia y a la verdad. Olvidaba también que una conspiración criminal a nivel de Estado sólo es posible cuando existe una organización criminal capaz de llevarla adelante. Desde el golpe de Estado del general Jorge Rafael Videla, las fuerzas armadas de Argentina se feudalizaron y llevaron a cabo un genocidio.

Por otra parte, ninguna ley puede impedir la búsqueda de la verdad. En el caso mexicano, sin ser un "ejército golpista" como los del Cono Sur, muchos oficiales de las fuerzas armadas cumplieron órdenes inmorales y emplearon "medios injustos" (como la tortura y la desaparición forzada) en su lucha contra "los delincuentes maoístas, trotskistas y estudiantes" (general Quintanar dixit). Se apartaron de las leyes y reglamentos militares en nombre de una obediencia ciega. Delinquieron. Y nadie pagó por ello. Vamos, las fuerzas armadas mexicanas hasta ahora ni siquiera se han hecho una autocrítica.

ŤRoderic Ai Camp, Los generales en Palacio. Los militares en el México moderno. Grupo Editorial Planeta, México (en prensa).