Descalifican ONG el nombramiento de Carrillo Prieto; ''es un desconocido''

¤ No tiene ninguna experiencia en defensa de derechos y casos de desapariciones, coinciden

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La designación de Ignacio Carrillo Prieto como fiscal especial para el caso de desapariciones forzadas fue calificada de desconcertante y preocupante por organizaciones defensoras de derechos humanos. Criticaron que se trate de un desconocido en el ámbito de la protección a las garantías civiles.

El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, indicó que el perfil de Prieto ''le resta legitimidad a la fiscalía'', sobre todo porque las organizaciones no gubernamentales habían pedido que se designara a una persona que estuviera comprometida con la causa de los derechos humanos, no únicamente en el ámbito teórico sino práctico.

Dijo que la muestra de que el perfil de Carrillo no es el más adecuado es que el año pasado fue candidato a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero como no tenía trayectoria en ese campo, las organizaciones más representativas no lo avalaron.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez, señaló que este nombramiento genera muchas interrogantes en torno a si un fiscal que ha trabajado en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de Gobernación (SG) emprenderá una investigación que vaya a fondo, que sea profesional y que tenga legitimidad.

La designación de Carrillo Prieto provocó escepticismo entre integrantes de organizaciones civiles y la reiteración de su demanda de que en lugar de este organismo se instale una comisión de la verdad que investigue los casos de desapariciones forzadas en los setenta y ochenta.

Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló: ''no es la persona que estábamos esperando; es un desconocido en la defensa de los derechos humanos y en especial en el tema de las desapariciones forzadas''.

Miguel Concha abundó: ''Nos sentimos desconcertados y preocupados porque no sabemos qué garantía de autonomía, de independencia, de alto perfil, de competencia procesal, de compromiso con los derechos humanos y de eficacia tiene una persona con este perfil''.

Afirmó que había mejores candidatos, como el penalista Fernando García Cordero, el jurista Miguel Sarre y el defensor de derechos humanos Oscar González.

Señaló que las organizaciones civiles apuestan a que se integre un consejo de apoyo a la fiscalía con verdaderos representantes de la sociedad civil y que también se tome en cuenta la opinión de las organizaciones no gubernamentales en derechos humanos.

Indicó que están en espezra de que la PGR y la SG entreguen a Carrillo los requerimientos que plantearon un grupo de organizaciones civiles que pidieron que el fiscal tenga autonomía, demuestre compromiso probado con los derechos humanos, que pueda escoger a su equipo investigador y que tenga experiencia procesal.

Edgar Cortez coincidió en que el nuevo fiscal no está asociado al tema de derechos humanos, y señaló que había otros más adecuados, como el jurista Miguel Sarre y la abogada Guadalupe Morfín.

Destacó el hecho de que llegara a ocupar este cargo después de que muchos otros declinaron. ''Queda la duda de si se logró elegir al mejor'', señaló.

Dijo que este hecho genera mayor desconfianza en la sociedad mexicana a la que ya existía antes a causa de los fracasos que han tenido otras figuras similares y que han provocado el desprestigio de estos organismos.

Cortez explicó que en la investigación de las desapariciones forzadas ocurridas después de la matanza de Tlatelolco se requiere conjugar experiencia y una gran capacidad en la investigación y una enorme sensibilidad para satisfacer el derecho de los familiares a que se haga justicia.

''No basta la actitud de alguien que se ha movido en el ámbito de la burocracia, sino que esté humanamente en sintonía con las víctimas'', afirmó el activista en derechos humanos.

También se preguntó qué ocurrió con la integración del consejo ciudadano que va a apoyar el trabajo del fiscal y que a estas alturas ya debería estar nombrado para poder iniciar sus labores a la par del fiscal.

Advirtió que genera dudas que alguien que proviene de la PGR vaya a hacer una investigación a fondo y a determinar si otros procuradores o agentes del Ministerio Público tienen responsabilidad por haber encubierto estos delitos. Insistió en que la comisión de la verdad es la mejor alternativa.

Por su parte, el vicecoordinador de los legisladores priístas, Mauel Añorve, dijo que hay algunas dudas que prevalecen en torno a la designación. Entre ellas citó la buena voluntad que ofreció ayer al asumir el cargo, pero también el hecho de que no tiene una experiencia en materia de derechos humanos.

Sobre este punto, el legislador estableció que todavía está pendiente la conformación del consejo ciudadano, que será el punto de apoyo del nuevo fiscal. Lamentamos, apuntó, que tuviera que transcurrir más de un mes para que el gobierno foxista finalmente lleve respuesta en este sentido.