Señora directora: Soy juez de primera instancia, adscrito al juzgado vigésimo de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

El pasado 12 de diciembre de 2001, antes del cierre solemne del pleno sobre el informe anual del presidente del tribunal, interrumpí el acto para denunciar la política de persecución que ejerce el Consejo de la Judicatura del DF contra jueces y funcionarios judiciales.

Asimismo solicité que se considere reformar el Código Penal, toda vez que a los funcionarios judiciales se les trata como delincuentes de alta peligrosidad al no permitírsenos el derecho a la libertad bajo fianza, sobre todo porque las averiguaciones previas y los juicios penales, en consecuencia, se han convertido en vehículos de venganza de aquellos que, al no verse favorecidos con las resoluciones dictadas en estricto apego a derecho, inician las averiguaciones contra los funcionarios judiciales.

El día 13 de diciembre de 2001, la síntesis informativa de la coordinación de prensa del tribunal no publicó la información que La Jornada y otros medios incluyeron. Cabe destacar que el único medio que se tomó en cuenta en la síntesis fue El Universal. La coordinación de prensa del tribunal censuró la parte relativa a la denuncia pública hecha, de donde se desprende que en este tribunal, a través del Consejo de la Judicatura del DF, no sólo se sigue una política de persecución en contra de los jueces y funcionarios judiciales, sino que además se practica la censura, regresando a los tiempos de la intolerancia y el autoritarismo. Además, se viola la garantía constitucional del derecho a la información.

La denuncia que hago es porque como ciudadano, como abogado, y aún más como juez, no puedo quedarme callado ante la violación del derecho, ya que estudié para hacerlo valer y en mi función pública tengo la obligación de aplicarlo y defenderlo.

Los funcionarios judiciales también tenemos derecho a ser escuchados. Es ésta la razón por la que acudo a su medio, ya que con lo que le he expuesto demuestro que no podemos hablar dentro del tribunal, pues no se respetan nuestros elementales derechos de ser escuchados.

Anexo la síntesis informativa del Tribunal Superior de Justicia del DF del 13 de diciembre del 2001 para acreditar la censura dentro de la institución.

Carlos de la Rosa Jiménez

Irresponsable, posponer pagos a pensionados

Señora directora: Estoy seguro de que, como a mí me ocurrió, muchos mexicanos, así como la opinión pública internacional, experimentaron lo mismo: se quedaron pasmados por la falta de responsabilidad y compromiso de los encargados de hacer posible el pago a jubilados y pensionados, empezando por el director general del ISSSTE, quien no dio la cara en principio para por lo menos informar con oportunidad que se difería la fecha de pago de enero y la segunda parte de los aguinaldos, que eso sí, en nada se parecen a los exagerados emolumentos que perciben muchísimos "sacrificados" funcionarios.

Lo anterior sin meternos a averiguar si se justifica o no la falta de pago puntual, que se antoja difícil de lograr si suponemos que los funcionarios deben saber el significado de las palabras planeación, organización y programación.

Estas criticables omisiones revisten especial trascendencia porque faltaron al cumplimiento de un mandato legal. Destaca el desprecio y la falta de consideración a esos ex trabajadores, quienes no necesitan mendigar que se dé cabal y puntual cumplimiento a sus derechos.

Resulta lamentable que esto ocurra cuando los responsables de la administración pública dicen una y otra vez que el humanismo es uno de los más importantes principios que conforman su mística de trabajo.

Ramiro Amezcua Cervantes

Descontento por cierre de negocio familiar

Señora directora: Nos atrevemos a escribirle por el simple hecho de que el 3 de enero de 2002 a nuestros familiares les fue cerrado su negocio, llamado Matisse Condesa. Sé que como el negocio de mi familia hay muchos, pero su característica primordial es que se ha fundado con el esfuerzo de muchas personas que han dedicado parte de su vida a procurar que el público en general disfrute de un rato agradable.

El cierre del negocio me indigna, ya que las autoridades deberían ocuparse en dar mayor seguridad y calidad de vida a los ciudadanos, y dejar que los negocios como el de mi familia y otros, en los que se ha invertido toda una vida, sigan adelante, pues no sólo están afectando a familias como la mía, sino a quienes laboran en Matisse y que han hecho de ese lugar lo que ahora es.

Familia Dávila

Respuesta del gobierno de Chiapas al MOCRI

Señora directora: En la edición del 4 de enero se publicó una carta de Francisco Jiménez Pablo, quien "aclara" hechos relacionados con el delito de secuestro y tortura sicológica, de los que es el autor intelectual en el municipio de Marqués de Comillas.

La lucha social nada tiene que ver con actos de delincuencia, barbarie y violación a los derechos humanos que se cometen en su nombre. Los verdaderos luchadores sociales que permane-cían en las cárceles a la llegada del actual gobierno han sido liberados como resultado de un proceso de revisión conjunta con ONG, proceso que, por cierto, no ha concluido. En el caso de los militantes del MOCRI, no ingresaron a la prisión por su militancia política sino por cometer el delito de secuestro, uno de los actos más reprobados por la sociedad y, en consecuencia, más castigados por las leyes del país.

El 21 de julio de 2001, Francisco Jiménez promovió y ordenó el secuestro de seis funcionarios del gobierno del estado, mujeres y hombres, quienes se encontraban en la casa ejidal de Zamora Pico de Oro, Marqués de Comillas, para dar a conocer el nuevo Programa Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva.

El acta levantada con la firma de 24 comunidades de la región describe que a la reunión se presentó un grupo con palos y machetes "quienes irrumpieron de manera violenta a la asamblea tomando como rehén y secuestrando" a seis personas.

Hasta este día nadie ha probado los supuestos actos de tortura y prácticas de guerra sucia, porque no existieron. En esa medida, no son más que propaganda. Contrariamente se cuenta con testimonios de los secuestrados, quienes antes de ser trabajadores del gobierno son seres humanos que fueron tratados como rehenes de guerra. Mientras duró el cautiverio nunca durmieron dos noches en el mismo sitio; se les retenía en casas de seguridad a las que eran trasladados y camuflajeados; a las mujeres se les intimidó diariamente con la amenaza de violación sexual, incluso una de ellas fue obligada a hablar a una televisora local para decir que se encontraba bien física y emocionalmente. Estas medidas se inscriben en el patrón típico de delincuencia organizada en Chiapas o en cualquier parte del mundo.

Francisco Jiménez miente intencionalmente: en el operativo de rescate no participaron el Ejército ni la PGR. De esto estuvo totalmente enterado porque él dirigió, desde Tuxtla Gutiérrez, por radio, toda la operación para burlar a los agentes policiacos. En sus manos estuvo evitar la acción institucional porque se reiteró el diálogo hasta el último momento. Incluso se instaló una mesa de alto nivel con secretarios de Estado, en Benemérito de las Américas. Jiménez Pablo rechazó, en todo momento, la liberación de las personas. Aun más: con una no del todo explicable capacidad de mando y prácticas de tipo militar pretendió llevar a la policía a un lugar diferente de donde tenían a los secuestrados, así como arrinconar a los cuerpos de seguridad en espera de que se ocultara la luz del día y se tuviera otro desenlace.

La realidad contundente es que si hubo violaciones a los derechos humanos no provinieron del gobierno sino de particulares y eso constituye un delito que obligó a las medidas correspondientes. A diferencia del pasado, el estado actuó para preservar las garantías fundamentales de los secuestrados.

Qué bueno que Francisco Jiménez reconozca la valiosa labor del CDHFBC y ojalá se mantenga en esta expresión cuando finalmente la prestigiada ONG desahogue otros expedientes que señalan a miembros de su organización como responsables de una serie de hechos criminales cometidos en la región y que nada tienen que ver con la lucha social.

José Domingo Pérez Sarmiento, director de comunicación social de la PGJ de Chiapas