José Luis Soberanes Fernández

Hacia la sociedad de derecho

Creo firmemente que están dados, como nunca antes, los fundamentos para hacer vigente la opción por el estado de derecho en nuestro país, lo cual supone que el Estado pueda ocupar y defender a plenitud todos los espacios de legalidad ante cualquier tipo de soluciones discrecionales surgidas desde las zonas de opacidad que hay y se generan en nuestra vida pública.

El "Estado amafiado", como expresión de cualquier conducta pública prohijada desde el poder y al margen de la legalidad, debe quedar fuera del tiempo, justamente como un anacronismo. Los poderes públicos, con el Legislativo a la cabeza, los grupos de interés, los medios de información y otros actores políticos están cada vez más alejados de la lógica del enjuague y cada vez más cerca de reivindicar una política de disenso, discusión, debate, acuerdo y compromiso abiertos.

Por lo mismo, el comienzo del año es oportuno para ponerle nombre a algunas cosas que -desde julio de 2000- se nos han presentado como consecuencia de nuestro ingreso a la era de las alternancias. Es tiempo, también, de decir ¡cuidado!, pues hay ideas que estorban y -obviamente- no por ellas mismas, sino porque cualquiera que sea su traducción política, ésta apunta siempre al pasado como única dimensión en la que deben o pueden aplicarse la crítica y la revisión del ejercicio público.

¿Existe acaso algo más desmoralizante que escuchar voces que a estas alturas declaran todavía irreversibles las consecuencias -todas- de 70 años de partido hegemónico? Simplismos como esos no deberían surgir nunca más en ninguna de las expresiones de la administración pública. Son falsos y muy estorbosos pues casi cada día ocurre un hecho capaz de desmentirlos. ¿Existe algo más irresponsablemente sencillo que frasear equis número de fórmulas generales y juicios de valor en contra del pasado?

En un régimen cada vez más abierto no podemos permitir que la calumnia, el infundio, la acusación sin base ni prueba se conviertan en una forma socialmente tolerada de la mentira y la impunidad y en una agresión sin consecuencia en contra de las libertades civiles de las personas, como es, entre otras, el derecho a la dignidad y al buen nombre.

Que la palabra de una persona, cuando sirva para acusar a otra, pueda también ser sustentada en argumentos y en pruebas que demuestren su veracidad y pertinencia, o de lo contrario que se exhiba su propia falsedad. No reduzcamos la apertura del poder y de la sociedad mexicana a una licencia para que cada quien ponga a circular los infundios que se le antojen, trátese de personas físicas, instituciones públicas o grupos que representan a la sociedad civil.

¿Dónde, si no es en estos puntos, pintaremos la raya que nos separe hoy de lo que no queremos repetir? Abrir los poderes públicos a la información, actuar con transparencia en todos los órdenes del gobierno y la administración pública e impulsar el acceso de la sociedad, y sus numerosas formas de representación, al ejercicio del derecho a saber, debería ser en este año -y es mi deseo- el punto de deslinde entre lo ya pasado que no queremos y el presente que debemos construir combatiendo la corrupción y la impunidad. Una raya bien nítida entre la componenda y el enjuague en lo oscurito y el acuerdo público que como tal es concebido y asumido.

Es posible que no tardemos varias décadas -como se dice- en dar este nuevo paso. No hay que confundir la corruptibilidad inherente a la libertad personal y a la democracia con la corrupción; ni a la corrupción personal con la corrupción como sistema. Acabar con la corruptibilidad es acabar con la libertad. Todo es degradable y lo será, esperar la pureza es posponer para nunca lo que se puede lograr desde hoy en la democracia y el estado de derecho en México, donde operar legalmente sea lo normal, aunque haya excepciones que provoquen escándalos.

Hay que llegar en unos años a hacer que la operación transparente de los poderes públicos sea una realidad con efectos multiplicadores para extender la limpia a todas partes. Los sectores "amafiados" tienen resistencia al cambio, en tanto se les castiga cerremos hoy espacios a la ilegalidad; una estrategia posible es lograr que prevalezca el estado de derecho por zonas, empezando por el gobierno federal a partir de hoy y por las zonas donde el éxito sea más seguro y visible, y lograr así una acumulación sucesiva hasta otros niveles de gobierno. No como tribunal inquisitorio que acusa a gritos y de espaldas a las leyes sin someterse a principio alguno del derecho, sino como ejercicio y lugar de confluencia entre derechos y obligaciones de los ciudadanos y de su gobierno, de los poderes públicos, de los partidos políticos y las agrupaciones civiles.

Precisamente el eje de nuestra argumentación para proponer una fiscalía especial y no una comisión de la verdad en el caso de las desapariciones forzadas fue que esta última carecería de sustento jurídico. Exijamos a las instituciones que ya existen que cumplan su cometido en vez de crearles enmendaduras desde cualquier razonamiento ajeno al derecho. ¿No es acaso, por su funcionamiento, la prensa mexicana una excelente comisión de la verdad en los casos investigados de las desapariciones de los setenta y principios de los ochenta? ¿Hay acaso asunto público que escape hoy al escrutinio y la capacidad crítica de los medios de comunicación? Cualesquiera sean las respuestas, estoy seguro de que todas reconocen un proceso acelerado de profesionalización del nuevo periodismo mexicano.

Llegar lo más pronto posible a esquemas de operación abierta y transparente de los poderes públicos será la mejor manera de llevar a la realidad de todos los días algunos de los deseos que deben convertirse en actitudes para enfrentar, con mejores resultados, los retos de la seguridad pública y el combate a la impunidad, así como sus odiosas expresiones del contrabando de personas y mercancías, la corrupción en la asignación de contratos públicos y la evasión fiscal, entre otras.

En 2002 hagamos de los deseos el punto de inicio de las buenas resoluciones, y de éstas, el instante mismo que preceda a las acciones; a final de cuentas sólo por éstas seremos juzgados.