¤ Critica Afadem el nombramiento de Carrillo Prieto

Exigen al fiscal investigar más de mil casos de desapariciones forzadas

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Familiares de desaparecidos demandaron que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto investigue no sólo las 530 denuncias de desapariciones forzadas que menciona el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino los más de mil 200 casos que han ocurrido desde finales de los años 60 hasta la fecha.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), criticó el hecho de que la Procuraduría General de la República se haya tardado un mes en designar al fiscal y termine nombrando a una persona desconocida en el ámbito de los derechos humanos e identificada con "el sistema".

Señaló que esta agrupación insistirá en la creación de una comisión de la verdad independiente del gobierno, porque los familiares tienen derecho a conocer la verdad, y una vez que ocurra esto, que el Ministerio Público investigue, determine quiénes fueron los responsables y que éstos sean castigados.

Mata dijo que el Estado mexicano debe reconocer que las desapariciones forzadas no fueron una práctica exclusiva de los años setenta y ochenta, sino que inició en 1967 y continúa hasta la fecha.

Señaló que con el fin de aclarar otros casos de desaparición política, en los próximos días acudirán a la Procuraduría General de la República para tener información sobre los expediente que entregaron en 2000 y que involucran al general preso Arturo Acosta Chaparro.

Calificó de grave que Carrillo Prieto sea un desconocido en el ámbito de los derechos humanos y que se haya desempeñado durante los últimos 20 años sobre todo en la Secretaría de Gobernación y en la PGR.

Consideró que "es una persona muy empapada" en las necesidades del sistema y posiblemente su misión sea "darle carpetazo" a las investigaciones, como ocurrió en Argentina con la Ley de Punto Final.

Para que esto no ocurra, Mata Montiel dijo que el fiscal tiene que exigir acceso a los expedientes de los políticos y militares que encabezaron la represión en esos días, como fueron Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios y Arturo Acosta Chaparro.

Expresó que ojalá esta fiscalía no sea utilizada como órgano policiaco, como ocurrió con la propia CNDH, que en las investigaciones que hizo con familiares de desaparecidos en el estado de Guerrero, realizó interrogatorios que amedrentaron a las personas.

Explicó que tienen pocas expectativas de que se haga justicia a través de la fiscalía, porque este tipo de organismos siempre han fracasado, y se refirió en particular a las investigaciones de más que 200 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Por eso, anunció que insistirán en la creación de una comisión de la verdad y con ese propósito, indicó, se tiene previsto realizar, a principios de febrero, foros de discusión en Chihuahua, Distrito Federal y Guerrero, en los que podrían coordinarse con la oficina de Aministía Internacional en México.