La PGR solicita orden de aprehensión contra Wilfrido Robledo, ex comisionado de la PFP

Ť Se les imputa haber adquirido irregularmente nueve helicópteros y tres aviones

Ť Fueron acusados por el delito de ejercicio indebido del servicio público

GUSTAVO CATILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al juzgado decimoctavo de distrito, con sede en el Reclusorio Norte, que libre una orden de aprehensión en contra del ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, como presunto responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público.

En tanto, Eduardo Luengo Creel, abogado defensor de Robledo Madrid, aseguró que las acusaciones contra su cliente "no tienen fundamento legal, toda vez que en los expedientes no había elementos que demostraran su culpabilidad", y se dijo "sorprendido" de que el Ministerio Público Federal haya solicitado una orden de aprehensión que hasta el momento no ha sido otorgada.

Fuentes de la PGR confirmaron que desde el pasado 20 de diciembre el Ministerio Público Federal consignó el expediente en el que no sólo se acusa a Wilfrido Robledo, sino también a otros ex funcionarios de la administración federal en la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo, como presuntos responsables de haber adquirido de manera ilícita nueve helicópteros y tres aviones para la PFP.

La acusación se hizo luego de que en febrero y marzo de 2001 la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó una querella en contra de Robledo Madrid y los siguientes ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación en tiempos de Diódoro Carrasco Altamirano: Gerardo Cajigas Estrada, ex oficial mayor; Roberto Pedro Martínez Ortiz, ex director de Asuntos Jurídicos; Jaime Arturo Hidalgo López, ex titular de Programación, Organización y Presupuesto, y Jorge Castillo Díaz, ex director de Recursos Materiales.

La PGR no ha informado nada al respecto, pero trascendió que la Subprocuraduría "C" de Procedimientos Penales, cuyo titular es Daniel Federico Chowell Arenas, fue la encargada de consignar el expediente.

Wilfrido Robledo fue señalado por la Secodam como el responsable de haber firmado, sin tener atribuciones, los contratos de compraventa de las aeronaves, que costaron 114 millones de pesos.

Inicialmente las investigaciones corrieron a cargo de Gilberto Higuera Bernal, subprocurador "A" de Procedimientos Penales, pero como fue director de Asuntos Jurídicos en la PFP, bajo el mando de Wilfrido Robledo, el caso fue turnado a la Subprocuraduría "C".

Rumores y renuncias

Las indagatorias provocaron que durante varios meses la PGR se viera envuelta en señalamientos de un posible encubrimiento, ya que a la querella contra el ex comisionado se sumó otra denuncia en contra del actual director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, y el procurador Rafael Macedo de la Concha aseguró que no pediría la renuncia a ese funcionario hasta que se terminara la indagatoria y se conociera públicamente si tenía o no responsabilidad en el supuesto desvío de 40 millones de pesos del presupuesto de la PFP.

De manera sorpresiva, el 30 de noviembre del año pasado, el hasta entonces subprocurador "C", Felipe Arturo Camarena García, presentó su renuncia al cargo.

La PGR informó de manera oficial que su retiro del cargo obedecía a que había "sido invitado a colaborar en el gobierno del estado de Guanajuato".

En los altos mandos de la PGR corrió la especie de que la renuncia fue originada por la conclusión de la averiguación previa relacionada con Genaro García Luna, ya que se habían encontrado elementos para fincarle responsabilidades de tipo administrativo, aunque hasta la fecha no se ha dado a conocer de manera oficial el curso de las investigaciones.

Sin embargo, el mismo 30 de noviembre, en Mazatlán, Sinaloa, durante la 11 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el titular de la PGR aseguró que ni la renuncia de Camarena García ni la del general brigadier Pedro Roberto Huerta (implicado en las acusaciones contra Robledo Madrid), que se desempeñaba como director general de Despliegue Regional de la AFI, estaban relacionadas con esas averiguaciones.

Este miércoles, el abogado de Wilfrido Robledo, Eduardo Luengo, aseguró que conoce "versiones" de que el expediente había sido consignado, pero que no ha sido notificado de que en contra de su cliente exista algún mandamiento judicial.

Indicó que "en todo caso, las acusaciones no tienen fundamento y podrá demostrarse su inocencia ante el juez", si es que libra la orden de captura.