Ť Expresa el general José Francisco Gallardo su solidaridad con el movimiento

Niega Burgoa que ejidatarios de San Salvador hayan delinquido al parar excavación en Texcoco

Ť Hay posibilidad de diálogo sobre la construcción del aeropuerto, asegura alcalde

JAVIER SALINAS CESAREO, RENE RAMON ALVARADO Y MATILDE PEREZ U. CORRESPONSALES Y REPORTERA

Pesa a las barricadas y las zanjas construidas por los ejidatarios de San Salvador Atenco para defender sus tierras, la posibilidad de entablar un diálogo respecto a la construcción del nuevo aeropuerto es viable, consideró el alcalde de Texcoco, Horacio Duarte Olivares.

En tanto, para el jurista Ignacio Burgoa Orihuela, los campesinos no incurrieron en algún delito al detener la maquinaria y equipo de una empresa particular especializada en el estudio de mecánica de suelos.

Su acción fue justa, simplemente defendieron el amparo que la ley concedió al ejido de Tocuila, sitio donde la empresa TGC Geotecnia SA inició trabajos de excavación. "De acuerdo con el artículo 206 de la Ley de Amparo -dijo Burgoa Orihuela-, las autoridades que permitieron a la empresa realizar esa actividad en los ejidos de Texcoco podrían hacerse acreedoras a una pena de 11 años de prisión, si se comprueba que incurrieron en el delito de desobediencia de la suspensión que en semanas pasadas concedió el juzgado de distrito a los ejidatarios."

Entrevistado vía telefónica, Burgoa Orihuela aclaró que todo abogado debe ser enemigo de la violencia, "porque la violencia es la negación del derecho", al referirse a las marchas, movilizaciones, instalación de barricadas y excavación de trincheras que han llevado a cabo los ejidatarios afectados.

"No cometieron ningún delito porque están defendiendo el amparo que les dio la ley", reiteró. Mientras exista este recurso, añadió, los ejidatarios tienen que proteger sus tierras. En el caso del ejido de San Salvador Atenco, que cuenta con la suspensión de plano del decreto, el jurista informó que será el próximo 4 de febrero cuando se realice la audiencia constitucional.

Respecto a la petición de solidaridad de los ejidatarios al EZLN, el presidente municipal de Texcoco descartó la posibilidad de que "tenga una incidencia real en el asunto; creen que haciendo llamados a otros grupos se van a fortalecer. Sin embargo, el propio movimiento tiene la capacidad de organización para enfrentar por sí solo las presiones".

Insistió en que no hay grupos armados infiltrados en la lucha de los ejidatarios; esos señalamientos, dijo, son para descalificar el movimiento de resistencia de San Salvador Atenco. "Se están buscando supuestos agentes políticos, porque no se quiere ver que el movimiento es de los campesinos y que tiene el apoyo y solidaridad de mucha gente. Para el gobierno federal, la movilización se ha convertido en un conflicto que si no se atiende podría convertirse en un problema más grave."

En tanto, entrevistado desde el penal de Chalco, el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez hizo pública su solidaridad con los campesinos de Atenco y sostuvo que al gobierno federal se le olvidaron sus promesas de campaña, porque "persiste la insensibilidad política y tal parece que se gobierna para los ricos y poderosos".

El pronunciamiento del general fue dado a conocer ante unas 500 personas concentradas en el pueblo de Nexquipayac y representantes de al menos 15 organizaciones no gubernamentales que apoyan a los ejidatarios afectados por la expropiación de más de 5 mil hectáreas de tierra de cultivo.

Por la mañana, el militar preso señaló a La Jornada que su pronunciamiento no es contra ninguna autoridad, simplemente se trata "de un apoyo solidario con la gente que lucha por su tierra, toda vez que se está cometiendo una injusticia".

Más tarde, con el apoyo del Consejo Mexicano de Organizaciones Pro Naciones Unidas se efectuó un enlace telefónico, por lo que el general manifestó que el gobierno de la República se ha arrepentido de sus promesas de campaña y de las necesidades y reclamos de la gente, mismos que deben ser atendidos para terminar con la marginación y pobreza que "padecemos la mayoría de quienes vivimos en esta nación".

Consideró que el movimiento agrario tiene legitimidad, pues sus tierras han dado sustento por generaciones, lo cual no pasa con "cualquier dinero que les dé el gobierno".

En tanto, este miércoles los campesinos en resistencia de San Salvador Atenco realizaron una marcha. Abordo de bicicletas, automóviles y las dos camionetas que retuvieron el pasado martes, partieron en caravana desde la plaza central de San Salvador; a su paso rumbo a Texcoco, bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería.

Los ejidatarios irrumpieron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria en busca de las autoridades de la dependencia; sin embargo, momentos antes los encargados habían huido de su lugar de trabajo; sólo algunas secretarias fueron localizadas en el lugar. Entonces realizaron un mitin frente al inmueble y ratificaron su desconocimiento a la dependencia por no defender los derechos de los campesinos afectados por los decretos de expropiación. Le exigieron abstenerse de continuar con sus acciones de división entre los labriegos.

La caravana continuó su recorrido por el centro de Texcoco y poblados aledaños para llamar a la población a sumarse a su lucha. En Zapotlán, donde las autoridades municipales despachan, los campesinos abrieron por la fuerza la cortina de acero de la oficina provisional de Catastro y Receptoría.

Tomaron la oficina, donde se encontraban encerrados el coordinador de catastro del ayuntamiento, Albino Hernández; el receptor de renta, Julio Hernández, además de dos secretarias, a quienes retuvieron por algunos momentos. Los inconformes quemaron las mantas hechas por el ayuntamiento, en las cuales se llama a la población a pagar sus impuestos; confiscaron "para resguardo del pueblo" el mobiliario de la oficina: mesas, sillas y una computadora equipada. A los funcionarios sólo les fue permitido llevarse alguna documentación.

Ignacio del Valle, uno de los líderes del movimiento, indicó que las autoridades han mantenido una actitud de provocación y hostigamiento hacia los ejidatarios en resistencia. "Con el reparto de materiales y algunos servicios, el ayuntamiento pretende dividir el movimiento." Agregó que las comunidades afectadas por la expropiación se encuentran, hoy más que nunca, en pie de lucha, luego de que "las autoridades federales y estatales transgredieron la ley al violar los amparos que les fueron concedidos al ejido de Tocuila respecto a la construcción del nuevo aeropuerto".

Por su parte, Alfonso Navarrete Prida, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), señaló que los 600 efectivos destinados al caso Atenco no participarán en la liberación del palacio municipal, que desde el pasado 22 de octubre se encuentra tomado, pues reconoció que "hay un gran riesgo de violencia" y no quieren caer en provocaciones.

Comentó que por el momento la dependencia investiga la posible portación de armas de fuego, que, según se presume, portan los campesinos durante sus movilizaciones.