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Ť No se han recibido quejas contra magistrados
ni se presentaron pruebas: CJF
Se revertirá la libertad a ex funcionarios del
IPAB y Bancomext, afirma Reyes Orona
Ť Hay elementos suficientes para probar su culpabilidad
y la PGR ya trabaja en la apelación, asegura el procurador
ANTONIO CASTELLANOS
El saliente procurador fiscal de la Federación,
Gabriel Reyes Orona, afirmó ayer que la apelación de la Procuraduría
General de la República (PGR) en contra de la libertad otorgada
a los funcionarios del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) va en curso
y expresó su confianza en que se revertirá la decisión.
Subrayó que existen elementos suficientes para
que León Alberto Shietekat Ballesteros, ex director de Investigaciones
de Bancomext, y Eugenio González Sierra, ex secretario jurídico
del IPAB, regresen a la cárcel. El expediente es de por lo menos
700 hojas en las que se consignan todas las operaciones que llevaron a
cabo para presionar a los representantes del Grupo Bursátil Mexicano.
Agregó que los nombres de quienes están
siendo investigados los dará a conocer su sucesor, quien asumirá
el cargo probablemente la próxima semana. ''Por lo pronto sólo
puedo decir que hay demandas por 7 mil millones de pesos y 150 órdenes
de aprehensión contra funcionarios y ex funcionarios de Hacienda
y otras dependencias. La cifra en conjunto podría llegar a 10 mil
millones de pesos'', subrayó.
Reyes Orona, en entrevista con La Jornada, dijo
tajante: ''No soy mitómano, como se me ha calificado. Lo que pasa
es que en los procesos de investigación debe haber mucha cautela
para no poner en alerta a los involucrados en los ilícitos. La tarea
de la Procuraduría Fiscal no se detendrá y en su momento
se darán a conocer los nombres de empresarios, informadores, deportistas
y funcionarios involucrados''.
El procurador fiscal saliente se mostró satisfecho
con la tarea desempeñada y expresó que no es el momento de
callar lo que se sabe, pero en el caso de las investigaciones ''todos deben
entender que no se pueden ofrecer todos los detalles''.
Destacó que las investigaciones siguen su curso
en los sectores de azúcar, café y maíz. En todos los
casos, al parecer, se siguió un mismo patrón y se desviaron
los subsidios que otorgó el gobierno.
Aseguró que las cosas van bien. No hay que desalentarse
por el tropiezo en el caso de los funcionarios del IPAB y el Bancomext.
''Eso definitivamente se va a revertir; la decisión de dejarlos
libres por no acreditar los delitos de cohecho, lavado de dinero
y enriquecimiento ilícito, tendrá que revertirse. La Procuraduría
General de la República ya trabaja en la apelación''.
Lo que pasa, agregó, es que muchas leyes son poco
claras y en el asunto mencionado los ''argumentos son de risa y la PGR
hará valer, según los informes que se tienen, todos los elementos
en contra de los acusados. Hay grabaciones, y además los acusados
no ocultaron nada de los pasos que dieron para los depósitos en
Andorra. No será difícil que regresen a la cárcel'',
sostuvo.
Ť Responde la judicatura a críticas por su actuación
JESUS ARANDA
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha recibido
ninguna queja administrativa en contra del secretario en funciones que
otorgó libertad bajo fianza a dos ex funcionarios del IPAB, informaron
fuentes de este cuerpo colegiado, las cuales en respuesta a las críticas
del procurador Rafael Macedo sobre la reciente actuación de los
juzgadores señalaron que ''es muy grave'' que se acuse si no se
tienen elementos de prueba.
Consideran que las quejas publicadas en contra de jueces
y magistrados son muy ''abstractas'', porque no se han presentado elementos
de prueba que demuestren que hubo un acto irregular en las sentencias.
Los funcionarios exhortaron a la Procuraduría General
de la República (PGR) para que presente la demanda correspondiente
y las pruebas que tenga en su poder, a fin de que el CJF esté en
condiciones de iniciar una investigación sobre el caso.
Agregaron que sería un error que la autoridad pretenda
juzgar la actuación de los jueces, sobre todo en asuntos ''escabrosos''
en los cuales los presuntos delincuentes son conocidos y juzgados por la
opinión pública.
Debemos recordar, insistieron, en que el juez dictamina
su sentencia con base en lo que está escrito en el expediente, y
no por presiones o suposiciones sobre la conducta de los implicados.
Llamaron la atención sobre que el CJF lleva a cabo
un programa permanente de inspección de la labor de jueces y magistrados,
en el que los visitadores encargados reciben las quejas de la ciudadanía
y de diversas autoridades en los propios órganos jurisdiccionales;
estas acusaciones se valoran y se ha llegado a proceder incluso hasta la
inhabilitación de quien es encontrado culpable de cometer un acto
ilegal.
Las declaraciones del procurador general de la República,
general Macedo de la Concha, se refieren a dos asuntos concretos: la decisión
del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que
en diciembre pasado exoneró a Ernesto Fonseca Carrillo (a) Don
Neto de los delitos contra la salud en su modalidad de siembra, cultivo,
cosecha, transportación y venta de mariguana, y la decisión
del secretario de acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de
Procesos Penales, Ramón Esquivel, en funciones de juez por mandamiento
de ley, de absolver al ex secretario jurídico adjunto del IPAB,
Eugenio González Sierra, y a León Alberto Schietekart Ballesteros,
ex director de Investigaciones del Bancomext, de los delitos de lavado
de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito, lo que les permitió
salir bajo fianza.